En las quinielas sobre la próxima composición del máximo órgano de gobierno de los jueces se estaba barajando esa posibilidad, que Manuel Marchena, actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, fuera su próximo presidente.
De esta forma se solucionaba su posible contaminación de cara a la cuestión catalana y se abría la puerta a otras posibles soluciones, sobre todo después de que la jueza Lamela – defensora de sustituir la imputación del delito de rebelión por el de sedición – hubiera sido nombrada por el CGPJ magistrada también de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
Como presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la posición de Manuel Marchena en el asunto catalán era ya muy discutida. Al proceder de la carrera fiscal, su falta de experiencia como juez ha sido precisamente su talón de Aquiles.
Lo que más ha marcado la actuación profesional de Manuel Marchena como Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha sido concretamente su inexperiencia en la carrera judicial. No tuvo en cuenta que si bien los fiscales no pueden ser recusados si concurre en ellos causa de abstención, los Magistrados sí que pueden serlo.
Y ha sido esta falta de previsión acerca de la posibilidad de su propia recusación lo que le llevó a descuidar en las Normas de Reparto la composición de las Salas para las distintas materias, cometiendo la ligereza de incluirse como Presidente en todas ellas.
La contaminación es el motivo estrella de las causas de recusación de los jueces y magistrados, y su evitación es además garantía de la imparcialidad del Juez.
Es principio fundamental de un juicio justo el que se preserve la independencia e imparcialidad de los jueces que han de juzgar, impidiendo sus prejuicios y separando las funciones de instruir y de sentenciar.
Y si eres el Presidente de la Sala de los Recursos de Casación, de la Sala de los Recursos de Revisión, y de la Sala de las causas especiales para aforados, las posibilidades de que te toque todas esas papeletas son del 100%, con lo que la nulidad de pleno Derecho está servida.
Por esa razón la posición de Manuel Marchena en el asunto catalán estaba ya muy comprometida, teniendo en cuenta además que él fue el muñidor intelectual de todo el entramado procesal para imputar el delito de rebelión a los encausados por el procés, llegando a convencer incluso al anterior fiscal del Estado, José Manuel Maza, que, según se deduce de las primeras entrevistas que concedió a los medios, no lo tenía tan claro.
Por esa razón, cuando el bofetón de los jueces alemanes parecía que iba a desmontar la tramoya jurídica en torno al delito de rebelión, Lesmes acudió en ayuda del Tribunal Supremo ofreciendo una alternativa jurídica a la calificación del proceso independentista como delito de sedición, mediante el nombramiento de la Jueza Lamela como nueva magistrada de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Lo segundo fue disponer todo lo necesario para la sucesión del propio Lesmes al frente del CGPJ, que lo sería esta vez de la mano de Manuel Marchena, que así blindaría todos los procesamientos y evitaría además cualquier asunción de responsabilidad disciplinaria, e incluso penal, derivada de la instrucción del asunto catalán.
Su nombramiento como presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces estaría respaldado desde dentro por la mujer del juez Llarena, Gema Espinosa Conde, que ha sido propuesta por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura como candidata a una de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, para la próxima renovación de este organismo.
Sin embargo, el ‘asunto’ del nombramiento supuestamente ilegal de su hija como funcionaria en prácticas para su posterior acceso a la carrera fiscal colocaría a Manuel Marchena en una posición jurídica muy comprometida si fuera elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial, que podría verse imputado directamente por un supuesto delito de tráfico de influencias al verse favorecido, a través de su hija, por las consecuencias de otro supuesto delito de nombramiento ilegal de funcionario público en el que se vería implicada también Gema Espinosa Conde.
