La situación real del Santander y las revelaciones de Diario16 en las que se muestran varios escenarios que la Justicia, tanto española como europea, podría utilizar como argumento fundamental para anular la resolución del Banco Popular, han provocado que Ana Patricia Botín haya decidido, no sólo acelerar la integración de las dos entidades, sino eliminar la personalidad jurídica tanto del banco intervenido como del Pastor, incluidas sus respectivas fichas bancarias.
Este movimiento supondrá que la Justicia se verá imposibilitada para anular todos los procesos, en caso de determinar la ilegalidad de la operación, de la resolución y de la venta por un euro. Sin embargo, el Santander se puede encontrar con que la propia Justicia que siempre ha mantenido una actitud de presunta protección hacia el banco cántabro y la familia Botín abra una pieza de calificación concursal en la que los más de 305.000 afectados se convierten en acreedores por la liquidación del Banco Popular, una pieza que implica la aprobación por parte del Ministerio Fiscal y que determinaría que el Santander tendría que hacer frente a las reclamaciones de los acreedores con el patrimonio declarado del Banco Popular, es decir, 11.600 millones de euros. La operación no se anularía porque legalmente sería imposible tras la desaparición jurídica del banco intervenido, pero la entidad cántabra se encontraría que el hecho de tener que hacer frente a una administración concursal. Por otro lado, en caso de determinarse la nulidad de la operación, el Santander tendría que indemnizar a los afectados con daños y perjuicios, además del valor de las acciones que pasaron a tener valor 0 la madrugada del 6 al 7 de junio.
Por tanto, el paso dado por Ana Patricia Botín, que tiene como fin que nadie le quite el Popular, se puede volver en contra del Santander a la hora de pagar a los afectados un precio justo por sus acciones y bonos. Por esta razón, lo razonable sería que la entidad cántabra hiciera caso al Defensor del Pueblo y llegara a un acuerdo extrajudicial con todos los afectados. Esta solución sería beneficiosa para todos, para las familias arruinadas porque recuperarían su dinero y para el propio Santander porque podría seguir contando con el Popular sin el riesgo de las demandas y querellas.
Sin embargo, la decisión de Ana Botín ha generado problemas y enfrentamientos internos como, por ejemplo, con Rodrigo Echenique porque el escenario resultante, con Santander España con personalidad jurídica propia, no era el que actual presidente del Popular tenía previsto y, por tanto, se siente traicionado.
El Popular se ha convertido en una pieza fundamental para la supervivencia del Santander. Las auditorías así lo muestran, dado que, sin el banco intervenido los resultados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín habrían dado unas cifras escandalosamente negativas como, por ejemplo, la pérdida de más de 26.000 millones en activos, 8.014 millones negativos en el concepto de cambio de divisas, pérdidas consolidadas de 5.732 millones. El resultado positivo no lo hubiera podido dar sin la aportación de activos y pasivos que el Banco Popular le ha repercutido al balance consolidado del Grupo.
Todo esto se debe a los malos resultados en mercados como Reino Unido y Latinoamérica, donde, tal y como afirmó el FMI, el Santander está muy expuesto y supone un peligro para el sistema financiero mundial. Por esta exposición este año 2.018 es fundamental para la entidad cántabra dado que hay elecciones en México, Brasil y Venezuela, donde los candidatos favoritos son, precisamente, los que van en contra de los intereses del banco cántabro por sus políticas no sumisas a las élites financieras. La presión de éstas ha forzado, entre otras cosas, la aceleración del encarcelamiento del presidente Lula da Silva.
El hecho de acelerar la eliminación de la personalidad jurídica del Popular también tiene mucho que ver con la realidad de la operación en los mercados que no se la creen o están dejando de confiar en el Santander por los constantes análisis que derivan en una desconfianza. Recordemos que hace un año el banco alemán Barenberg ya avisó de que la entidad presidida por Ana Patricia Botín tenía un déficit de capital de 10.000 millones de euros y que el valor real de su acción no superaba los 2,50 de euros. La propia curva de la cotización del Santander en el último año muestra esta desconfianza:
Hemos marcado en rojo el día 7 de junio de 2.017. Como se puede comprobar el valor no ha tenido variación alguna, ya que ese día el precio de la acción estaba en 5,44 y en a la hora en que se estaba escribiendo este artículo era de 5,48.
Todo esto ha provocado que los grandes accionistas del Santander lleven varios meses planteando una estrategia para provocar un cambio radical en la estructura directiva del banco, tal y como ya publicamos en Diario16. Los grandes gestores de cartera y bancos custodios que son los principales accionistas de la entidad cántabra no están satisfechos de la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín y su equipo de pretorianos porque saben que el Santander por sí solo tiene capacidad para generar más ganancias. Sin embargo, sin el Popular hubiera dado pérdidas y eso es algo que no pueden permitir porque tienen demasiado dinero propio y de sus clientes invertidos. Tampoco están de acuerdo con la imagen de posible falta de ética o de la realización de negocios al margen del negocio bancario que se está haciendo cada vez más habitual en el Santander.
Por tanto, vemos cómo la situación real del Santander muy cercana a una presunta quiebra es la que realmente está llevando a tomar decisiones que no estaban previstas en la operación. Sin embargo, llegará el momento en que esa situación se haga insostenible y el Santander no dispondrá de más oportunidades de ejecutar otra operación diabólica, no tendrá a su alcance la posibilidad de arruinar a cientos de miles de personas, tal y como ocurrió en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2.017. Ese momento es posible que esté más cerca de lo que muchos piensan.
La consolidación del Santander arroja unas pérdidas de 5.732 millones según su propia auditoría
