El Congreso de los Diputados debería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular y en su caso controlar las actividades docentes que los jueces llevan a cabo fuera de su horario de trabajo, como los cursos de Derecho bancario y tributario que algunos magistrados del Alto Tribunal imparten en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). Así lo creen al menos expertos juristas como Joaquim Bosch, ex portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). “Estéticamente no es positivo que den esos cursos, pero éticamente tampoco; yo creo que se tendría que regular, por el principio de imparcialidad, que los magistrados no puedan llevar a cabo actividades que formalmente puedan provocar sospechas”, asegura Bosch. “Es evidente que un presidente de sala del Tribunal Supremo no tiene ninguna necesidad, ni económica ni profesional, de dar estas clases, y por ello puede quedar contaminado al percibirse así por alguna de las partes del proceso. Por ello creo que debería llegarse a otro tipo de regulación sobre cuáles son las actividades que pueden realizar los jueces”, insiste el responsable de JJpD.
Bosch considera que debería ser el Parlamento, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien regulara las actividades docentes de los magistrados del Supremo en el capítulo de las causas de incompatibilidad. “En el marco deontológico sí que existe una regulación que dice que los jueces, en sus actividades al margen de los tribunales, deben comportarse de manera que no se ponga en peligro su independencia y su imparcialidad. Pero no es suficiente con una regulación deontológica, sino que se hace preciso regular el régimen de incompatibilidad”, añade.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la responsabilidad de que los magistrados del Tribunal Supremo impartan clases remuneradas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, un centro patrocinado por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal de los banqueros. Tras ser requerido por Diario16, el departamento que dirige Dolores Delgado ha trasladado al Poder Judicial cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del hecho de que magistrados del Supremo tomen parte en cursos privados pagados por entidades financieras. “Hay que preguntar al CGPJ, de quien depende tanto la formación de jueces y magistrados como la acción disciplinaria que pudiera derivarse de su actuación”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia.
De esta manera el ministerio, y en consecuencia el Gobierno, se lava las manos en el asunto de los cursos para jueces organizados y pagados por la banca, una práctica que expertos en Derecho consultados por este periódico consideran “poco estética y poco ética”. Cabe recordar que varios magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, precisamente la que ha cambiado la doctrina del Alto Tribunal en la sentencia de las hipotecas para que sean los clientes y no los bancos quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, han dado clases de Derecho a los alumnos de Cunef.
Por su parte, el Colegio Universitario de Estudios Financieros ha rechazado facilitar cualquier tipo de información a Diario16 sobre sus cursos de Derecho impartidos por magistrados del Tribunal Supremo. Este periódico se ha puesto en contacto con Cunef, cuyas fuentes oficiales aseguran que “no vamos a dar información alguna sobre ese tema”.
Al menos cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han impartido clases en Cunef, según la agencia de noticias Colpisa. Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala, es uno de ellos. Fernando Román es otro de los juristas que ha tomado parte en los cursos de la banca. A la nómina se añaden otros dos juristas: Rafael Fernández Valverde, vocal del CGPJ también a propuesta del PP, y José Antonio Montero, que en abril del 2016 fue autorizado a participar como ponente en unas jornadas sobre reformas tributarias.
