El juez Fernando Presencia lleva meses sosteniendo desde estas páginas que Manuel Marchena no podía ser presidente del Consejo General del Poder Judicial desde el momento en que se hizo público el escándalo del nombramiento ilegal de su hija como funcionaria del ministerio fiscal. Sofía Marchena perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, por lo que la Comisión de Selección, de la que formaba parte la esposa de Pablo Llarena, tomó la decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anterior, según afirma el juez Presencia: en base a las Normas de Reparto, Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles para instruir las causas contra aforados debido a su inexperiencia. Sin embargo, Manuel Marchena permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés.
Pero es que, además, las sospechas de soborno que rodean a Marchena ponen en cuestión la imparcialidad de toda la Sala que ha de juzgar la causa del Procés cuyos componentes, no hay que olvidar, son nombrados por el propio presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
El problema con el que se ha encontrado el juez Fernando Presencia es que la Sala del Tribunal Supremo que tenía que revisar la condena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha –a cuyo presidente, Vicente Rouco, el magistrado le había denunciado también por actos de corrupción– era prácticamente la misma Sala que tiene que conocer ahora de la causa del Procés.
Por tanto, en la sentencia que ha condenado al juez Fernando Presencia, lo que ha hecho la Sala del Procés es responder a las sospechas de corrupción llamando «zafio» a quien públicamente les viene denunciado por encubrir un delito de soborno.
