En los últimos años los insaciables recortes de los Gobiernos de Rajoy han agravado un problema endémico en la Sanidad pública española: las listas de espera. En ese capítulo España cae a la posición número 19 de la zona euro, debido a los largos tiempos de demora que se registran en numerosas especialidades. Según los informes elaborados por la UE, preocupan sobre todo algunos plazos de espera en intervenciones de cataratas y operaciones de cadera, que aumentaron entre 2010 y 2016 y se sitúan muy por encima de la media de los países de nuestro entorno.
El tiempo de demora que debe soportar un paciente varía de forma significativa según la comunidad autónoma en la que resida. Así, mientras los pacientes de Cataluña, Castilla-La Mancha y Canarias tienen que esperar más de 160 días para someterse a una intervención quirúrgica, en el País Vasco el retraso se reduce a menos de 50. Es evidente que el Estado de las autonomías no ha conseguido reducir la “desigualdad interregional” en materia sanitaria y en términos generales España sigue siendo “uno de los países que peor funciona en relación con la justicia social de toda la UE”, según los informes de Bruselas, que añaden: “con el fin de reducir sus listas de espera España ha aplicado medidas de urgencia como ampliar las horas de trabajo de los cirujanos y aumentar la financiación para comprar más equipos, pero esta creciente oferta no parece suficiente para satisfacer una demanda que crece incluso más rápido en algunas comunidades».
En Madrid la situación resulta especialmente preocupante. En el año 2012, el peor ejercicio hasta el momento, el número de personas que esperaban para operarse en esa comunidad autónoma marcó un récord histórico de 57.722 pacientes. Y nunca mejor dicho lo de “pacientes”.
A las listas de espera interminables, las unidades especializadas que se han cerrado y las urgencias colapsadas se unen los centros de salud saturados donde decenas de pacientes se amontonan como en el peor hospital de un país tercermundista. Es el caso del ambulatorio de la calle Joaquín Benlloch de Valencia, que vive una situación límite desde hace años. Se trata de un bajo comercial que no reuniría las mínimas condiciones de salubridad ni para la apertura de un supermercado. Cuando se inauguró, hace ya varias décadas, el centro prestaba servicio a unos 7.000 vecinos del populoso barrio de Malilla. En la actualidad da cobertura a unos 32.000 habitantes. A determinadas horas punta decenas de pacientes se hacinan en las estrechas y lóbregas salas de espera, pasillos y demás dependencias del centro. En caso de emergencia, seguramente no podría garantizarse una evacuación adecuada y las consecuencias podrían ser fatales, según denuncia el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana.
“Nos consta que los profesionales están al límite de sus posibilidades, así como que la situación de estrés en la que trabajan puede ser lesiva para su salud”, aseguran las fuentes sindicales. Los vecinos llevan años saliendo a la calle para protestar y reclamar la construcción del nuevo centro de salud tantas veces prometido pero que ningún Gobierno ha hecho realidad. Esa, una sanidad pública abandonada a su suerte, es la que dejó en herencia Francisco Camps, quien en su día se jactó de haber construido el mayor hospital de Europa, la nueva Ciudad Sanitaria de La Fe, a costa de desentenderse de la asistencia médica en los barrios. En Valencia los rumores sobre la especulación en la Sanidad pública y las privatizaciones han sido incesantes en los últimos años de legislaturas populares.
A la falta de equipamientos se une la cada vez más escasa inversión en tecnología de la sanidad española. El 28% de los equipos tecnológicos de los hospitales de nuestro país tiene más de diez años, es decir, la tercera parte corre serio riesgo de convertirse en chatarra obsoleta y no parece que esté previsto un plan Renove, como sí se está haciendo en otros departamentos del Estado, véase Defensa. En 2024 España invertirá en gasto militar el doble de lo que gasta en la actualidad, casi el 1,53% del PIB, cuando en la actualidad es del 0,86%. El objetivo del Gobierno español es acercarse al 2%, tal como exige la OTAN. Así las cosas, no parece haber dinero para sostener la Sanidad pública pero sí para tanques y aviones mientras la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, animaba a los ciudadanos a “superar sus prejuicios” cuando se habla de incrementar el gasto militar.
Aunque parezca imposible, la sanidad española sigue siendo pública, gratuita y universal pese a los recortes brutales, pero cada vez lo es menos, tal como demuestran los datos. El sistema se ha deteriorado tanto en los últimos años que hoy por hoy los ciudadanos españoles deben costear de su bolsillo el 24% del gasto sanitario global, una cifra muy por encima del 15% de la media europea y que se ha disparado tras la crisis económica como consecuencia de los copagos. La falta de inversiones ha afectado gravemente a comunidades autónomas como Cataluña, que en el año 2011 se vio obligada a cerrar 40 centros de atención primaria y a derivar a miles de pacientes a otros hospitales. Decenas de ciudadanos tuvieron que asumir que a partir de entonces tendrían que recorrer hasta 25 kilómetros para pasar una simple consulta médica y no pocos municipios se quedaron sin servicio de urgencias las 24 horas del día. El Gobierno de Artur Mas se vio obligado a planificar un recorte de hasta el 10% del presupuesto que destinaba a la sanidad −unos 1.000 millones de euros− mientras las tramas de corrupción del 3 por ciento saqueaban las arcas públicas.
La inédita medida de echar el cerrojo a algunos centros de salud para ahorrar en costes y nivelar el déficit se extendió pronto a las demás comunidades autónomas. Las mareas de ciudadanos y profesionales de la Medicina tomaron las calles, las manifestaciones diarias de batas blancas y los paros secundados por los sindicatos médicos se convirtieron en el pan nuestro de cada día en las ciudades de todo el país. Pronto se vio que el modelo empezaba a resquebrajarse, sobre todo cuando pacientes de dolencias graves, como las mujeres afectadas por el cáncer de mama, empezaron a sufrir recortes en sus terapias y programas de prevención.
Pero si la atención médica ha empeorado ostensiblemente en los últimos años también lo han hecho los precios de los medicamentos. El Ministerio de Sanidad publicó recientemente un listado con al menos 426 fármacos que quedaron excluidos de la financiación pública, es decir, productos que ahora tienen que costearse los propios enfermos. Quienes más se resienten de estas medidas son las personas con menor poder adquisitivo, parados, pensionistas y enfermos crónicos que dependen del suministro de medicamentos para seguir viviendo, con independencia de lo que cuesten. Repagos, copagos, céntimos sanitarios y nuevas tasas son medidas a las que se ha recurrido con mayor o menor frecuencia para tratar de aliviar una sanidad maltrecha pero que al final repercuten como siempre en los bolsillos de unos ciudadanos que hasta hace diez años se beneficiaban de la adquisición de la mayoría de los medicamentos de forma gratuita o a muy bajo coste. Conviene no olvidar que a comienzos de la crisis económica las farmacias valencianas y catalanas sufrieron un grave problema de desabastecimiento de fármacos, ya que los Gobiernos regionales, casi en la quiebra, no pudieron hacer frente al pago de la factura por la financiación de medicamentos. Numerosas farmacias tuvieron que cerrar y durante meses se vivieron situaciones dramáticas protagonizadas por pacientes que no podían acceder a sus tratamientos y medicinas habituales.
