El referéndum sobre monarquía o república que se celebra en la Universidad Autónoma de Madrid –el primero de una serie de 20 consultas previstas en todo el país para las próximas semanas–, demuestra que España no debería tenerle miedo a una consulta de este tipo. El plebiscito está registrando una alta participación, incluso superior a la esperada, según los organizadores. A las tres de la tarde habían votado 4.709 estudiantes y numeroso personal docente. La iniciativa, un experimento político y sociológico ciertamente interesante, se está llevando a cabo en un clima de absoluta normalidad, como no podía ser de otra manera en un colectivo maduro y formado como el universitario. No ha habido antidisturbios, ni porras, ni furgones policiales llevándose a personas detenidas. De ahí que resulte inevitable comparar la pacífica jornada electoral celebrada ayer en la Autónoma de Madrid con el convulso referéndum de autodeterminación llevado a cabo el 1 de octubre del pasado año en Cataluña.
Si ha sido posible organizar esta consulta en Madrid sobre algo tan importante para el futuro del país como es la forma de gobierno que desean sus ciudadanos, ¿por qué entonces se cargó tan duramente contra miles de catalanes que solo pretendían votar? La jornada de ayer en la Universidad madrileña confirma el absoluto disparate que fue el dispositivo policial desplegado por el Gobierno del Partido Popular el 1-O. Los colegios electorales abrieron en las cuatro provincias, hubo papeletas y urnas (que no pudieron ser interceptadas por el CNI), los catalanes que así lo quisieron expresaron su voluntad y las imágenes de las cargas policiales dieron la vuelta al mundo, dañando la imagen de España.
Todo ese desastre se podría haber evitado de una manera muy sencilla: permitiendo que se celebrara la consulta, tal como ha ocurrido ayer en la Universidad Autónoma de Madrid; dejando que la ciudadanía catalana se expresara con libertad, sabiéndose como se sabía que el referéndum carecía de todo valor jurídico vinculante; y tomando buena nota para extraer conclusiones políticas.
En democracia nunca es perjudicial que el pueblo vote sobre cualquier asunto importante para el país. De hecho, en países como Suiza el referéndum es una práctica habitual.
La Casa Real no debería tener miedo a plantear un plebiscito por dos razones: la primera, porque de ganarlo ello supondría lograr la legitimación que los críticos y enemigos de la monarquía le niegan al considerar que Juan Carlos I fue el sucesor de Franco, elegido a dedo sin haber sido refrendado en las urnas. Y la segunda porque, en el caso de perder un referéndum libre, democrático y con todas las garantías, quedaría meridianamente claro que los españoles no desean una monarquía. Ningún pueblo debería someterse a un gobernante al que no quiere. Es cierto que en ese caso la realeza tendría que renunciar al poder, cerrando 300 años de dominación y dando paso a un régimen republicano votado en las urnas. Pero al menos ese hecho quedaría para la historia como un acto noble y valiente: un último gran servicio a España de la Casa Real Borbónica.
