Cada vez queda menos tiempo para que la Junta Única de Resolución haga público el tercer informe de valoración del Banco Popular realizado por la auditora Deloitte. Según algunos datos filtrados por ciertos medios de comunicación se puede comprobar que, más que un trabajo mercantil, obedece más a la manipulación, el servilismo, el indulto o a las estrategias dirigidas, esta vez no tanto a petición de quién o con qué fin se ha realizado, que fueron y son típicas del ex ministro Luis de Guindos. Sin embargo, toda la inteligencia aplicada en estas estrategias no puede ser obra siempre de De Guindos. Ahora hay una ministra. La realidad es que este nuevo informe es un insulto a la inteligencia y a los ciudadanos españoles, un trabajo más propio de una coacción que de un trabajo libre y puramente profesional.
Como es obvio, muchos estarían esperando que dijese esto, porque lo hago desde la razón documental y del estudio que de este caso llevamos realizando desde hace más de un año, desde este medio libre e independiente porque sin estos términos hubiese sido imposible el haber publicado sin ningún tipo de miedo toda la información que hemos compartido con nuestros lectores día a día. Los accionistas y bonistas afectados por la resolución del Banco Popular no podían haber quedado en una situación peor ya que sus derechos quedaron reducidos a 0 euros. Las noticias publicadas sobre el informe de Deloitte son tan surrealistas como lo siguiente: «señores accionistas y bonistas del Popular, confórmense con que, además de haber perdido toda su inversión, no hayan tenido que poner más dinero».
Todo el asunto se resume, a nuestro juicio, en algo bastante sencillo: la decisión de los reguladores —Banco Central Europeo, Banco de España y CNMV— de no contribuir a cortar con la sangría de liquidez mediante la remoción de los gestores de entonces, la aplicación del plan negocio, la ampliación de la ELA y la prohibición de los cortes, llevó a un banco solvente a la situación de inviabilidad como le sucedería a cualquier banco solvente ya que es idiosincrásico a los bancos un capital circulante negativo. El Fondo de Garantía de Depósitos estaba vacío y, en cualquier caso, los depósitos por encima de 100.000 euros habrían sufrido quitas severas. Por tanto, la conclusión fue sencilla: «que paguen los accionistas y bonistas».
Santander adquirió gratis al Banco Popular a cambio de suministrar la liquidez que el BCE y el Banco de España no quisieron dar. Sin embargo, si el patrimonio neto del Popular era positivo en el momento de la resolución, a los accionistas y bonistas no les correspondían cero euros sino su parte alícuota de dicho valor patrimonial que debe ser fijado con arreglo al criterio de empresa en funcionamiento (going concern), no de empresa en liquidación (gone concern), ya que la apertura del concurso, según la legislación española, no tiene que conducir necesariamente a la liquidación total e instantánea de la empresa, en este caso, del Popular. ¿Dónde dice que un concurso tiene que acabar en liquidación obligatoriamente? Ahí tenemos los casos de distintos clubes de fútbol, como la Unión Deportiva Levante, que, tras superar la fase concursal, sigue en funcionamiento, en Primera División y con sus cuentas saneadas.
El Santander y la JUR están engrasando la maquinaria y pretenden hacer creer que la liquidación del banco habría supuesto pérdidas para los depositantes de más de 100.000 euros y el coste para los accionistas y acreedores habría sido dos veces superior al que produjo la resolución. ¿Cómo pueden los afectados perder el doble si lo perdieron todo? El doble de cero es cero. Da la sensación de que, aprovechando la próxima publicación del informe de Deloitte, están queriendo implantar la estrategia del miedo que tan bien funciona a las dictaduras privadas, para, a última hora dar una compensación a los afectados de 3.400 millones, por lo que el Santander ganaría 21.000.
Existe una obligación de explicación para las 305.000 familias arruinadas o al más de un millón de afectados y afectadas —esta forma de escribir se llama «lenguaje de género»—. La señora Botín debe entenderlo a la perfección puesto que en sus medios de comunicación se ha declarado feminista. Lo mismo ocurre con las instituciones jurídicas y económicas del Estado. Hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres maltratadas con el Caso Banco Popular, tal y como hemos publicado en Diario16. La señora «feminista» Botín debe ser coherente y, en consecuencia, solidaria, al menos, con las mujeres y ofrecer una solución extrajudicial para los afectados y afectadas del Popular.
