A Francisca Lucía Ponce de Pinochet la ha puesto en su sitio la justicia chilena. La nieta del dictador ha perdido un larguísimo juicio (comenzó en 2014) en el que proclamaba que las tierras ocupadas por la tribu indígena de Puyehue eran parte de su herencia. Un juez chileno ha dado sin embargo la razón a la tribu, puesto que las tierras en cuestión fueron usurpadas por Pinochet en primer lugar.
La nieta del militar y dictador chileno ha preferido mantener el silencio ante el fallo de los jueces. Y es que la familia descendiente de Pinochet tiene varios litigios abiertos, y escasas perspectivas de poder ganar ninguno de ellos. De acuerdo con la prensa del país suramericano la viuda del dictador también ha intentado cometer fraude, al vender a sus hijos y nietos terrenos obtenidos por su marido, para así evitar tener que pagar el impuesto de la herencia.
Otro de los frentes abiertos para los Pinochet es la deuda familiar; según el Servicios de Impuestos Internos de Chile, hace un año y medio alcanzaron los cuatro millones de euros. Una cifra a la que se suman los 13 millones de dólares demandados por la Corte Suprema chilena por la apertura de cuentas en Estados Unidos con fondos públicos, según demostró la investigación judicial del “caso Riggs”.
En general, la conciencia pública de Chile y la imagen que tiene la prensa de la familia Pinochet no es buena. Una situación que contrasta con la Española. En nuestro país, Mariano Rajoy, un día antes de que se hiciese efectiva la moción de censura que lo descabalgaba del Gobierno, aseguró la vigencia del ducado de Franco. Un ducado creado en 1975 por el Rey Juan Carlos, que pasó por las manos de Carmen Franco Polo, y que ahora está en las manos de la “nietísima”, Carmen Martínez-Bordiu Franco.
No sólo se quedaba ahí el Gobierno del PP; el ministro de justicia Rafael Catalá otorgó a Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del fallecido Caudillo, el título de duquesa y “grande de España”. Una situación que por suerte no se sostuvo durante mucho tiempo, con el cambio de Gobierno. Ahora los socialistas (que registraron en su día una petición para que se anulase el ducado) han anunciado que pretenden suprimir de forma total el título, citando la finalidad de “dignificar a quienes fueron asesinados o represaliados”.
Aún así, la situación de la “nietísima” difiere y mucho de su homónima chilena. Entre los privilegios más conocidos, se cuentan la posesión de la finca gallega Pazo de Meirás (la que podría ser expropiada) y la posibilidad de adquirir terrenos en Sevilla, a través de una sociedad off shore en Panamá. Y es que en España la imagen que se tiene de Franco aún es generacional, y todavía queda quienes le ven como un líder, y no como el dictador que fue.
