La ONG de defensa de los derechos de humanos Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que denuncia que Estados de todo el mundo están incumpliendo su deber de proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos, lo que da lugar a una escalada de asesinatos y desapariciones forzadas que se podrían prevenir.
En el informe Ataques letales pero prevenibles. Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos, la organización revela el riesgo creciente al que se exponen los defensores de los derechos humanos: personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos.
El informe incluye testimonios de amigos, familiares y compañeros de defensores de los derechos humanos que han muerto o han desaparecido, entre los que hay personas defensoras del medio ambiente, activistas en favor de los derechos de las personas LGBTIQ y de las mujeres y profesionales del periodismo y la abogacía. Muchos de los testimonios describen cómo las autoridades han ignorado reiteradamente las peticiones de protección de las víctimas y cómo los atacantes han eludido la acción de la justicia, alimentando una espiral mortal de impunidad.
Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha afirmado que para la confección del informe hablaron «con familiares de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados o sometidos a desaparición forzada en todo el mundo, y siempre escuchamos lo mismo: todos sabían que su vida estaba en peligro. Sus muertes o desapariciones vienen precedidas de una sucesión de ataques previos que las autoridades ignoraron o incluso alentaron. Si los Estados se hubieran tomado en serio sus obligaciones de derechos humanos y hubieran actuado con diligencia ante los informes de amenazas y otros abusos, se podrían haber salvado vidas».
El nuevo informe de Amnistía Internacional recopila historias de todo el mundo para ilustrar el aumento de los ataques contra defensores de los derechos humanos que se podrían haber evitado, y pone de relieve una escalofriante constante de impunidad.
Un ejemplo de ello está en lo ocurrido con la defensora de los derechos humanos Natalia Estemirova que en julio de 2.009 fue secuestrada y asesinada en Chechenia. Ocho años después, su asesinato sigue sin resolverse, la investigación está parada y nadie ha sido llevado ante la justicia por este crimen atroz. Es más, nadie se atreve a aportar información por temor a lo que pueda pasar.
La impunidad es moneda común en las repúblicas del Cáucaso Norte y especialmente en Chechenia. La falta de justicia alimenta un círculo vicioso que permite que los responsables de las violaciones de derechos humanos sigan actuando con total libertad.
Natalia Estemirova se atrevió a denunciar esta situación y lo pagó con su vida. Desde su asesinato, numerosos periodistas, activistas de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, homosexuales, abogados, han sido amenazados, agredidos, torturados y en algunos casos asesinados.
Otros casos como el de Natalia que aparecen en el informe son:
- Berta Cáceres, activista hondureña de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas que murió por disparos en 2016 tras años de amenazas y ataques.
- Xulhaz Mannan, activista sobre cuestiones LGBTIQ que murió brutalmente apuñalado en Bangladesh, junto con su colega, en 2016. Más de 18 meses después, todavía no se ha hecho justicia.
- Pierre Claver Mbonimpa, fundador de una organización de derechos humanos en Burundi, resultó herido de bala en la cara y el cuello en 2015. Meses después, mientras se recuperaba en el extranjero, su hijo y su yerno fueron asesinados.
- Los 4 de Douma”, cuatro activistas sirios que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en su oficina en diciembre de 2013 sin que se haya sabido nada de ellos desde entonces.
Los ataques contra los defensores de los derechos humanos se están intensificando. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en 1989, la comunidad internacional se comprometió a protegerlos y a reconocer la labor crucial que desempeñan. No obstante, el informe de Amnistía Internacional muestra que defender los derechos humanos continúa siendo una labor muy peligrosa, con miles de defensores de los derechos humanos asesinados o sometidos a desaparición forzada por actores estatales y no estatales desde la aprobación de la Declaración hace dos decenios.
Según la ONG Front Line Defenders, sólo en 2016, más de 281 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en todo el mundo, casi un tercio más que en 2015. La cifra real podría ser mucho mayor ya que es posible que a muchos defensores asesinados o sometidos a desaparición forzada no se les identifique como tales.
Los motivos de estos ataques son múltiples y vinculados entre sí. Algunas personas son atacadas debido a su ocupación (por ejemplo, profesionales del periodismo y de la abogacía, sindicalistas), por enfrentarse a actores poderosos que violan los derechos humanos, por compartir información o por concienciar sobre cuestiones de derechos humanos.
Otras corren más riesgo de ser atacadas y sufren discriminación y violencia por hacer lo que hacen y por ser quienes son, como ocurre con quienes defienden los derechos de las mujeres, quienes se dedican al trabajo sexual, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, las poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios. Otras personas son blanco de ataques en situaciones de contextos específicos, por ejemplo, en el marco de conflictos o cuando las comunidades se hallan en manos de la delincuencia organizada y la represión violenta.
En este sentido, Guadalupe Marengo fue muy contundente: «Aunque los motivos de los ataques pueden variar, detrás de todos ellos está el deseo de silenciar a quienes denuncian las injusticias o se enfrentan a intereses poderosos. Esta forma de silenciar tiene un efecto multiplicador que afecta a la comunidad en general, crea un ciclo de miedo y menoscaba los derechos de todos».
Cuando las amenazas y los ataques no se investigan ni castigan de forma adecuada, el clima de impunidad resultante erosiona el Estado de derecho y envía el mensaje de que se puede atacar a los defensores y defensoras de los derechos humanos sin que haya consecuencias.
La hija de Bertha Cáceres, Bertha Zúñiga, explicó que antes de la muerte de su madre «había una alianza clara entre intereses comerciales, agentes de seguridad privada, autoridades del Estado y el crimen organizado. Como todas estas partes son cómplices en la muerte de mi madre, realizar una investigación exhaustiva resulta cada vez más difícil. Mi madre se merece justicia y es imperativo sacar a la luz la conspiración que tuvo lugar. Es fundamental para evitar más asesinatos».
En el informe Amnistía Internacional insta a todos los Estados a dar prioridad al reconocimiento y protección de quienes defienden los derechos humanos, apoyar públicamente su trabajo y reconocer su contribución al fomento de los derechos humanos, tomar todas las medidas necesarias para prevenir más ataques contra defensores y defensoras y llevar a los responsables ante la justicia, investigando los ataques de manera efectiva y enjuiciando los asesinatos y las desapariciones forzadas. Además, deja claro que es de la máxima importancia que los Estados transmitan de manera clara y pública el mensaje de que no se tolerarán estas violaciones de derechos humanos.
