Continuando con el paraguas judicial que parece amparar a Gabriel Amat, nos encontramos con el Magistrado Jesús Rivera Fernández, ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que falló en contra del cierra del Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar —recordemos a Tomás Olivo— cuando era juez del Contencioso Administrativo nº 2 de Roquetas de Mar a pesar de existir una sentencia contraria en el TSJA. A los pocos meses de dictar la resolución del no derribo y cierre de este centro comercial, se compró un coche en el concesionario Surponiente, propiedad de Gabriel Amat, haciendo, presuntamente, entrega de 16.000 euros para la adquisición de un vehículo valorado en 49.000 euros. ¿No había más concesionarios en Almería que el de Amat? Casualidades… Además, el hijo del magistrado Rivera, Jesús Rivera Sánchez, es concejal de Personal en el Ayuntamiento de Adra, donde fue alcaldesa la ex Delegada de Gobierno en Andalucía, María del Carmen Crespo.
La jefa del área de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, (al parecer, en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Almería o en la Diputación Provincial que preside Amat), que dependen directamente de la Concejal, esposa del Alcalde de la Mojonera, José Cara González, socio de los Morales (Hispano Almería), es la hija del Magistrado Ruiz-Rico, quien se marchó de Almería cuando se hizo pública la vinculación de su hija con el consistorio roqueteño, pidiendo el traslado al TSJA donde actualmente se encuentra.
Esta historia interminable la remata el hijo de la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería que ha estado trabajando, hasta hace más o menos 2 años, en el despacho del afamado abogado almeriense Juan Marfil, defensor de Gabriel Amat. Algo parecido a lo sucedido con el Magistrado Ruiz Rico. El hijo de la Presidenta de la Audiencia Provincial, pasó a trabajar con otro grupo de asesores jurídicos ubicados en la provincia de Granada, grupo jurídico que tiene entre sus clientes conocidos la empresa Hermanos Lirola, imputados en la Operación Poniente.
María Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial, recaló en Almería en diciembre de 2.009 con unos objetivos muy definidos. Apostaba por la especialización de los órdenes jurisdiccionales para un mejor funcionamiento del sistema y organización de la Audiencia, así como el refuerzo de magistrados para dar a la Justicia una nueva imagen que se acercara a los justiciables y a los ciudadanos que reclaman su servicio. En este orden, y para conseguir sus objetivos, Molina se dedicó, entre otras cuestiones profesionales, a montar saraos en pubs y discotecas conocidas de Almería, donde se daban citan, aparte de sus amigos/as, de la que ha sido conocida como “la pandi chuly”, numerosos abogados/as, procuradores/as, jueces, fiscales y algún que otro político, además de empresarios conocidos de la provincia almeriense.
A la vista de todas estas «casualidades» es normal encontrarnos con procedimientos, como es el caso de la Trama Amat, donde han pasado, por el momento, hasta 7 jueces en 6 años de instrucción. Pero todas estas rémoras judiciales no escandalizan a nuestros gobernantes y, ni mucho menos, a los distintos operadores judiciales convirtiéndose, a su vez y a la vista de todos los ciudadanos, en una práctica habitual, normal y a todas luces legal.
Hace muchísimos años que los intereses de una minoría convirtieron a la provincia de Almería en un laboratorio en el que se ha venido poniendo en funcionamiento distintas prácticas socio-políticas y corruptelas que luego han servido para extrapolar a otras provincias y Comunidades Autónomas. Por desgracia, Almería reúne los requisitos necesarios para estas prácticas de ensayo y por las que ha de pagar un gran peaje, como, por ejemplo, la falta de infraestructuras e inversiones que, de una vez por todas, la termine de catapultar a los índices económicos y de sostenibilidad que se merece.
