Una jueza andorrana está investigando los manejos de medio centenar de exdirigentes venezolanos que se enriquecieron gracias a la corrupción en las empresas nacionales de la República Bolivariana y a empresas españolas que facilitaron y facilitan estas operaciones presuntamente corruptas. Durante años estas personas con altos cargos dentro de la administración se aprovecharon de su cercanía y asociación con ministros como Rafael Ramírez para intermediar en operaciones mil millonarias con empresas españolas para lograr el cobro de comisiones que terminaron por generar grandes fortunas. Sin embargo, dentro de esos variables, que podrían ser absolutamente legales se incorporaron pagos, que se salían de esos canales habituales en las relaciones empresariales. Un ejemplo de ello, tal y como hemos contado en Diario16, lo podríamos encontrar en la epecista asturiana Duro Felguera respecto al pago de comisiones al venezolano Nervis Villalobos por su intermediación con el gobierno para que lograran un macro contrato. Sin embargo, hay un 0,5% de esas comisiones que no está registrado en las cuentas de Duro. Lo mismo ocurrió con empresas del sector energético, del sector agrícola, del sector inmobiliario —como el holding Essentium que construyó miles de viviendas en Venezuela—, o del sector de los medios de comunicación
El mismo modus operandi es el que realizaron muchos de los que, principalmente a la sombra de Rafael Ramírez, lograron enriquecerse gracias a la corrupción. Miles de millones de dólares salieron de Venezuela, miles de millones que fueron hurtados al pueblo venezolano para que unos cuantos puedan pasearse por la Milla de Oro madrileña comprando en las tiendas más caras artículos al alcance de muy pocos y realizando negocios que les permiten, entre otras cosas, blanquear ese dinero que salió de Venezuela.
¿Cómo llegaron estos venezolanos a hacerse millonarios? Diversos testimonios recogidos por Diario16 de importantes empresarios españoles con intereses en Sudamérica que hicieron algún tipo de negocio con esta gente coinciden en que el modelo de actuación era siempre el mismo. Empresas y ejecutivos españoles contactaban con ellos para ofrecerles un negocio de interés para su sector en Venezuela, siempre poniendo como paraguas la figura de Ramírez en su calidad de ministro y de presidente de PDVSA. Ahí empezaban a funcionar una red de empresas interpuestas y negociaciones que en muchos casos no se fructificaban. En estas reuniones se realizaban en presencia de abogados, asesores que también lo eran de la propia petrolera estatal venezolana, intermediarios y socios de Ramírez, algunos de ellos familiares como es el caso de su cuñado Baldo Sansó. Entre los asesores e intermediarios también nos encontramos con españoles que eran los que presuntamente organizaban la red para el traspaso del dinero de las correspondientes comisiones que, evidentemente, salían del total de los contratos firmados, es decir, del dinero de todos los ciudadanos de la República Bolivariana. Estos intermediarios y empresas, en muchos casos españolas, actuaban tanto de cara a los intereses venezolanos como asesorando a estos empresarios españoles, es decir, que jugaban una doble baraja que les permitía cobrar una doble comisión por sus servicios. Por lo tanto, la corrupción no se daba sólo en el lado venezolano sino también en las sociedades intermediarias españolas.
Lo habitual, sin embargo, era que esos primeros negocios no fructificaran pero que abrieran la puerta para que todos los que se estaban enriqueciendo con las comisiones de los que sí se cerraban —lo habitual era que fueran los de un precio más elevado, lo que incrementaba los variables— siguieran en contacto con estos empresarios para comprar empresas o para entrar en el accionariado de sociedades españolas de todos los sectores, a pesar de que estas personas no tuvieran experiencia alguna en la gestión de esos negocios. El objeto de todo ello no era otro que buscar un nicho en el que poder invertir el dinero que estaba saliendo de Venezuela.
Así ocurrió con un importante empresario de los medios de comunicación. En primer lugar, le hicieron una propuesta para comprar un importante diario venezolano, El Universo, operación que no llegó a buen puerto pero que les sirvió a algunos de los socios de Ramírez de entrada para comprar la participación mayoritaria de una de las sociedades de este empresario. Una vez que lo hicieron, se llevaron la sociedad a un paraíso fiscal desde donde operar con mayor tranquilidad a pesar de que la actividad continuaba desarrollándose en España y generando pérdidas millonarias. Mientras tanto, el abogado venezolano que compró esa participación mayoritaria, con la ayuda de empresas de capital riesgo e inversión españolas, montó empresas de otros sectores, como el del ocio y el fitness, además de invertir en activos inmobiliarios de alto nivel en los distritos madrileños de Retiro y Salamanca.
Estos corruptos venezolanos —y españoles en el caso de las sociedades intermediarias— están viviendo y operando en España a través de países considerados durante mucho tiempo como paraísos fiscales. De ahí la investigación de la jueza andorrana respecto al dinero depositado en la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco que ya estuvo investigado por el caso del Banco Madrid y en el que fue imputado Nervis Villalobos, a pesar de que su caso fuera archivado. Como ya advertimos en Diario16, la situación en prisión del ex viceministro de Energía de Venezuela está en el límite y ya ha confirmado que está dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para, en principio, exponer al ministerio público todos los movimientos de los venezolanos corruptos, cómo entra y sale el dinero de España, para qué se utiliza dicho dinero, cómo se canaliza y las empresas que intermedian o asesoran en el ciclo del dinero, qué empresas han llegado a acuerdos con estos venezolanos y han pagado comisiones no declaradas, cuánto dinero se utiliza para financiar a la oposición a Nicolás Maduro, las relaciones entre los dos partidos políticos de la derecha española con estos venezolanos corruptos, su presunto papel de agente doble, sus relaciones con empresarios de distintos sectores, incluido el mediático, como López del Hierro, y un largo etcétera. Alguna de estas sociedades españolas que intermediaron con PDVSA o con el entorno societario de Rafael Ramírez, según ha tenido conocimiento Diario16, están siendo investigadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la Justicia en referencia a sus administradores.
Por otro lado, estos corruptos venezolanos que operan desde España disponen de protección política. El propio Rafael Ramírez, tal y como informó Diario16, pasaba temporadas en Ávila con un alto tren de vida y manteniendo relaciones con empresarios y políticos abulenses del PP. Además, el propio líder de Ciudadanos es cliente habitual del gimnasio propiedad de un abogado y socio de Ramírez.
Con esta situación, ¿cómo es posible que ni la Justicia ni las Fuerzas de Seguridad del Estado hayan actuado contra estas personas? ¿Cómo es posible que las decenas de querellas y demandas que hay en los Juzgados españoles contra ellos estén siendo ralentizadas, a pesar de haber sido admitidas a trámite? ¿A quién le interesa que estos venezolanos corruptos sigan en España operando? ¿Beneficia a la economía española? Desde luego, no, más bien perjudica a la imagen del país y de nuestra economía.
