Lo que ha acontecido en los últimos días en Cataluña no se sabe si es como el dilema del huevo o la gallina. Si la candidatura de Turull causa del posible procesamiento, o si el procesamiento se hizo a causa del intento de establecer un gobierno en Cataluña. El caso es que ambas situaciones nos sitúan en el completo esperpento en que se ha convertido la política en España. Unos nacionalistas que se intentan la secesión utilizando todos los mecanismos del poder que tienen a su disposición a pesar de los problemas de la ciudadanía, y por el otro lado unos nacionalistas que utilizan los aparatos represivos del Estado en favor de sus ideas. Lo que evidencia es que el respeto a la democracia, por mucho que digan, no está ni a un lado, ni a otro.
Y en medio un juez del Tribunal Supremo que debería impartir Justicia. Que debería pero que lo único que hace es trabajar a favor de parte, a favor de la derecha reaccionaria que es la que gobierna España. Da igual que sea azul o naranja, el fascismo sale por sus poros en lo que respecta a la separación de poderes y a la más mínima lógica judicial. El encarcelamiento de los ex-consejeros y la imputación de alguna que otra diputada (Marta Rovira y Anna Gabriel) es síntoma de que la Justicia en España deja mucho que desear en referencia a su propio funcionamiento. Son muchos los juristas de uno y otro lado que afirman tanto que la rebelión se puede aplicar, como que no. Pero lo que ha hecho el juez Pablo Llarena comparando la sublevación popular y parlamentaria catalana (y por ello juzgable) con el 23-F indica claramente que actúa a sabiendas o por recomendación de la derecha española.
La lógica, o la razón jurídica si se puede hablar de algo así en España, entiende que el delito que han cometido los políticos y políticas catalanes, intentando una secesión unilateral y utilizando los medios que les confería el poder que ostentaban para ello, tiene un camino judicial claro y que terminará en un juicio. Ahora bien, establecer la prisión provisional cuando ya no hay riesgo de que se destruyan pruebas es cuando menos cuestionable, e incluso bordeando peligrosamente los límites de la más mínima cautela humana. Es cierto que algunos y algunas han huido, pero es comprensible que tengas miedo y huyas cuando ves que el poder judicial en conchabado con el político te quieren meter en la cárcel preventivamente, sin ningún tipo de sentencia judicial. Es lógico que huyas cuando el poder de un Estado se pone en tu contra para favorecer los intereses de la derecha reaccionaria. Los secesionistas que hayan estado en la generación de la secesión deberán pagar en un juicio sus faltas, pero encarcelarlos y encarcelarlas porque sí, suena a dar de comer al partido del gobierno y su socio naranja.
Nadie en la izquierda, salvo los que se sitúan a la izquierda pero no lo son, ha visto con buenos ojos el encarcelamiento. Con más o menos fuerza en sus palabras, toda la izquierda se ha sentido dolida con los encarcelamientos. Hasta alguien tan pegado al establishment como Felipe González avisaba de que meter en la cárcel a los políticos catalanes era una autentica salvajada. Normales también las reacciones de Pablo Iglesias o Alberto Garzón en contra de la actuación judicial, la cual, perjudica el camino hacia el entendimiento y la fraternidad de los pueblos de España. Porque sí, en España hay distintos pueblos (o naciones si se prefiere), no porque lo digan los libros de historia, o lo digan cuatro políticos iluminados, sino porque así se piensan millones de personas, sean españolas, catalanas o vascas.
En la campaña catalana prevalecieron las tripas, el antagonismo de banderas, el odio racial y cultural de la derecha española y catalana, porque ERC está tan vendida al capital catalanista como JpC. Estos días el juez Llarena lo que ha hecho es dar más comida a ambas partes, justo en los peores momentos del Gobierno de M. Rajoy y cuando, a pesar de las encuestas, más difuso se encontraba el discurso de Ciudadanos. Había que alimentar la política del odio y de la represión cuando la corrupción cubre al PP. Cuando la calle se ha puesto en contra de los intereses del establishment con la revuelta de los pensionistas. Lo que perjudica a Ciudadanos. Cuando las mujeres trabajadoras se han plantado contra las desigualdades que el sistema (patriarcal y capitalista) las impone. Justo cuando la efervescencia de la calle, del pueblo que desea un cambio de rumbo, cuando el acontecimiento que podría provocar la transformación del sistema y poner en un brete al establishment y la reacción en España. Justo en ese momento de eclosión de la clase trabajadora con otros movimientos y personas. Justo cuando se ve que el establishment ya no necesita a la clase media que el mismo construyó. Justo cuando el pueblo reclama su voz, aparece Llarena para llevar el debate a la confrontación de las banderas, de las tripas y del antagonismo identitario. Ya lo habían intentado con la cadena perpetua encubierta, pero al no funcionar se volvió la cabeza a Cataluña.
Albert Rivera ya no captaba la atención en Cataluña porque los independentistas habían decidido utilizar la vía parlamentaria, a pesar de los problemas que tienen dentro, para dejar la secesión para más adelante. Estaban realmente en una pelea de elites para ver cómo repartirse el pastel. Y eso no interesaba a Rivera y Ciudadanos directamente, ni al gobierno indirectamente. Así que nada mejor que atizar el fuego para diluir el levantamiento del pueblo y volver a situar el foco en lo identitario. Que es lo que les llena el puchero de votos. Y, además, contando con una cortina de humo, filtrada desde Moncloa, contra Cristina Cifuentes para despistar sobre las verdaderas intenciones. Llarena podía maniobrar mientras todo el mundo se preguntaba sobre el Máster fantasma de la presidenta madrileña. Jugada maestra promovida por el gobierno y la judicatura. Y que al final acaba beneficiando al establishment.
Ante esto no cabe más que diluirlo con un gobierno catalán de concentración de las fuerzas secesionistas con la izquierda para poder situar el debate en sus justos términos. Sin personas que puedan estar en peligro de acudir a la prisión, al menos en el corto plazo (porque no se sabe lo que podría mover el gobierno y su aliado naranja) y esperar a tiempos más calmados, cuando el proceso judicial haya concluido y se sepa realmente qué cartas tiene cada uno sin estar marcadas. Y volver a la calle para luchar contra la derecha reaccionaria que quiere seguir quitando derechos a las personas decentes, al pueblo, a la clase trabajadora.
