La última solución del líder del PP, Pablo Casado, para la crisis del taxi es abrir el mercado a todo aquel que tenga interés en hacer negocio. “Propondremos esto: liberalización del sector del taxi y al mismo tiempo un fondo para que se puedan recomprar sus licencias”. Es decir, la vieja receta neoliberal que desmantela un servicio público y malvende todo un sector a grandes multinacionales extranjeras que ni siquiera tributan en España.
Ni que decir tiene que la idea del Partido Popular de dejar el taxi en manos del gran capital norteamericano, árabe o japonés no ha gustado a la izquierda española. Rafael Mayoral, diputado de Podemos, cree que la propuesta de los populares es un “thatcherazo” contra el colectivo que “abre la puerta al desmantelamiento de un servicio público para entregarlo a empresas trasnacionales que tienen sede en paraísos fiscales”. Además, recuerda que la liberalización del sector no es una propuesta solo de Casado. “Tanto Vox como los chicos de Albert Rivera también apuestan por ella”, incide.
Podemos afirma que el intento de las grandes multinacionales por introducirse en el mundo del transporte urbano en España esconde un claro deseo de imponer la ley del más fuerte. Mayoral se pregunta quién está detrás de empresas como Uber y Cabify y él mismo aporta las respuestas: “Goldman Sachs, Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí, Rakuten, BBVA, BlackRock…” El taxi en nuestro país está regulado por las administraciones públicas, hay una ley estatal, leyes de comunidades autónomas, órdenes de los ayuntamientos, “es decir, instituciones elegidas democráticamente por los ciudadanos”, asegura.
Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando la derecha apuesta por esta medida tan drástica para el sector del taxi? Muy sencillo: en la liberalización absoluta no hay normas, el pez grande se come al chico y prima una especie de gran ley darwinista económica que siempre deja abandonado al más débil. El objetivo final de la ofensiva de las multinacionales no sería otro que sustituir al alcalde, al presidente de la comunidad autónoma y a los representantes del pueblo por sus altos ejecutivos y miembros de los consejos de administración, que según la filosofía Casado serían los que a partir de ahora tomarían las decisiones sobre el transporte urbano de viajeros. En última instancia, de lo que estamos hablando aquí es de un paso más en la demolición del Estado de Bienestar y de su sustitución por el poder omnímodo de las grandes corporaciones, tal como alertaba el economista Niño Becerra en estas mismas páginas de Diario16.
Otras preguntas que según Podemos debe hacerse el ciudadano cuando se asoma a la crisis del taxi y trata de entenderla para extraer conclusiones son: ¿Cuáles serán las tarifas que se impondrán con la liberalización del sector al usuario que tome un VTC para hacer un recorrido por su ciudad? ¿Cómo serán las condiciones de trabajo de los conductores que, según la formación morada, se precarizarán cada vez más? ¿Se eludirá el pago de impuestos y se llevarán estas empresas la riqueza del país al extranjero, a las sedes de las multinacionales que están detrás de las VTC o incluso a paraísos fiscales?
En el fondo subyace una pregunta fundamental: ¿Quiénes están intentando constituir este polémico nuevo monopolio? Para Mayoral la respuesta es evidente: las empresas trasnacionales que “no solo pretenden hacerse con el control del sector en las principales ciudades de España sino en el mundo entero”. Según el dirigente de Podemos, la intención última de las compañías de VTC “es apoderarse del transporte urbano de viajeros para poder controlarlo desde un paraíso fiscal”.
En un reciente vídeo difundido en las redes sociales, Mayoral advierte de que “estos buitres” ponen como argumento que las empresas de VTC favorecen el progreso y el avance tecnológico pero “realmente de lo que están hablando es de cómo obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible y de cómo poder llevárselo a un paraíso fiscal”. “Dirán que los buitres defienden la competencia pero realmente lo único que quieren es precarizar el trabajo y que el ciudadano pague lo que a ellos les da la gana”, puntualiza.
Uno de los argumentos que esgrimen neoliberales como Casado o Albert Rivera para apoyar a las VTC en su conflicto con el taxi es que el ciudadano debe ser “libre” para elegir el medio de transporte que desee y moverse por una ciudad. Bajo esta premisa, que es cierta como no podría ser de otra manera, se oculta sin embargo una peligrosa trampa, ya que lo que realmente se está proponiendo es que sean las grandes multinacionales quienes fijen las normas y reglamentos, las tarifas y las relaciones laborales en el sector. En el fondo, ¿qué hay tras este conflicto que parece haberse enquistado? “Podemos optar por dos formas de entender el transporte urbano de viajeros en las ciudades: un sector controlado por trasnacionales con sede en paraísos fiscales, que precarizan el trabajo de los conductores y empleados y tienen como finalidad la elusión de impuestos; o un servicio público regulado por las administraciones públicas, con tarifas establecidas por las administraciones públicas, que pagan impuestos en nuestro país para sostener la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones. Nosotros lo tenemos claro: hay que pararle los pies a las trasnacionales y defender el servicio público del taxi. Probablemente esta versión no se escuche en los grandes medios de comunicación”, insiste Mayoral.
Para el periodista Javier Ruiz, de Cuatro, la verdad sobre el conflicto del taxi se encuentra detrás de las cifras. Así, lo que se estaría jugando en esta guerra es “una tarta de 3.800 millones de euros, más que los presupuestos generales del Estado en Educación y en Cultura juntos”. Mientras tanto, por abajo, los taxistas y conductores de VTC se estarían disputando “la miseria”. Un taxista, según datos de la Comisión Europea, gana unos 2.000 euros netos al mes, una vez descontados gastos del coche y licencias. Un conductor de Uber ingresa unos 1.000 euros netos, según la Memoria del Ministerio de Fomento. “La guerra entre taxistas y conductores VTC es la guerra de las clases medias, es la guerra de la miseria. La verdadera guerra no debería librarse en la calle sino en el Ministerio de Hacienda”, incide Ruiz.
Según el periodista, lo que está ocurriendo es que los trabajadores están peleando por el 75 por ciento del precio de una carrera entre un punto y otro de la ciudad, ya que de ese servicio compañías como Uber se llevan el 25 por ciento restante, es decir, un euro de cada cuatro. Ello significa que del pastel de 3.800 millones las empresas VTC ingresan como intermediarias alrededor de 950 millones que deberían tributar en torno a 240 millones de euros. “Pero solo debería, porque Uber ni siquiera existe en España. En nuestro país existe una empresa que se llama Uber Systems Spain que no se dedica al transporte de pasajeros sino que se dedica al marketing. La empresa asegura que está declarando 2,8 millones en ingresos, 163.000 en beneficios y lo que paga en impuestos es lo que pagaría una PYME: 53.000 euros”. Es decir, de los 240 millones que le correspondería pagar termina tributando en España esa cantidad casi testimonial. Así que en realidad la guerra del taxi no es la que se está librando en la calle, “esa es una guerra por abajo. La auténtica guerra es la fiscal por arriba, que termina sin llegar y que están sufriendo quienes hoy se pelean en ambos lados: los que viven del taxi y los que viven de las VTC”, añade Ruiz.
