El polémico asunto de las acciones que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, posee en el periódico castellonense Mediterráneo va camino de convertirse en la peor crisis de Gobierno desde junio de 2015, cuando se firmó el primer Pacto del Botánico entre PSPV y Compromís con el apoyo de Podemos. En Ferraz no ha sentado nada bien la noticia de que el Consell de Puig, a través del banco público Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), promovió una quita de deuda de 1,3 millones de euros al Grupo Zeta, entonces propietario del diario castellonense en el que Puig tiene colocadas 210 acciones valoradas en 178.000 euros, según publica eldiario.es. A Pedro Sánchez no le benefician estos rumores de supuestas connivencias entre el poder político y la prensa local que llegan de Valencia precisamente en un momento tan delicado, cuando el PSOE da por rotas todas las negociaciones con Podemos para formar un Gobierno de cooperación.
Por otra parte, la oposición ha olido la sangre y el Partido Popular ya se ha lanzado a la caza del hombre, o sea el president, que ha asegurado que no hay nada ilegal en unas acciones que adquirió en los años 80, cuando dejó el periodismo para dedicarse a la política, ni en la operación de quita de deuda del IVF que allanó el camino para que Editorial Prensa Ibérica (EPI) pudiera hacerse con el Grupo Zeta y por tanto con el periódico Mediterráneo. Así, la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha anunciado una iniciativa legislativa para que la cámara autonómica inste al Consell a iniciar un procedimiento sancionador contra el presidente de la Generalitat Valenciana por estos hechos. Los populares creen que Puig debería haberse abstenido en la votación del “decreto del IVF” que adjudicó la quita y además añaden que el president ha mentido en su “declaración de bienes”, según Europa Press.
A estas horas, no pocos medios de comunicación y partidos políticos de la Comunidad Valenciana opinan que Ximo Puig debería pasar por las Cortes Valencianas cuanto antes para aclarar un feo asunto, no porque se trate necesariamente de una conducta irregular o ilegal, sino porque puede ir contra el código de buen Gobierno y contra la Ley de Incompatibilidades, según la portavoz popular. Para Ortiz, el presidente debería haberse inhibido de tomar parte de un procedimiento, la quita de la deuda de Mediterráneo, en el que tiene interés directo por ser accionista del periódico. Mediante ese decreto del IVF, el Consell condonó (perdonó) 1,3 millones de euros al Grupo Zeta, allanando de esta forma el camino para que fuera adquirido por Editorial Prensa Ibérica, el holding de prensa regional de Javier Moll. Tras esta operación, el periódico castellonense Mediterráneo (antes propiedad del Grupo Zeta) pasa a ser una cabecera más de Moll, cuyo buque insignia, Levante-EMV, se considera un periódico con una línea editorial históricamente en sintonía con el PSPV-PSOE.
Ortiz asegura que es indefendible que Puig diga que no tenía interés en el asunto de la quita de deuda al diario castellonense “cuando llamó personalmente el director del IVF. Es evidente que tenía interés en la aprobación del decreto a medida y, por tanto, tenía que haberse abstenido además cuando incluye una cláusula de retroactividad a medida para esa empresa”.
La portavoz adjunta del PP en Les Corts ha insistido en su interés por saber “qué día, cómo y por qué habló el presidente Puig con el director del IVF, Manuel Illueca, para interesarse por la operación en la que sus acciones cambian de valor de forma importante”. El PP defiende que, según la ley, la abstención “es preceptiva y deberá efectuarse por escrito y notificarse a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses”.
En este sentido, la portavoz adjunta del PP en el Parlamento valenciano ha explicado que la misma ley tipifica en el artículo 15 como infracción muy grave el incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda, lo cual puede implicar sanciones como la “destitución o la prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo entre cinco y diez años”.
Ortiz puntualizó que la ley señala que cuando el infractor sea un miembro del Consell, el órgano competente para ordenar la incoación del expediente sancionador será el propio Gobierno autonómico, por lo que ha instado a Puig a asumir responsabilidades ya dar explicaciones en un supuesto que ha calificado de “escándalo”. La dirigente del PP ha insistido en que su partido está estudiando el caso, así como el posible ejercicio de acciones judiciales para el esclarecimiento de unos hechos “que dan la vuelta a la envoltura a una posible o no situación de tráfico de influencias”.
La portavoz adjunta del PP en la Comunidad Valenciana ha manifestado que la Ley de Incompatibilidades “ya nació rodeada de polémica por estas acciones”, debido a que una enmienda “de última hora” del PSPV modificó el texto original del proyecto de ley para elevar el porcentaje máximo de acciones que los altos cargos podían poseer en empresas contratistas o que se relacionaran con la Administración del 0,5% inicial al 10%. Cabe recordar que el paquete de acciones de Puig en Mediterráneo se eleva al 1,16 por ciento del total de ese medio de comunicación, según publica la prensa local. Para Ortiz, “esta modificación permitió al presidente de la Generalitat mantener su porcentaje de participación en la empresa que posteriormente ha sido absorbida” por Editorial Prensa Ibérica tras comprar este holding el Grupo Zeta.
