La historia y la hemeroteca nos muestran cómo el Santander ha gozado de una presunta impunidad en los tribunales españoles que lo ha liberado de asumir responsabilidades judiciales a lo largo de las últimas décadas, tanto en el ámbito económico como en el penal. En este medio ya hemos dicho que, presuntamente, en el Caso Banco Popular está ocurriendo lo mismo. Ya informamos en Diario16 cómo el Santander pretende que la jurisdicción se traslade a Europa porque, según sus servicios jurídicos, la decisión de la intervención la tomó la JUR y, por lo tanto, deberían ser los tribunales europeos ante quienes los afectados tendrían que reclamar. La propia Audiencia Nacional, en referencia a los recursos contencioso-administrativos parece que puede adoptar esa estrategia puesto que ya ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la conveniencia de esperar a la resolución del TJUE antes de actuar respecto a los recursos interpuestos y admitidos a trámite contra la decisión de intervenir el Banco Popular. Esta es una de las estrategias que está utilizando el Santander, desviar la atención tanto de bufetes como de afectados hacia Europa y, de este modo, desviar el foco, tanto de la Justicia como de los propios afectados hacia aspectos que nada tienen que ver con la realidad de lo que ocurrió.
Distintos juristas consultados por Diario16 nos confirman que es la primera vez que, ante un requerimiento de publicación de documentación por parte del TJUE, una institución europea no se atenga a lo dispuesto por el Alto Tribunal que instó a la JUR a publicar los informes sobre los que se asentó la decisión de intervenir al Popular antes del día 15 de enero, algo que aún no ha hecho.
Por otro lado, el Grupo Santander pretende que las actas del Consejo de Administración sean censuradas porque el «carácter reservado de la información contenida en las actas del Consejo de Administración del Banco Popular es indudable […] Para ello interesamos que se proceda a realizar un procedimiento de expurgo de estas actas». La Audiencia Nacional ha aceptado ese requerimiento que afecta directamente tanto a los afectados, que tienen un menor acceso a información vital, como a los imputados porque se vulnera su derecho a una defensa justa. En referencia a esto, el Grupo Santander defiende su petición a la Audiencia afirmando que lo que se quiere proteger son los acuerdos firmados con Allianz, Credit Mutuel o Värde. De todos modos, el Santander puede estar tranquilo en referencia a la transparencia que solicitaba en la presentación de resultados la propia Ana Patricia Botín ya que haremos públicos esos documentos para que los afectados dispongan de esa información de cara a defender sus intereses.
Sin embargo, estamos ante un nuevo ejemplo, y ya se cuentan por decenas, de cómo la Administración de Justicia presuntamente se pliega a las pretensiones del Santander e, indirectamente, se mantiene la presunta impunidad ante las leyes de la entidad cántabra. La decisión de la Audiencia Nacional de expurgar y censurar las actas del Consejo de Administración del Banco Popular es un modo de proteger a los dictadores privados en vez de al pueblo que, en realidad, es su principal función. La realidad es que esa previa censura de esos documentos lo que permite es que el Santander se proteja a sí mismo sin necesidad siquiera de pagar minutas a Uría y Menéndez.
Por otro lado, el FROB ha acusado al Santander de ser el responsable de la no publicación de esos resultados y la propia Elke König afirmó en el Congreso de los Diputados que pediría permiso al Santander para publicar la documentación. ¿Tienen que pedir permiso instituciones como la JUR, el BCE o la Comisión Europea a una empresa privada para publicar una información que es vital para más de 305.000 familias? La realidad es que las leyes de transparencia afirman que hay obligación de consultar, pero las instituciones pueden publicar los informes cuando quieran, por tanto, el FROB podría publicar todos esos documentos cuando quisiera. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué ocultan? ¿Exponen de manera cruda que la intervención del Popular fue la culminación de la operación de rescate del Santander? ¿Por qué se está obligando a un medio de comunicación como Diario16 a asumir funciones que les corresponden a las instituciones públicas? Demasiadas preguntas que no encuentran respuesta porque lo importante es «proteger al Santander».
