“Bastantes problemas tengo ya”. Con esta lapidaria sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, zanjó una cuestión que alguien, de cuando en cuando, se encarga de agitar para que no se olvide: la legalización de algunas drogas como la marihuana. El jefe del Ejecutivo fue interrogado al respecto el pasado domingo, precisamente durante su viaje a Canadá, el segundo país del mundo –después de Uruguay– en autorizar por completo el consumo de estupefacientes como el cannabis, sobre el que pesaba una prohibición desde el año 1923. Tras su entrevista con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Sánchez repasó con los periodistas los principales temas de actualidad, entre ellos los posibles indultos a los políticos presos catalanes, los problemas de la inmigración y las acusaciones de plagios y másteres irregulares. Fue entonces cuando se deslizó un asunto espinoso con el que quizá no contaba Sánchez, que esquivó el envite con el susodicho “bastantes problemas tengo ya”:
Sin embargo, pese a la finta del líder socialista, el debate sobre la legalización del consumo de las llamadas drogas blandas no es un asunto intrascendente. Aunque resulta complicado aportar cifras oficiales, ya que se trata de una actividad clandestina, se calcula que al menos un 11,2% de la población española de entre 15 y 65 años consume de forma más o menos habitual estas sustancias estupefacientes (unos 4 millones de personas). Es decir, estaríamos hablando de cerca de 4.380 toneladas anuales de droga, que pueden mover unos 13.000 millones de euros en dinero negro al año. Y ahí es donde entra el apetitoso bocado para el Estado, que podría recaudar unos 7.000 millones de euros en impuestos directos o indirectos. Es un hecho cierto que en el seno del PSOE existe un importante debate sobre esta cuestión, aunque el presidente no lo quiera reconocer públicamente, sobre todo después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejara caer el pasado verano que el consumo de marihuana “no es más peligroso para la salud que el alcohol o el tabaco”, a lo que añadió que su liberalización generaría “enormes beneficios” en ingresos fiscales con los que se podrían mantener servicios básicos del Estado como las pensiones o la educación. Iglesias consideró «absurdo» que se pueda «comprar tequila o ginebra en un supermercado» mientras la marihuana sigue siendo ilegal. «El mayor problema que genera el cannabis no es de salud pública, sino la delincuencia y la explotación asociadas al tráfico ilegal», expuso el líder de la formación morada, quien acusó de “hipócritas” a aquellos que apuestan por la prohibición.
Abolición o regulación
La historia confirma que prohibir una droga no sirve para acabar con ella. Durante la Ley Seca, promulgada en Estados Unidos en 1920, el alcohol siguió entrando de forma oculta en el país, de modo que proliferaron los clubes clandestinos y el negocio del crimen organizado. De esta manera el licor se acabó convirtiendo en el más grave problema de orden público del país. Hoy día, en algunas localidades del sur de España como Algeciras ya se habla de ‘territorio narco’, puesto que los cárteles de la droga le han ganado la partida a la Guardia Civil. Y la situación va a peor.
La autorización para vender marihuana no solo entraña importantes consideraciones económicas para un Estado, sino también delicadas cuestiones éticas, y etiquetar el cannabis como droga legal, al igual que el tabaco o el alcohol, serviría a buen seguro de excusa para que los grupos ultraconservadores abrieran una nueva batalla política y mediática contra el Gobierno, a la que se sumaría la propia Iglesia, que no ve con buenos ojos la medida ni siquiera con fines terapéuticos, ya que siempre ha considerado el consumo de cannabis una forma de corromper a la juventud. Si el Vaticano repudia la eutanasia, también rechaza el uso de drogas para paliar el sufrimiento, y esa presión impide que el debate llegue al Parlamento. “Bastantes problemas tengo ya”, como diría Sánchez.
Precisamente el aspecto de las propiedades curativas de la marihuana es uno de los principales argumentos que esgrimen los partidarios de la abolición. Algunos países como Argentina han dado ya los primeros pasos en ese sentido para legalizar el cannabis sativa con uso medicinal. En los últimos años varios grupos de científicos de los más diversos campos de la Medicina se han lanzado a investigar el potencial médico del cannabis aún por explorar. Los últimos estudios revelan que el propio cuerpo humano segrega variantes endógenas de estas sustancias para regular funciones como la memoria, el comportamiento y el dolor. Se trata del sistema endocannabinoide y los investigadores trabajan en fármacos a partir de compuestos como el cannabis que podrían aliviar los síntomas del cáncer, la epilepsia y otras dolencias graves. La misma Universidad Complutense de Madrid cuenta ya con un grupo de investigación sobre cannabinoides dirigido por el doctor Manuel Guzmán. De hecho, su equipo colabora en un ensayo clínico que se lleva a cabo en Reino Unido con el medicamento Sativex, un fármaco cuya eficacia se ha probado en casos de tumores que se reactivan tras la cirugía. Entre los médicos es bien conocido que en la actualidad se vive un auténtico boom en la investigación de las sustancias cannabinoides y sin embargo los sectores más conservadores del país siguen haciendo bandera política contra un avance que reporta gran utilidad a la sociedad, según se ha demostrado científicamente.
Numerosos expertos consideran que estamos cada vez más cerca de legalizar el consumo de una sustancia que el ser humano ha empleado para diversos fines, entre ellos el curativo, desde hace miles de años. Resulta obvio que Pedro Sánchez lo sabe y lo tiene en su agenda, aunque esquive la cuestión por la polémica que suscitaría y el consiguiente coste político precisamente en un momento en que tiene demasiados frentes abiertos. Por eso y porque siempre puede haber una de esas asociaciones cristianas que lo lleven al juzgado acusado de promover el tráfico de drogas.
