Los grandes accionistas que sí que disponen de importantes despachos de abogados que no tienen conflicto de interés con el Santander van a incrementar su ofensiva legal contra la resolución del Banco Popular. Mientras tanto, el resto de las 305.000 familias arruinadas para rescatar al Santander tienen que lidiar con la Justicia a través de abogados independientes y, en miles de casos, en plataformas regidas por bufetes que ocultaron en su momento que tenían conflicto de interés con el Santander y que sólo podrían litigar contra Europa (tal y como pretende la entidad cántabra, casualmente). ¿Qué van a hacer ahora estos despachos con conflicto a raíz de los movimientos de los grandes accionistas o con los datos del informe de Deloitte que no se cree nadie y que demuestran que hubo graves errores en todos los procesos de la resolución, incluso en el proceso de venta al Santander? A Diario16 llegan todos los días cientos de comunicaciones de los afectados pidiéndonos consejo sobre qué abogado o qué despacho contratar. Siempre hemos respondido que, sintiéndolo mucho, nuestro papel no era el de aconsejar sobre nadie en particular. Sin embargo, llegados a este punto, lo que sí podemos decir a los afectados es que no deben pasar ni un minuto más en ninguna plataforma o en ningún despacho de abogados que tenga conflicto de interés con el Santander.
Para todos los afectados que no tienen disponibilidad de acceder a los grandes despachos a los que contratan esos grandes accionistas, Diario16 publica hoy el contrainforme de Deloitte y de la JUR donde se demuestra que había más soluciones que la que se tomó de arruinar a más de 305.000 familias para rescatar al Santander. Este es el análisis del patrimonio del Popular en el año 2017.
Las cifras de cierre del ejercicio de 2016 del Banco Popular indicaban un patrimonio neto de más de 11.000 millones de euros, auditado por PwC y un informe de procedimientos acordados de Ernst and Young, que ratificó los criterios de constitución de provisiones, la contabilización de los activos fiscales diferidos y la valoración de la cartera de renta fija.
Por otro lado, las cifras del primer trimestre de 2017 indicaban que el Popular disponía de 10.777 millones de patrimonio. Este dato fue publicado por el equipo dirigido por Emilio Saracho el 5 de mayo de 2017. Tras la intervención de la JUR y la venta por un euro al Santander se realizaron en el cierre del primer semestre de 2017 severos ajustes patrimoniales que buscaban justificar el precio pagado por Santander, eliminando todo el patrimonio de los accionistas. Esos ajustes que realizó el Santander como consecuencia de la resolución del Popular, se “justificaron” en base a los siguientes factores:
Aplicación de la normativa de resolución que implica que, al no ser viable el Banco, deja de generar ingresos lo que supone la amortización de todos los fondos de comercio —porque, teóricamente el Banco no puede justificar ese fondo de comercio, aunque el que lo compra se beneficia de él— y parte de los Activos Fiscales Diferidos, dado que, al no haber beneficios futuros, esos AFD no se pueden compensar —los beneficios futuros tributarían efectivamente menos porque se “descontarían” los impuestos pagados anticipadamente—. No cuestiona, porque no puede, la existencia de más de 2.000 millones de euros en Activos Fiscales Diferidos “monetizables” que se cobran siempre.
Aplicación de un cambio de criterio del comprador que opta por la venta en masa de los activos inmobiliarios en el mercado mayorista. La ventaja para el vendedor de este cambio de criterio es que vende más rápido, la desventaja es que vende más barato, pero el perjuicio en este caso se le imputa al anterior dueño del Banco que es el sufre el ajuste patrimonial. Además, en este caso, el vendedor retiene el 49% de esos activos a través de una sociedad creada al efecto, y el 51% se le vende a un fondo buitre que espera obtener rendimientos muy elevados en su inversión. Normalmente, estos rendimientos no están por debajo del 40%/50%.
Aplicación del ajuste a mercado de los activos comprados, como en cualquier transacción.
La suma de estos ajustes, principalmente los números uno y dos, supusieron enormes pérdidas con el resultado patrimonial conocido: desaparición de los recursos propios del Popular y de patrimonio de los accionistas al aplicársele un procedimiento inadecuado y confiscatorio.
