El juez Fernando Andreu, quien hasta ahora parecía inactivo, ha comenzado a dictar autos en los que se reclaman miles de documentos a todas las entidades implicadas en la operación que terminó con la ruina de más de 305.000 familias. Esto ha puesto tan nerviosa a la entidad presidida por Ana Patricia Botín que se ha iniciado una aceleración de todos los procesos para la integración de Popular y Santander.
Hay un hecho que demuestra que este «pisar el acelerador» no es casual es la aceptación por parte de Andreu, a instancias del Fiscal Anticorrupción, de los documentos presentados el día 2 de noviembre por el presidente y editor de este medio, Manuel Domínguez Moreno. Esa documentación muestra aspectos, de los que nuestros lectores están al tanto, muy distintos de la operación que afectan directamente al propio Banco de Santander y que podrían dar un giro a la instrucción del Caso Popular no deseado por el banco presidido por Ana Patricia Botín. El hecho de que esos documentos hayan sido incorporados a todas las causas a petición de la Fiscalía Anticorrupción da un giro al proceso que el Santander no se esperaba porque rompe toda la estrategia judicial establecida por sus servicios jurídicos, entre los que se encuentra el bufete Uría y Menéndez, que pasaba porque todo se dirimiera en los tribunales europeos y, de este modo, sacudiéndose su responsabilidad.
El primer paso que han dado ha sido el de aplicar un ERE cruel en los Servicios Centrales en los que, tal y como hemos ido informando en Diario16, se han aplicado técnicas que hayan podido rozar la extorsión para que muchos de los trabajadores que no se habían adscrito al ERE voluntariamente lo hicieran y, de este modo, dar una imagen de que el proceso de destrucción de 1.100 empleos se realizó sin despidos forzosos, cosa que no ha ocurrido y que, tal y como reconocieron a este medio distintos trabajadores, esos despidos se aplicaron a quienes habiéndoseles ofrecido acogerse voluntariamente al ERE y se negaron.
El segundo paso que se ha dado en este proceso de aceleración de la integración ha sido el inicio del cierre de oficinas. El Santander ya ha comunicado 50 sucursales del Popular que se van a cerrar en Madrid tras la Semana Santa y que inicia todo el proceso de cierres masivos que finalizará con un nuevo Expediente de Regulación de Empleo que afectará a más de 5.000 trabajadores del Popular y que está previsto aplicar a finales de este año o, como muy tarde, en enero de 2.019. Además, para ir facilitando la selección de los que abandonarán la entidad intervenida se ha planteado por parte del Santander una serie de estructuras de cumplimiento de objetivos que, según fuentes de los empleados consultadas por Diario16, son leoninas.
El siguiente paso en esta aceleración de procesos lo ha dado el Santander al unificar los comités de dirección de Santander y Popular y dejar fuera a todos los antiguos responsables de la entidad intervenida. Aquí vemos cómo la propia Ana Patricia Botín ha roto su promesa de que todos los cambios se aplicarían utilizando una base en la que primaran los méritos profesionales en vez del origen de la persona. Como se ha podido ver con este movimiento, el criterio que ha adoptado el Santander ha sido el de colocar a los suyos eliminando a todo aquel que sonara a Banco Popular.
Volvamos al principio. La aceleración de estos procesos internos que en otros casos vividos en España tardaron años en aplicarse, no tiene otra lectura que, en primer lugar, eliminar la marca «Banco Popular» cuanto antes para utilizar su desaparición como un escudo ante la Justicia; en segundo lugar, la búsqueda de rentabilidad rápida de la operación que ya ha logrado con la venta a BlackStone del capital inmobiliario del Popular y de otros activos del banco y que a partir de ahora se centrará, principalmente, en la venta de las oficinas del Popular que, según Morgan Stanley, le reportaría una cifra entre 700 y 1.000 millones de euros, operación que, posiblemente, podría estar negociándose ya. El juez Fernando Andreu y el Fiscal Anticorrupción han puesto el foco en otro sitio que no es Europa, algo que es lógico puesto que todos los presuntos delitos que se pudieran cometer en la operación se perpetraron en España, y esta maniobra ha provocado más preocupación.
