Estos días estamos conociendo la ciénaga en la que el PP quiere convertir a la justicia española para poder enmascarar sus casos “aislados” de corrupción que no son pocos.
Parece ser, según cuentan algunos analistas -entre los cuales, Ernesto Ekaizer-, y tal como está aflorando con la Operación Lezo, que el dique de contención diseñado -que aparece en las conversaciones grabadas a Ignacio González– por el gobierno de Mariano Rajoy estaría formado por el ministro Catalá, por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, y por dos de sus hombres: José Manuel Maza, magistrado con él en la misma sala del TS y también nombrado Fiscal General del Estado, y por Manuel Moix, nombrado Fiscal Anticorrupción que tuvo destacadas actuaciones contra el juez Elpidio Silva y evitando que se conocieran los correos de Blesa.
Todo lo conocido, hasta ahora, parece diseñar una trama ante la formación del nuevo Gobierno, tras la investidura de Mariano Rajoy en octubre pasado, en la que una serie de juristas influyentes – a los que tuvo acceso Ignacio González– tramaron un cambio en la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
No olvidemos que Ignacio González mantuvo intercambio de información sobre lo que se cocía con su amigo y socio de negocios y proyectos, el ex-Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, el exmagistrado del Tribunal Constitucional y magistrado en la Sección Segunda de lo Penal, Enrique López, y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Arnaldo.
Recordando todo esto, vi, por casualidad, hace poco, un auto de la Sala Segunda del TS, presidida por Marchena y con Maza, en el que se acuerda no imputar a Juan José Imbroda -Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla- en el “caso abogados” por un posible delito de prevaricación administrativa en la contratación directa con fondos públicos de un abogado externo a la Ciudad Autónoma, un procedimiento que pudo no cumplir con los requisitos legales exigidos en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.
En este procedimiento judicial, además de un posible delito de prevaricación administrativa, el juez de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa -al que le hicieron la vida imposible con filtraciones maliciosas y maniobras de todo tipo hasta que abandonó la ciudad- investigó otros delitos como malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración. El Ministerio Fiscal en su escrito remitido al TS, sobre la actuación de Imbroda, consideraba que “hay indicios suficientes para iniciar una instrucción para el esclarecimiento de unos hechos que presentan apariencia delictiva como constitutivas de delito del artículo 404 (prevaricación) del Código Penal y el nombramiento de un magistrado instructor”.
El juez Lamo de Espinosa concluyó que “existen indicios suficientes y concretos de que el letrado Juan Jesús Olivares Amaya fue designado de manera directa por el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, para la dirección técnica de diversos procedimientos judiciales ante la jurisdicción social, correspondientes a despido y reclamación de cantidad derivados de Cooperativas de Trabajo, por medio del otorgamiento de un poder notarial, sin observar ninguno de los requisitos exigidos en el TRLCAP (Ley de Contratos de la Administración Pública), que era la normativa directamente aplicable”.
La sala, presidida por Marchena y con la presencia de Maza, designó al juez Francisco Monterde que había sido vocal del CGPJ entre 1996 y 2001, apoyado por el PP, y que entre sus logros estuvo el prorrogar contínuamente el secreto de las actuaciones en el «caso Gürtel«, en el que se investigaba una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Todo esto que significa que las partes personadas, a excepción de la fiscalía, estuvieron sin tener acceso a las mismas, para la resolución del caso Imbroda. Francisco Monterde ha sido uno de los jueces que más se ha implicado en la causa que el TS instruyó contra Baltasar Garzón por su investigación sobre los crímenes del franquismo. Fue, también, uno de los jueces que aceptó la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de los que rechazaron el recurso de Garzón. Se declaró competente para juzgarle, pero la Sala de lo Penal aceptó su recusación por falta de imparcialidad objetiva.
No sé si por casualidad pero resulta que Juan José Imbroda fue muy afortunado con los magistrados que le tocaron en suerte y que no vieron ningún tipo de delito en el “caso abogados”. También, debe ser por casualidad que Blas Imbroda -abogado y hermano del anterior- haya coincidido con Marchena y Maza en numerosos seminarios y cursos en diversos lugares de España a lo largo de los años.
Visto pues cómo se alinean los planetas para favorecer al PP de Melilla, y cómo la suerte va suelta por estos lares, no deberíamos dejar pasar ni un minuto en comprar boletos del Euromillones.
