La legítima llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno tiene, por salud democrática y por respeto al pueblo, que acometer de manera prioritaria el Caso Banco Popular, mucho más por la implicación familiar que tiene puesto que su padre, don Pedro Sánchez senior, trabajó en el Banco Popular y en Banco Exterior de España en la agencia 15 de Gran Vía. Posteriormente fue gerente del INAEM con la ministra Carmen Alborch. Durante toda esa trayectoria profesional coincidió en cada una de las etapas con Andrés Mata, quien fue director del departamento de Cálculo y Servicios Auxiliares en el Banco Popular y ocupó puestos de alta dirección en el Banco Exterior de España con Francisco Fernández Ordóñez, además de ser Director General de Servicios del Ministerio de Cultura también con Alborch. Andrés Mata es vicepresidente primero del Consejo Editor de Diario16 y, tras muchos años de compartir trabajo con Pedro Sánchez Sr., lo define como «un socialista de raza».
En el Caso Banco Popular no nos hallamos ante un hecho derivado sólo de un movimiento corporativo del sector financiero, sino que, tal y como estamos demostrando en Diario16 a través del enorme trabajo que está desarrollando nuestro departamento de investigación liderado por Esteban Cano, hubo una presunta implicación directa de instituciones públicas. Como consecuencia de todo ello, más de 305.000 familias, más de un millón de españoles, sufrieron la pérdida de sus ahorros. El presidente Pedro Sánchez tiene la obligación, una vez que haya formado Gobierno, de iniciar movimientos para esclarecer la presunta implicación de las instituciones públicas en la mayor estafa de la historia de nuestra democracia y en un caso de presunta corrupción financiera que sólo tenía como objetivo el rescate del Santander ante la delicada situación en que se hallaba, tal y como hemos demostrado en estas páginas con el análisis minucioso y exhaustivo de las propias cuentas presentadas por la entidad cántabra.
En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario socialista se debe plantear una comisión de investigación exclusiva para el Caso Banco Popular, puesto que en la actualidad todo lo que se ha tratado en el Parlamento sobre este tema queda demasiado diluido en la Comisión de la Crisis Financiera con temas tan distantes como el Caso Bankia o el rescate financiero. El pueblo español no puede quedar desamparado ante los abusos de las élites financieras que, en el Caso Banco Popular, provocó la ruina de más de 305.000 familias que no son grandes especuladores sino trabajadores, empleados del banco, pensionistas, autónomos o pequeños empresarios, gentes que confiaban en su banco y que tenían invertidos sus ahorros.
En segundo lugar, una de las primeras decisiones que debe adoptar el ministro o ministra de Economía que elija el presidente Pedro Sánchez debe ser entrar directamente en el Caso Banco Popular y comenzar a actuar. Tiene la obligación moral, ética y democrática de hacer públicos todos los documentos que se encuentran en posesión de los organismos dependientes de Economía, documentos publicados sin ningún tipo de censura porque de ellos depende que los afectados puedan ejercer su derecho a una defensa efectiva. Un Gobierno ni sus instituciones independientes no puede permitir que su pueblo quede indefenso ante los tribunales.
Por otro lado, el nuevo o la nueva ministra de Economía debe iniciar una investigación interna, con sus propios medios y, si es posible, con el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de todos los movimientos que se realizaron desde el mes de junio de 2.016 a junio de 2.017 en Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o FROB para dilucidar, en primer lugar, las posibles responsabilidades de estos organismos en la operación del Banco Popular y, en segundo lugar, si se produjo una transferencia de información privilegiada hacia otras instituciones públicas en los días previos a la intervención y que presuntamente fueron fundamentales para la retirada de depósitos por valor de 14.000 millones de euros, algo que afectó directamente a la liquidez del Popular.
En otro orden de cosas, el presidente Pedro Sánchez expuso un programa social en su discurso de la moción de censura. Entre las primeras medidas a adoptar debería estar de manera prioritaria la derogación de las reformas laborales de Zapatero y M. Rajoy porque eso también afectaría a los empleados del Banco Popular que están con la espada de Damocles sobre sus cabezas porque el Santander tiene previsto aplicar un ERE salvaje para antes de final de este año en el que, según adelantó Diario16, podría certificarse la destrucción de 6.000 puestos de trabajo.
Fuentes de los trabajadores del Popular consultadas por Diario16 nos confirman que tienen esperanza en el nuevo Gobierno del presidente Pedro Sánchez en lo referente a la reforma integral de las políticas laborales de este país. No es entendible que, tras haber pasado los momentos más duros de la crisis, se sigan manteniendo las dos reformas laborales que eliminaron derechos de la clase trabajadora y que han llevado a la situación de precariedad máxima por la que España ya ha sufrido un duro toque de atención por parte de la Comisión Europea. Las clases empresariales que tan bien han vivido durante el Gobierno de M. Rajoy ya se han dirigido al nuevo presidente para que no se modifiquen los privilegios que han atesorado y que han derivado en decisiones que iban en contra de la clase trabajadora. El Grupo Santander no es una excepción en este nerviosismo y la derogación de las dos reformas laborales frenarían negociaciones que están en curso y que, en el caso de los trabajadores del Popular, terminarían con acuerdos poco satisfactorios para los empleados.
Actualmente, en el Grupo Santander están en marcha negociaciones sobre la homologación de condiciones, la modificación de condiciones sustanciales en el contrato de trabajo atendiendo al actual artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que pretenden imponer una jornada partida, además del pretendido y previsto ERE a la plantilla de la red son contenidos que necesariamente se verían afectados en caso de derogación de las reformas laborales.
Pedro Sánchez ha despertado la esperanza entre los trabajadores del Banco Popular, por lo que el nuevo presidente debe aplicar unas políticas laborales que generen justicia social, justicia en el mundo del trabajo y justicia económica. Pedro Sánchez debe lograr algo que es fundamental para recuperar la igualdad democrática basada en la máxima de que la riqueza que generan los trabajadores debe ser justamente distribuida haciéndoles partícipes de esa tan cacareada recuperación económica.
El presidente Pedro Sánchez tiene la obligación política, ética y moral de entrar de lleno en el Caso Banco Popular para que las amenazas y los miedos cambien de bando. Señor Presidente, si quiere obtener un millón de votos, sólo tiene que hacer justicia.
