La Inspección de Trabajo ha puesto en marcha su maquinaria para investigar el caso de los supuestos falsos autónomos de Mapfre, la compañía multinacional de seguros que cotiza en el Íbex 35. En las próximas semanas, inspectores de una unidad especial con sede en Madrid visitarán cerca de 3.000 sucursales de la compañía en todo el país y su actuación tendrá una consecuencia inmediata: todo aquel contrato mercantil que detecten y que enmascare una relación laboral por cuenta ajena será regularizado de oficio y de inmediato previo levantamiento de un acta, según ha podido saber Diario16 por fuentes próximas a la investigación. La actuación de los inspectores de Trabajo se produce tras las denuncias que ha interpuesto Liberados de Mapfre (LM), la asociación de trabajadores despedidos por la compañía que ha decidido denunciar la existencia de miles de falsos autónomos en esta empresa puntera del sector seguros en España.
Por su parte, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha pedido sanciones efectivas contra las empresas que contraten falsos autónomos, ya sea directamente o a través de falsas cooperativas, según se desprende de su reciente informe Observaciones UPIT al plan director por un trabajo digno 2018-2020 impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado verano. Según UPIT, los falsos autónomos son trabajadores por cuenta ajena que han sido expulsados del sistema de protección del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es decir, miles de asalariados que sufren las consecuencias de la “protección institucional” que han tenido estas prácticas abusivas permitidas en los años del PP, sobre todo tras la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy que certificó la defunción de los derechos laborales al dejar todo el poder de contratación en manos de las empresas.
La contundente conclusión de los inspectores progresistas se ve avalada por el caso de los supuestos falsos autónomos destapado por Diario16 tras los testimonios de LM, la asociación que ha llevado a la Inspección de Trabajo decenas de denuncias de agentes de seguros y delegados de más de 3.000 sucursales en todo el país.
Según UPIT, las medidas de modificación de la LETA (Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo) que se tomaron recientemente, pese a haber supuesto “una pretensión de mejora” de las condiciones de los trabajadores autónomos, “tienen un impacto negativo al favorecer su exclusión”. Así, la tarifa plana sería un incentivo, no para iniciar actividades por cuenta propia, sino “para facilitar la conversión de trabajadores por cuenta ajena en falsos autónomos”. Las facilidades para la cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomos constituyen en realidad, según UPIT, “un ataque al sistema, que se sostiene con los cotizantes asalariados y que brinda prestaciones no proporcionales a la cotización”. En definitiva, la asociación de inspectores progresistas sugiere que toda empresa que apueste por la modalidad de los falsos autónomos para ahorrarse tener que pagar los impuestos de Hacienda y Seguridad Social y enmascarar a trabajadores por cuenta ajena empobrece la economía de un país y avala las políticas neoliberales que durante años ha promocionado el PP.
Y no solo eso. Estamos ante un inmenso fraude laboral, probablemente el mayor que se haya detectado nunca en nuestro país, y que podría afectar a más de 200.000 trabajadores que a fecha de hoy funcionan como “falsos autónomos”. Solo en la compañía Mapfre trabajan cerca de 50.000 empleados, miles de ellos mediante contrato mercantil (no por cuenta ajena), según las denuncias de LM. “Nuevamente se financia a cargo del sistema público una ventana de fraude empresarial que socializa indebidamente sus costes: salariales, de Seguridad Social, de prevención, de indemnizaciones, etc.”, advierten los inspectores progresistas. Los falsos autónomos se han extendido como un cáncer en sectores tan dispares como transportes, seguros y medios de comunicación, pero también en la sanidad, la enseñanza, las telecomunicaciones, la construcción o las empresas manufactureras o de servicios. No obstante, “las actuaciones inspectoras, hasta ahora, se han circunscrito a casos de denuncia, pero no se han planificado sectorialmente y en todo el territorio nacional para extenderlas”.
Para UPIT sería “urgente” establecer como prioritarias “actuaciones planificadas, sectoriales, globales y con criterios comunes”. Es decir, se trataría de lanzar inspecciones masivas en amplios sectores laborales para detectar falsos autónomos, algo que ya va a hacer la unidad especial del Ministerio de Trabajo que se ha hecho cargo del caso Mapfre. “El papel de coordinación (en su caso de la Dirección Especial) es esencial a este respecto. Una atención específica debería dedicarse a poner de manifiesto que bajo la capa de la economía social se ha excluido del Derecho del Trabajo a multitud de trabajadores”, añade el informe de UPIT.
Otro punto que denuncian los inspectores progresistas es la economía colaborativa, que esconde otro inmenso fraude de falsos autónomos. Socialmente se confunde la asociación libre y democrática para cooperar en el trabajo con la condición formal de socio de una cooperativa que, como se ha empezado a demostrar, no es sino “una forma de desposeer a los trabajadores de todos sus derechos”. A este respecto, el trabajo coordinado de la Inspección con la Dirección General de Economía Social para la desclasificación de las cooperativas fraudulentas es esencial, según UPIT. Para la Unión Progresista debería establecerse en todo caso “la obligatoriedad de extender sanción a las empresas que empleen a falsos autónomos, falsos cooperativistas, falsos becarios, etc., bien por la aplicación del tipo de falta de alta, bien mediante un nuevo tipo referido a encuadramiento indebido”.
Por último, los inspectores creen que con los instrumentos legislativos actuales (artículo 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores) es “perfectamente posible hacer frente a estos abusos”. Solo haría falta una acción “decidida” del poder público, incluida la consolidación de la jurisprudencia que se va conociendo. Además, intentar introducir nuevas figuras legales o supuestos “intermedios” o “a medida de sectores económicos”, como se ha hecho con los falsos autónomos, sería “contraproducente”. “La infausta experiencia de los TRADE ya ha sido bastante aleccionadora”, recuerda UPIT.
