Según los documentos a los que ha levantado el secreto el juez Fernando Andreu y a los que ha tenido acceso Diario16, la Junta Única de Resolución, dentro de su valoración del Banco Popular, afirmó que la salida de depósitos se inició en el mes de octubre de 2.016 cuando, en realidad, dicha fuga de liquidez se produjo a partir del día 1 de abril de 2.017, por lo que, la JUR ha manipulado la realidad del Banco para justificar la resolución de la entidad.
La disminución de la liquidez en octubre tuvo que ver con cuestiones cíclicas por cierre de ejercicio que se da en cualquier empresa o cualquier entidad financiera. A esto se le llama efecto escaparate. Hay que recordar que el Popular obtuvo mejores resultados en el primer trimestre de 2.017 que en el último de 2.016 ya que los créditos se habían reducido más que los depósitos.
Otro dato que desmiente lo afirmado por la JUR es que el 31 de marzo de 2.017 la ratio de liquidez del Popular excedía en un 80% el mínimo regulatorio.
Por tanto, nos hallamos ante otra causa de anulación de la operación causada por informes erróneos de la JUR sobre los que se soportó la decisión de intervenir al Popular para entregárselo al Santander por un euro. Por tanto, ahora que, en su despedida, el juez Andreu ha tomado la decisión de levantar el secreto sobre una documentación que tanto el BCE como el Santander pretendían que se mantuviera oculta, ha llegado el momento de que los despachos de abogados sin ningún tipo de conflicto de interés soliciten formalmente y con documentación la anulación de toda la operación y que sea el banco presidido por Ana Patricia Botín, quien se haga cargo de la devolución del dinero de las más de 305.000 familias arruinadas por una decisión que se adoptó con datos erróneos, falsos o manipulados.
En otro orden de cosas, el análisis que está realizando el equipo de investigación de Diario16 de una parte de los documentos liberados por el juez Andreu, señala que, en primer lugar, datos y documentos que este medio ya hizo públicos hace un año; en segundo término, que la opacidad mantenida por instituciones y empresas implicadas no tenía otro fin que ocultar una serie de irregularidades cometidas, tanto en España como en Europa, con la finalidad de implementar una operación diabólica que ha costado la ruina a más de 1,5 millones de personas. Seguiremos informando.
