No es la primera vez que el Santander utiliza el mismo modus operandi para hacerse con el control de una entidad financiera solvente como método de saneamiento de sus propias cuentas. Hace 25 años ya lo hizo con el Banco Español de Crédito (Banesto) tras la intervención del Banco de España. Hace un año se hizo con el Banco Popular por un euro. ¿Quién será el próximo? Sigan la pista del color azul. Veamos cómo convergen las dos operaciones en un mismo esquema.
En primer lugar, es de reseñar cómo los dos bancos eran claramente solventes y que tenían aprobadas u ofertadas diferentes operaciones de ampliación de capital, además de planes de saneamiento. El Consejo de Administración de Banesto había aprobado una ampliación de capital con JP Morgan, banco de inversión que consideraba a la entidad viable, una solvencia que sería mayor de haberse aplicado los distintos planes de saneamiento que estaban aprobados. En el Caso Banco Popular, tal y como hemos publicado en Diario16, existía un plan ambicioso aprobado por el Consejo de Administración en mayo de 2.016 que incluía una ampliación de capital y distintas medidas, como el Proyecto Sunrise, que, según los correos internos a los que ha tenido acceso este medio, tenía todas las bendiciones del Banco de España, del Banco Central Europeo y del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, pero que, una vez que Emilio Saracho fue anunciado como presidente del Popular en sustitución de Ángel Ron, fue desestimado por la Secretaría General del Tesoro de Emma Navarro. A todo esto hay que añadir las ofertas de ampliación de capital de Barclays y Deutsche Bank, las ofertas de compra de activos no estratégicos del Popular (WiZink y TotalBank) y los activos inmobiliarios que posteriormente fueron vendidos a BlackStone por el Santander.
En segundo lugar, vemos una coincidencia en los métodos en referencia a la creación de un agujero contable ficticio, a la pérdida de valor de la acción y a la salida de liquidez. En Banesto se creó por el Banco de España un supuesto agujero de 605.000 millones de pesetas de activos “dañados” para justificar la intervención, dinero que se recuperaría posteriormente casi en su integridad, tal y como declaró Juan Carlos Rodríguez Cantarero exsecretario del consejo de Banesto en declaración abril de 2.004 (Diligencias Previas 2424/1999 Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcobendas). Rodríguez Cantarero sería fulminantemente cesado como consejero de Banesto y en posterior declaración en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Getxo (diligencias previas 990/99) en 2006 volvió a reconocer la recuperación de la práctica totalidad del supuesto agujero. Por tanto, si se recuperó casi el 100% quiere decir que no había agujero.
En el Caso Banco Popular estamos oyendo constantemente hablar de agujeros en las cuentas del banco intervenido con el único fin de hacer ver cómo el Santander fue el salvador del sistema financiero español y europeo porque tuvo que hacer frente a una ampliación de capital de 7.000 millones. Sin embargo, tal y como hemos contado en Diario16, y dado que Santander trasladó a los medios que por la compra de Popular se producía una necesidad de capital para cubrir «los agujeros del Popular», nos encontramos con que en 2.017 la entidad cántabra tuvo que realizar un ajuste en su patrimonio enorme, de más de 8.000 millones de euros, a consecuencia de su exposición a las diversas economías en las que opera y que en realidad, lejos de aportar resultados al Grupo, le reducen su patrimonio en 8.000 millones. Por tanto, la ampliación de 7.000 millones lanzada “para comprar Popular”, tenía por destino compensar en parte el agujero causado por la exposición del Santander a las diversas economías afectadas por la fortaleza del euro. A todo esto, hay que sumar las salidas de liquidez del segundo trimestre que fueron las que realmente provocaron la caída del Popular —no el estado de las cuentas o la ampliación de capital—, las declaraciones de Elke König o las filtraciones de Saracho a la prensa que tenían como objetivo específico crear el pánico en el mercado y en los depositantes, tal y como ocurrió.
En tercer lugar, tanto en Banesto como en el Banco Popular hemos visto cómo el Santander presuntamente infiltró en las dos entidades a personas de su confianza con el único fin de conseguir informes detallados e información de primera mano a la que de otro modo le habría sido imposible acceder. En el Banco Español de Crédito el presunto topo fue Alfredo Sáenz con la más que posible colaboración del equipo designado por el Banco de España para la intervención. Tras la adjudicación de Banesto al Santander todos ellos formaron parte del equipo directivo y Sáenz fue nombrado presidente; se repartió entre todos los comisionados el 1% de las acciones de Banesto y el Gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, sería nombrado posteriormente consejero del Santander. ¿Se le facilitó información al Santander que hizo que su oferta fuera manifiestamente superior a la del BBVA?
En el Banco Popular los presuntos topos fueron el propio Saracho, quien ya anunció en los últimos días de verano de 2.016 que volvía a España para presidir el Popular, y, por supuesto, el despacho de cabecera del Santander, Uría y Menéndez, quien fue contratado por el sustituto de Ángel Ron sin tener poderes para ello y que, a través de ese contrato de «asesoramiento» tuvo acceso directo a los datos del Popular, hecho que se vio reflejado en la presentación al mercado y a la CNMV por parte del Santander de un análisis financiero de la operación apenas 23 minutos después de haberse hecho oficial. Al BBVA se le negó más información.
Otro aspecto que mimetiza las operaciones de Banesto y el Popular lo encontramos en la utilización de firmas «presuntamente» falsas o falsificadas. A.En Banesto la plica del Santander iba sin firmar por Emilio Botín, pero fue admitida por el Banco de España y se le adjudicó el banco. En el Popular, la declaración de inviabilidad fue presentada a través de un documento que llevaba una firma que «presuntamente» no es la de Emilio Saracho.
Por otro lado, tenemos el ataque sufrido por los antiguos gestores de las dos entidades. En Banesto se encausó a Mario Conde, Arturo Romani, Fernando Garro o Rafael Pérez Escolar, entre otros, por todos los delitos posibles para tenerlos distraídos y preocupados. En el Caso Popular se está tratando de que todas las acciones penales se dirijan contra Ángel Ron y los miembros de su consejo de administración en vez de contra el Santander.
Finalmente, vemos que, tanto en la operación Banesto como en la del Popular, los perjudicados son los accionistas y el BBVA quedó como «el pardillo».
