La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) ha solicitado cuatro años de prisión para los directivos del Banco de Valencia (BdV) por un agujero de casi 30 millones de euros ocasionado a la entidad financiera en la adquisición de un paquete de acciones de Costa Bellver, la promotora urbanística vinculada a la familia Calabuig. Apabankval reclama la misma pena de cárcel para los hermanos Calabuig: Eugenio –gerente de la constructora Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), cabecera del holding familiar, y de Aguas de Valencia/Global Omniun–, y sus hermanos Enrique, Celia, Pedro y María Mercedes, a los que considera cooperadores necesarios al haberse supuestamente lucrado con la venta de las acciones a un precio muy superior al de mercado.
La petición de penas de cárcel que realiza Apabankval es mucho más dura que la solicitada por Bankia, también personada como acusación particular en la causa como parte damnificada, que solo ha pedido 2 años de prisión para los implicados. Además, mientras Bankia reclama la restitución del dinero perdido, unos 28 millones de euros, los pequeños accionistas exigen indemnizaciones por importe muy superior: más de 70 millones por varios conceptos.
Con esta petición Apabankval, personada como acusación particular en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se suma a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido la apertura de juicio oral contra la cúpula directiva del Banco de Valencia al considerar que existen indicios de administración desleal en la compra de acciones de Costa Bellver a precios inflados.
El escrito de los pequeños accionistas afectados por el supuesto desfalco se dirige contra los directivos de la entidad, Domingo Parra y Aurelio Gómez, para quienes solicita cuatro años de prisión, mientras que para José Cortina y Manuel Setién reclama dos años en concepto de cooperadores necesarios.
Apabankval considera probado que Parra actuó al mismo tiempo como representante del BdV –director general y consejero delegado– y como consejero de la sociedad Inversiones Financieras Agval (IFAGVAL), sociedad vinculada al grupo Aguas de Valencia, propiedad de los Calabuig. Durante el tiempo en que el acusado ejerció ambos cargos de forma simultánea se llevó a cabo una operación irregular. Pedraz investiga si el Banco de Valencia concedió un préstamo a la empresa Aguas de Valencia para que comprara acciones de Costa Bellver, también propiedad de los Calabuig. Tras adquirir los títulos y revenderlos al Banco de Valencia a un precio exagerado, los Calabuig generaron unas plusvalías muy superiores al precio que habían pagado inicialmente por cada acción de la empresa. Así, la familia castellonense, “a través de ellos mismos y de Fucsa, adquirieron un total de 612 acciones de Costa Bellver por un importe de 18,7 millones de euros, lo que supuso que se pagó cada acción a un precio medio de 30.896,25 euros”. Sin embargo, el 29 de mayo de 2009 IFAGVAL, representada por el acusado Domingo Parra, en calidad de secretario del Consejo de Administración de dicha entidad, compró 594 acciones de Costa Bellver por importe de casi 50 millones de euros (84.088 euros por acción), que el BdV pagó mediante cinco cheques a favor de los hermanos Calabuig.
Domingo Parra, como representante del Banco de Valencia y consejero de IFAGVAL, estaba obligado a cumplir con la normativa de su banco pero según los accionistas perjudicados no lo hizo. “Una vez recibida, analizada, verificada y proyectada financieramente la oportunidad de inversión y realizadas las negociaciones con el empresario en cuestión”, debió someter la compraventa de acciones a la aprobación del Consejo de Administración del banco valenciano, “sin que conste que el acusado presentara esta operación para que fuera aprobada, incumpliendo la normativa interna del BdV”.
Se calcula que la entidad financiera desembolsó un precio 195 veces superior al pagado por Fucsa y los Calabuig, “sin que se haya acreditado una causa que justificara ese aumento de precio de la acción y especialmente en una situación general de crisis inmobiliaria”. De esta manera se benefició de forma fraudulenta a la empresa vendedora, al transmitirse el paquete accionarial a IFAGVAL por un valor de 84.088 euros por acción, cuando los Calabuig las habían adquirido tres meses antes por un valor medio de 30.664 euros por participación.
Mediante dichas operaciones, aprobadas también por el Consejo de Administración de Aguas de Valencia, se beneficiaron económicamente y de forma injustificada los hermanos Calabuig y la empresa Fucsa, ocasionando un perjuicio económico a IFAGVAL y también al BdV, que ha sido evaluado pericialmente en casi 5,5 millones de euros. “Los acusados, Domingo Parra, como director y consejero delegado de BdV, y Aurelio Izquierdo, como director general de Bancaja, beneficiaron a los acusados y hermanos don Eugenio, doña Celia, doña Mercedes, don Pedro y don Enrique Calabuig Gimeno y a la empresa Fucsa, que obtuvieron unas ganancias con la venta de acciones de Costa Bellver que de otra forma no hubieran conseguido, causando los acusados un perjuicio económico, ya concretado en párrafos anteriores, a las entidades financieras que representaban y todo ello con el auxilio imprescindible y conocimiento de los hermanos Calabuig”, asegura el escrito de acusación particular.
Apabankval es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 2011 con el fin de defender los intereses de los pequeños accionistas del Banco de Valencia no pertenecientes al Consejo de Administración.