La condena a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros siete miembros de su gobierno municipal por malvender pisos públicos a sociedades del “fondo buitre” Blackstone confirma la peligrosidad que para un Estado supone mantener relaciones comerciales con este tipo de siniestras corporaciones oligopolísticas. No se trata ya de que el Tribunal de Cuentas haya condenado a Botella y a su equipo a abonar 25,7 millones de euros por haber ocasionado un grave perjuicio a la Hacienda Pública al vender a un precio inferior al de mercado al menos 18 promociones inmobiliarias –entre ellas 1.860 viviendas públicas–, sino que este tipo de operaciones oscuras juegan con la estabilidad económica global y pueden llevar a la ruina a países enteros.
Negociar, vender, comprar o comerciar de alguna manera con los fondos buitre supone alimentar el “terrorismo económico” y ahí es donde radica la auténtica negligencia de Botella y sus asesores, que con su imprudente actuación contribuyeron a alimentar la piratería financiera. Cómo será de grave que un Gobierno –ya sea estatal, regional o municipal–, mantenga trato comercial con fondos buitre que hasta la ONU ha advertido de las consecuencias nefastas que este tipo de prácticas puede entrañar.
En efecto, el 20 de julio de 2016 Naciones Unidas dio a conocer un exhaustivo informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades de los fondos buitre y sus nocivas repercusiones tanto en las economías como en los derechos humanos. El informe fue coordinado por Jean Ziegler, profesor de sociología de la Universidad de Ginebra y la Sorbona y relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008. En aquel documento, los expertos de Naciones Unidas dejaron claro que los fondos buitre son una muestra del “carácter injusto del sistema económico” capitalista actual, ya que sus prácticas especulativas afectan directamente a los derechos humanos de millones de personas en Estados fuertemente endeudados (como es el caso de España), pobres o en vías de desarrollo.
De ahí que el informe del Consejo de Naciones Unidas exhorte a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de dictar leyes para “poner coto a las actividades predatorias de los fondos buitre dentro de sus jurisdicciones”. Botella, lejos de poner ese coto a dichas empresas en el ámbito municipal, decidió mantener relaciones comerciales con ellas e incluso llegó a malvender una serie de promociones inmobiliarias al fondo Blackstone, uno de los más poderosos del mundo, tanto que con sus inversiones es capaz de llevar a la bancarrota a un país entero.
Según el informe de la ONU, los fondos buitre son entidades comerciales privadas que adquieren deudas impagadas o morosas, ya sea mediante la compra, asignación u otra forma de transacción, y en ocasiones sentencias reales de los tribunales, con el objetivo de obtener una elevada rentabilidad. Cuando un Estado deja de pagar su deuda soberana, debe iniciar por propia iniciativa un proceso de reestructuración de dicha deuda para obtener una reducción de la misma o una prórroga de los plazos de amortización. Esto implica entablar negociaciones complejas y prolongadas con una serie de acreedores de todo pelaje y condición. Es en esta etapa cuando entran en juego los fondos buitre.
Los fondos oportunistas (o fondos de deuda morosa, como se suelen definir ellos mismos) normalmente adquieren la deuda soberana impagada de los países pobres (muchos de los cuales son Estados endeudados) a un precio muy inferior a su valor nominal y después intentan –mediante un litigio judicial, el embargo de activos o presiones políticas–, obtener el reembolso total de la deuda junto con los intereses, penalidades y honorarios de asesoramiento jurídico.
Los fondos buitre apuntan a los Estados soberanos con economías maltrechas y a menudo con escasa capacidad de defensa letrada. Operan en el mercado aprovechando la falta de regulación de este; se niegan sistemáticamente a participar en los procesos regulares y voluntarios de reestructuración de la deuda; y persiguen judicialmente al país para lograr el reembolso del valor total del bono, más los intereses normales y los intereses moratorios. A menudo persiguen al país para hacer ejecutar la sentencia; obtienen beneficios desorbitados; y operan en jurisdicciones en que se aplican normas de secreto bancario. La mayoría de los fondos buitre están constituidos en paraísos fiscales, donde no existe ninguna obligación de divulgar información sobre los beneficios obtenidos o sobre la identidad de los compradores de la deuda, y donde es factible ocultar las ganancias para evitar la tributación o evadir impuestos.
Los fondos buitre tienen un largo historial de prácticas predatorias contra los países en desarrollo, sobre todo en África y América Latina, Estados con una carga de deuda ya insostenible y que carecen de la capacidad y los recursos necesarios para hacer frente a procesos judiciales complejos y prolongados.
Actualmente solo dos países, Bélgica y el Reino Unido, han aprobado un marco legal para contrarrestar la actividad de los fondos buitre. Hasta ahora, los intentos para aprobar iniciativas similares en los Estados Unidos y Francia han fracasado. En los últimos años ha surgido un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de reducir las prácticas de los fondos buitre.
En 2009, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una recomendación en la cual condenaba enérgicamente las actividades de los fondos buitre, que no tienen reparos en aprovechar las “oportunidades resultantes de la exoneración de la deuda concedida por los países acreedores, en particular europeos, o en bloquear en todo el mundo los activos de los países afectados, amenazándolos así con la bancarrota”.
