Familiares de represaliados durante el franquismo han presentado en los Juzgados de Paterna (Valencia) 12 querellas por las conocidas como “ejecuciones del paredón de España”, llevadas a cabo en tiempos de posguerra. Se trata de víctimas de sentencias que fueron dictadas por los militares golpistas en numerosos Consejos de Guerra bajo la acusación de “auxilio o adhesión a la rebelión”.
Paterna es la segunda localidad de España con más fusilamientos de posguerra tras el sitio de las tapias del Cementerio del Este de Madrid. La máquina de exterminio funcionó allí durante 17 largos años, desde el 3 de abril de 1939 hasta el 10 de noviembre de 1956.
La primera “saca” documentada por la querella data precisamente del 3 de abril. Aquel día fueron ejecutadas 21 personas en la localidad valenciana. A partir de esa negra jornada, las ejecuciones fueron masivas en el paredón. Al menos 2.219 hombres y 19 mujeres fueron ejecutados durante ese periodo tras ser condenados en juicios sumarísimos por consejos de guerra, a pesar de que la contienda ya había terminado. Fue el inicio del exterminio sistemático de toda disidencia que se opusiera al “nuevo régimen establecido”, un plan gubernamental perfectamente trazado desde las altas esferas franquistas que preveía la limpieza total de republicanos mediante ejecuciones sin piedad.
Desde el año 2017, en Paterna se vienen exhumando diversas fosas comunes gracias a las ayudas que concede la Diputación de Valencia, “sin cuyo mecenazgo no habría sido posible llevar a cabo ni una sola de estas exhumaciones”, aseguran fuentes de los querellantes. Hasta el momento se han exhumado 6 fosas: 82,113, 22,128, 94 y 112. A lo largo de 2019 se destaparán otras dos: la 115, cuyos trabajos comenzaron hace unos días, y la 127.
En todas ellas se ha confirmado el hallazgo de los primeros restos humanos con signos de “tortura y muerte violenta” (ligadura de manos, tiro de gracia) y se ha procedido a denunciar el hallazgo en el juzgado para que “la Justicia procediese, de acuerdo a la ley”, a investigar y judicializar esos sucesos. Las ejecuciones en masa fueron parte del genocidio franquista programado y están tipificados como crímenes de lesa humanidad, es decir declarados “imprescriptibles” por la Justicia internacional y diversos tratados que España ha suscrito “pero que no cumple ni respeta”, añaden los familiares de los desaparecidos que interponen las querellas. “Hasta el momento el juzgado se ha negado a proceder a ninguna investigación ni judicialización, alegando que los restos hallados superan los 20 años de antigüedad y que por la ley de amnistía (ley 46/1977, de 15 de octubre), dichos delitos han prescrito”, añaden las fuentes.
“En 2018 los familiares de las ‘Fosas de Paterna’ hemos recurrido al Parlamento Europeo, a la Justicia internacional a través de la ‘Querella Argentina’ y al Congreso de los Diputados, y hoy no vamos a cejar. Llegaremos hasta las instancias judiciales nacionales o europeas que haga falta”, insisten los querellantes.
“Por eso presentamos estas 12 querellas con la esperanza de que esta vez sean atendidas nuestras demandas y se reconozcan estos crímenes como delitos de lesa humanidad, porque teniendo la verdad de nuestro lado las familias necesitamos que se haga definitivamente justicia, necesitamos con urgencia reparación para los familiares, muchos de los cuales, ya muy mayores, se están muriendo sin ver realizado su sueño: que se aclare la verdad de todo lo que pasó, que se anulen todas esas sentencias y que se exhume e identifique con urgencia a todas las víctimas. Ochenta años después nuestros familiares continúan en fosas comunes de Paterna y de todo el Estado”.
La dictadura franquista ejecutó a 2.238 personas en una zona muy cercana al cementerio de Paterna (Valencia). La Guerra Civil ya había terminado, pero el régimen continuó fusilando hasta el año 1956 a cientos de personas que luego eran enterradas en fosas comunes. Hoy Paterna tiene 68.000 habitantes; en los años cuarenta era una pequeña población que no superaba los 6.000, según informa el diario El País.
