Uno de los problemas que más daño hace a los pueblos latinoamericanos es la corrupción. En los últimos años hemos visto casos que se extendieron como un vertido de petróleo. Todo el mundo recuerda los niveles corruptos de Odebrecht, una trama que llevó a República Dominicana a ser el país donde, porcentualmente, más corrupción se generó por parte de la constructora brasileña.
Luis Abinader llegó al poder prometiendo al pueblo dominicano un cambio y su compromiso absoluto en la lucha contra la corrupción: «La democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un presidente […] El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito, igual para todos, es ya irreversible», afirmó el presidente dominicano.
La nueva forma de gobierno que está aplicando Abinader se cimenta, entre otras cosas, en cumplir con los compromisos y la palabra dada, algo que, para él es sagrado. Apenas un año y medio después de acceder al poder, los resultados son incuestionables.
República Dominicana, gracias a las políticas de Luis Abinader, se ha posicionado en el último lugar de los países latinoamericanos más desarrollados en niveles de corrupción.
En ese ranking, Colombia ocupa el primer lugar de los países más corruptos en Latinoamérica con unos niveles de corrupción del 48%. Honduras ocupa el segundo lugar con un 45%, seguido de Costa Rica, Panamá, Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Bolivia y México.
La República Dominicana que cogió Abinader era el paradigma de la corrupción sistémica que le costaba al Estado más de un 1,1% de su producto interior bruto. Esta cifra es una barbaridad y da una idea de la magnitud del problema.
Para poder luchar contra esa corrupción, Abinader ha iniciado una serie de reformas de gran calado como, por ejemplo, la reforma constitucional para que la Fiscalía, el Ministerio Público, tenga absoluta independencia. Con estas reformas está demostrando al pueblo su determinación para que en República Dominicana no vuelva a haber espacio para la impunidad y la corrupción, rompiendo así con una historia política que nunca se inclinó hacia la justicia, sino que mantenía influencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público.
En República Dominicana, Luis Abinader tiene intención de producir una segunda restauración institucional y material, a través de una intensa agenda nacional de doce reformas que serían implementadas para modernizar a fondo el país.
Destacan la reforma de la transparencia y la institucionalidad, para fortalecer la independencia no solo del Ministerio Público, sino también de la Cámara de Cuentas. Asimismo, se trabaja en un proyecto de ley que modificará la Contraloría General de la República para hacerla más efectiva y eficiente porque, como bien afirmó Abinader, uno de los más importantes cambios implementados por su gestión para revertir la influencia sobre el Poder Judicial, fue el nombramiento de una Procuraduría General independiente.
El cambio que prometió Abinader está en marcha y los resultados de la lucha contra la corrupción lo demuestran. Sin embargo, cambios de tan profundo calado necesitan más de un año y medio para tener un reflejo real. Sería una irresponsabilidad supina si Abinader pensara acometer el cumplimiento de sus promesas cogiendo el camino del populismo, que es más inmediato pero no es efectivo para la ciudadanía. El trabajo, el análisis y la perseverancia sin acogerse al fracaso de otros para justificar el suyo, son las herramientas clave para que el cambio sea efectivo. Y lo está siendo.
