En estos días se ha hecho pública una sentencia de un Juzgado de Oviedo por el que se obliga al Grupo Santander a devolver el importe de las acciones compradas por un minorista durante la ampliación de capital de 2.016. Ese hilo lo han cogido varios medios para, rápidamente, hacer un paralelismo manipulador respecto a la situación de Bankia y la del Banco Popular, situaciones que nada tienen que ver la una con la otra. La sentencia de Oviedo no es coincidente con otra de un Juzgado de Bilbao que afirmaba exactamente todo lo contrario, es decir, que no hubo manipulación de las cuentas ni que la situación del Popular era muy diferente respecto a lo publicado en el folleto de la ampliación.
Además, se echa mucho de menos en la sentencia dejar evidenciado quién debe hacer frente a la devolución del dinero del afectado. En principio, lo lógico es que fuera el Santander, puesto que actualmente es el dueño del Banco Popular. Sin embargo, se dejan demasiadas puertas abiertas dado que si lo que se determina es que tengan que hacer frente al importe del valor de las acciones los consejos de Ron y de Saracho es más que probable que nos encontráramos con un claro caso de «insolvencia» porque no podrían hacer frente a los más de 10.000 millones que habría que pagar a las 305.000 familias arruinadas. ¿Realmente piensa el juez de Oviedo que los consejos de Ron y Saracho disponen de esa cantidad? Entonces, si no es el Grupo Santander, ¿quién tendría que pagar? ¿La JUR, la Comisión Europea?, o, lo que sería aún peor, ¿el Gobierno español y, por tanto, todas y todos los españoles?
La consecuencia de todo esto no sería otra que el Santander se llevaría todo el activo del Popular sin asumir ningún coste. Por tanto, el juez de Oviedo tendría que aclarar este punto. Como hemos dicho, la lógica indica que tendría que ser el Santander como nuevo dueño del Popular, pero si aquél utiliza el mismo argumento que utilizó con Allianz sobre cómo la JUR le dio la adjudicación, tendrían que ser las y los españoles y las y los europeos los que tendrían que hacer frente al pago. Como consecuencia, el Santander volvería a ganar al igual que los grandes accionistas, o sea, Antonio del Valle y sus «mariachis» y todos los que acudieron a las ampliaciones para especular, no sólo las de 2.016, sino también los que ya ganaron mucho dinero con las operaciones bajistas.
En este caso seguirían siendo más de 200.000 las familias de pequeños accionistas las afectadas y los millones de contribuyentes ajenos a España y a la UE que pasarían también a ser perjudicados y damnificados por la operación diabólica. Sólo habría dos grandes beneficiados de esto: el Santander y la presunta «hampa financiera» internacional.
Desde la buena fe, la sentencia del juez de Oviedo, además de estar cogida con alfileres, no sirve al pueblo si, con todo el respeto que tenemos por la Justicia en Diario16, el juez no deja bien claro quién tiene que pagar. La sentencia sería muy efectiva si quien tuviera que hacer frente al pago fuera quien se ha beneficiado de toda la operación, es decir, el Santander.
No obstante, hasta ahora esta sentencia sólo ha servido, al no considerar la sentencia de Bilbao que estaba aparentemente más estudiada y fundamentada, para dar alas a todos los medios «oficialistas» del Santander y del Gobierno del Partido Popular; crear humo ante la posibilidad real de pedir responsabilidades penales al Santander e instituciones oficiales españolas y europeas; que durante los procesos de recursos a su sentencia se paralicen las demandas penales o de otra índole de todas y todos los afectados y, de este modo, que el Santander tenga más tiempo para seguir enriqueciéndose ilícitamente y para extinguir o anular la personalidad jurídica del Banco Popular. Si esto ocurriese, ¿quién asumiría la responsabilidad de la «débil» sentencia de Oviedo?
¿Por qué decimos que es una sentencia débil? Se indica que el denunciante no tiene formación suficiente y que su inversión desapareció con la intervención del Popular. El argumento de la intervención es utilizado en la sentencia como fundamental para determinar que el Banco Popular en junio de 2.016 no tenía las cuentas en el estado en que se informaba en el folleto informativo de la ampliación. «Si el banco fue intervenido entonces las cuentas deberían estar mal o eran irregulares». Sin embargo, el juez que dicta esta sentencia no tiene en cuenta un hecho que es fundamental: el Banco Popular superó los test de estrés del Banco Central Europeo sin ningún problema en los días previos a la ampliación, lo que indica que, una vez realizada dicha ampliación, esas cuentas tuvieron una mejora importante.
La sentencia, siempre dando por hecha la buena fe del juez, beneficia a las élites, al Santander, al asturiano-mexicano Antonio del Valle y su equipo de especuladores y socios mexicanos y chilenos, y al Gobierno presuntamente corrupto de España y de la Unión Europea.
La realidad es que la sentencia es un brindis al sol que sólo beneficia a los poderosos y las élites mencionadas e, incluso, a los consejeros y administradores que se declararían insolventes para hacer frente al pago de más de 10.000 millones de euros. En base a la documentación que obra en manos de Diario16, alguna publicada y otra por publicar y que será entregada a la Audiencia Nacional para completar la que ya fue admitida por el juez Andreu, no podemos afirmar más que se trata de una sentencia, tal como está, débil e inconcreta.
Nunca lo hemos hecho, pero, en base a toda esa documentación, ha llegado el momento de sugerir a todas y todos los afectados del Popular que han sido presuntamente estafados por Saracho, por la JUR, por el Santander y por el ex ministro de Economía, entre otros, que, a pesar de esta sentencia de Oviedo, continúen reclamando al verdadero responsable, el Santander, por todos los procedimientos, principalmente el penal, para que se les haga justicia y les devuelvan todo lo que se les quitó para un enriquecimiento ilícito y por lo que ya ha sido demandada por vía penal la entidad cántabra, además de por información privilegiada.
Más aún cuando se reflexiona sobre el hecho de la repercusión mediática que ha tenido la noticia de la sentencia de Oviedo por parte de medios de comunicación que jamás se han referido ni al Caso Banco Popular, más allá de las notas de prensa del Santander, ni han defendido a los afectados.
