Tanto Ciudadanos como el Partido Popular parecía que tenían garantizado estar al frente del Gobierno de España durante las próximas décadas. La división de la izquierda, los vaivenes ideológicos del PSOE o la inconsistencia e indefinición de Podemos dejaban a la derecha en una situación electoral muy prometedora, sobre todo cuando el partido de Rivera estaba creciendo gracias a un discurso antinacionalista o ultranacionalista, según como se mire, mientras que el Partido Popular iba perdiendo apoyos en la misma proporción en que se sustanciaban sentencias de los casos de corrupción en que están inmersos.
Sin embargo, este escenario idílico para el sector conservador como para la élite empresarial, económica y financiera se truncó con la moción de censura presentada por el PSOE y que llevó a Pedro Sánchez a ser el primer presidente que accedía al cargo a través de un procedimiento democrático reconocido por la Constitución. Sin embargo, desde la derecha se dudó de la legitimidad de esa presidencia porque “no había sido elegido por los ciudadanos” …, dicho esto precisamente por quien pretende que en los Ayuntamientos gobierne la lista más votada tenga o no mayoría absoluta o por los que tienen la intención de modificar la ley electoral para dejar fuera del Parlamento a los partidos nacionalistas.
Los dos líderes de la derecha española, Pablo Casado y Albert Rivera, están rivalizando en quién se escora más hacia las posiciones más ultras, en quién se quiere parecer más a José María Aznar. Lo estamos comprobando con temas sensibles para el Estado como, por ejemplo, la crisis migratoria. Todos los años en verano hay repuntes del número de migrantes que llegan a nuestras costas. No obstante, en 2018 ya se han superado las cifras del año pasado.
Sin embargo, un hecho que viene provocado por el incremento de la acción de las mafias de tráfico de personas, los cambios en las rutas utilizadas o por la sospechosa presunta negligencia de países a los que la Unión Europea llena de millones de euros para que frenen los flujos migratorios antes de que alcancen las fronteras de la UE, entre otras causas, está generando la proliferación de un discurso cruel por parte de los dos líderes de la derecha española y el acogimiento de las teorías xenófobas de los líderes ultras como Marine Le Pen, Matteo Salvini o de algunos presidentes de Europa del Este. Están defendiendo el cierre de fronteras lo que supondría automáticamente la muerte de decenas de miles de seres humanos en nuestras costas por la falta de auxilio. Luego, claro está, realizan viajes relámpago a las fronteras para hacerse la foto con los migrantes recién llegados para que su discurso pseudo xenófobo quede atenuado.
Por otro lado, en referencia a otros temas comprobamos cómo los líderes de la “derecha renovada”, Pablo Casado y Albert Rivera, practican la crueldad sistemática en temas que en otros tiempos ya les dio réditos electorales: las víctimas del terrorismo, por ejemplo. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular están exigiendo al presidente legítimo de España, Pedro Sánchez, que no acerque a los presos de ETA a Euskadi. Ya criticaron duramente el traslado de los políticos que se encuentran en prisión preventiva a cárceles catalanas y lo quisieron vender a la ciudadanía como una cesión a los partidos nacionalistas cuando, en realidad, ese traslado evitó un conflicto legal en el que se podría encontrar el Gobierno y que sería tomado en el mundo como un nuevo ridículo de nuestras administraciones. Bastante daño está haciendo ya el juez Llarena como para que se permitiera un atropello más a los derechos de los ciudadanos sólo para contentar el discurso ultranacionalista de Albert Rivera.
Tanto Casado como el presidente de Ciudadanos, al pedir a Pedro Sánchez que siga manteniendo las políticas de dispersión de los presos etarras, en realidad, están exigiendo que el Gobierno legítimo de España incumpla con la ley, que prevarique. Hay que recordar que la política de dispersión se justificaba en la actividad terrorista de ETA. Sin embargo, la banda se ha disuelto y son muchos los presos los que han renunciado a los preceptos y han pedido perdón por sus actos. Si la ley penitenciaria dictamina que el reo debe cumplir su condena en un centro cercano a su lugar de residencia y si la política de dispersión ya no tiene ningún tipo de justificación más que calmar la sed de venganza que es aprovechada por la derecha -como ya lo hicieron durante la Transición las organizaciones del búnker- como arma electoral. Por otro lado, tanto Casado como Rivera se olvidan que nuestro sistema penitenciario no es como el anglosajón, sino que está basado en la reinserción de los presos. Esta postura es cruel, sobre todo, para las familias de los etarras encarcelados. Ha llegado el momento del acercamiento, por más que haya algunos o algunas que sigan utilizando el terrorismo, no sólo como arma electoral, sino como medio de vida puesto que lo llevan explotando desde hace décadas como único mérito en su currículum. Tanto Albert Rivera como Pablo Casado deberían saber que exigir el incumplimiento de la ley a alguien también es delito, sobre todo teniendo en cuenta que ambos son abogados y durante su carrera debieron haber estudiado las tipologías delictivas, por más que algunos hicieran esos estudios en un tiempo récord.