Ahora bien, sin entrar a discutir la justificación legal de los ajustes, son responsabilidad directa de la entidad “expropiante”, la JUR, esos mismos apuntes contables que ponen de manifiesto la confiscación de que han sido objeto las 305.000 familias arruinadas del Popular.
Veamos este asunto con detalle:
Obviamente los más de 2.000 millones de euros en Activos Fiscales Diferidos que tenía el Banco Popular no sólo no fueron amortizados, sino que están siendo reclamados por el Banco Santander, que ya ha cobrado 400 millones y ha reclamado otros 1.000, según confirmó su vicepresidente Rodrigo Echenique en el Congreso. Es decir, más de 2.000 millones de patrimonio que pasan al Santander y se les niega a los accionistas del Popular sin explicación alguna.
Además, Popular tenía en venta Totalbank, por el que el Santander percibió 444 millones de euros, de los que contabilizó como beneficio 170 millones y que supusieron cerca de 400 millones de mejora de capital. En definitiva, aunque las cifras sean peores a las que estimaba el Popular en su momento, estos 444 millones se transfieren a los accionistas de Santander y se les despoja a los accionistas del Popular. Sumado al punto anterior, son 3.000 millones transferidos a los accionistas del Santander en perjuicio de los accionistas del Popular.
Popular tenía en venta Wizink por el que recibió una oferta de 1.200 millones por su participación en el mismo. Si se añade a lo anterior la cifra confiscada asciende a 4.200 millones de euros.
Sin entrar a debatir los ajustes practicados en las cuentas del Popular, conviene matizar que la cobertura en efectivo que los bancos y cajas tenían contabilizadas al cierre de 2016 por sus activos no rentables —inmuebles y créditos impagados— estaba alrededor del 52%. Tendenciosamente se olvida que a eso hay que añadir el valor del inmueble. Según la información que transmitió Santander al mercado antes de vender a BlackStone el mal llamado “ladrillo” del Popular, se elevaron las coberturas contra el patrimonio de sus accionistas al 69% en efectivo a lo que hay que sumar el valor de los inmuebles. Esos 17 puntos porcentuales de diferencia suman 6.000 millones de euros, de los que, al menos, la mitad, dado que Santander vendió la mitad a Blackstone, serían de los accionistas del Popular. Algo así como 7.200 millones habrían sido transferidos por un euro al Santander…
Pero hay más, Emilio Saracho dijo en el Congreso que el valor de las sinergias de una venta de Popular rondaría los 3.000 millones de euros y él sabe, porque en eso es un experto, que la mitad suele reconocerse al vendedor, es decir, 1.500 millones más que se suman a los 7.200 millones y que totalizarían unos 8.700 millones de euros expoliados a los accionistas del Popular.
La cosa no acaba aquí, añadan a esta cifra el importe de los famosos bonos que el Santander entregó a los particulares que fueron a la ampliación de 2016, dado que esos bonos los cargó contra el patrimonio del Popular. Esa cifra parece que superó los 700 millones de euros, estaríamos en 9.400 millones de euros confiscados.
Ahora bien, esto supone que, pese al patrimonio confiscado, se le da valor cero a una entidad que los bancos de inversión creen que en 2020 aportará más de mil millones netos anuales al Banco Santander. Morgan Stanley había valorado el negocio del Popular en 9.300 millones de euros, antes de la supuesta ampliación que pretendía Saracho.
Todo esto que aquí se recoge, pone de manifiesto la magnitud de la confiscación padecida por los afectados del Popular y el enorme beneficio registrado por Banco Santander. Añádase a esto que la ampliación de capital por 7070 millones de euros que el Santander anunció hace un año para comprar el Popular se destinó, como se refleja en las cuentas anuales del Santander, a cubrir un desfase de más de 8.000 millones que el Santander tenía en el cambio de divisas. Es más, según esas cuentas, el año en que Santander “le hizo el favor al Estado” de comprar el Popular, el Banco Santander perdió 118 millones de euros, su resultado neto atribuible a los accionistas del Santander según su auditor PwC.
Si alguien puede arreglar este desaguisado es el Banco Santander.
