Curiosamente, el hombre que inició toda la operación bajista para intentar hacerse con el Banco Popular, el mexicano Antonio del Valle, ha apuntado en la querella interpuesta en la Justicia de los Estados Unidos que existía una presunta connivencia del Santander con las autoridades españolas para adjudicarse el Popular por un euro, un banco que, según el propio Saracho, disponía de un patrimonio neto de 10.700 millones de euros a 31 de mayo de 2.017.
Esa presunta connivencia no habría sido necesaria si se considera la actuación de Emilio Saracho quien, desde que tomó el control efectivo del Popular declaró que iba a abstenerse de gestionarlo porque no sabía hacerlo, que la acción estaba demasiado alta para vender el banco o ampliar capital en el corto plazo. Además, renunció a ejecutar el Plan de Negocio que hubiese generado importantes plusvalías y capital mediante las ventas de activos no estratégicos aprobadas por el Consejo y que Saracho bloqueó en beneficio del Santander, tal y como se está viendo con las operaciones cerradas con BlackStone, por ejemplo. Sólo con la venta de WiZink y TotalBank se hubieran generado 700 millones de plusvalías y 1.500 millones de capital. El plan, además fue aderezado con una política de comunicación negativa y la ocultación de noticias positivas.
Al Santander le bastó esperar. Lo que refuerza la conexión de Saracho con la entidad presidida por Ana Patricia Botín son dos cuestiones clave: el inmenso beneficio que supuso adjudicarse por un euro lo que Saracho había certificado que valía 10.700 millones una semana antes de la intervención; la existencia de diversos informes publicados por Diario16 sobre la asistencia legal a Saracho por parte de Uría y Menéndez, despacho de cabecera del Santander. Dichos informes asesoraban a Saracho sobre cómo debía actuar para llevar al Popular a una declaración de inviabilidad y se desliza a propósito un dato que matiza las funestas consecuencias de la intervención al decir que, dado el interés público del banco y la existencia de medidas alternativas de resolución, ésta no iba a producirse inmediatamente.
Ese informe de Uría y Menéndez pudo llevar a los consejeros a tomar una decisión bajo amenaza de responsabilidades graves si no declaraban y sin ser conscientes de la amortización de las acciones y las obligaciones emitidas, dado que es un escenario que el documento de Uría y Menéndez omite.
Durante todos los días anteriores a la intervención, Saracho rechazó u ocultó todas las ofertas de venta de activos y de ampliaciones de capital que recibió. Su estrategia era descarada para lograr el objetivo de ceder el banco con todas sus plusvalías latentes al comprador, es decir, al Santander.
Además, de acuerdo con el informe de auditoría del Santander firmado por PwC de las cuentas de 2.017, se deduce que, de no haber ampliado capital en 7.000 millones de euros, los recursos propios del Santander hubiesen disminuido en más de 3.000 millones a consecuencia de las pérdidas de 8.000 millones en las posiciones de divisas. Cabe reseñar que, aunque Santander haya elegido la opción de no pasar por su cuenta de resultados semejante ajuste, la norma obliga a deducirlo del capital y del patrimonio, cosa que hace y no publicita, de tal forma que PwC indica que el beneficio bruto no es que no fuese de más de 8.000 millones, sino que apenas alcanza los 900 brutos.
