¿Puede un país protegerse de los peligrosos fondos buitre? ¿Qué puede hacer un Estado acosado por el endeudamiento para escapar a las prácticas especulativas de estas siniestras corporaciones que acumulan ya tanto o más poder que el país más potente de la Tierra? En España sufrimos un vacío legal que permite que este tipo de gigantescas entidades financieras globalizadas inviertan, compren, vendan y, en general, hagan negocio con total impunidad a costa de la maltrecha economía nacional. La ausencia de una legislación apropiada permite que los fondos buitre puedan hacerse con importantes paquetes de acciones de bancos y empresas en crisis, prestar créditos al interés fijado por ellos, absorber grupos empresariales autóctonos y grandes promociones urbanísticas e incluso adquirir deuda soberana, hipotecando el futuro de nuestro país. La toxicidad de estas entidades ha quedado al descubierto tras la reciente resolución del Tribunal de Cuentas que ha condenado a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a su equipo de gobierno, por malvender casi dos mil viviendas públicas a varias sociedades vinculadas con el fondo buitre Blackstone. Como consecuencia, decenas de familias han visto cómo el precio de sus cuotas y alquileres se disparaba o eran directamente desahuciadas, infringiéndose así el derecho constitucional a una vivienda digna.
Mercedes Revuelta, portavoz de la Plataforma Contra los Fondos Buitre, recuerda que al menos 3,5 millones de viviendas vacías están en manos de los bancos en España. En ese stock se incluyen pisos de compradores desahuciados, gente que se hipotecó y no pudo terminar de pagar sus cuotas, promociones de constructoras quebradas, cientos de urbanizaciones sin terminar… “La inmensa mayoría de esas viviendas están pasando a manos de los fondos de inversión” −fondos buitre−, “porque los bancos tienen la obligación, dictada por los organismos europeos, de vender todo ese parque inmobiliario antes de enero de 2019”, asegura en una reciente entrevista en nuevatribuna.es.
Los fondos buitre son un auténtico cáncer para las economías nacionales, tal como demuestran los informes de la ONU. Los expertos de Naciones Unidas −que han advertido sobre las prácticas de riesgo de estas opacas entidades que actúan en la sombra, moviendo los hilos de las economías occidentales y de los países en vías de desarrollo−, aportan una serie de recomendaciones sobre las medidas que cualquier Estado debería adoptar antes de que un fondo buitre termine fagocitando todo su sistema económico y financiero. Una vez más, nos encontramos con que en España estas recomendaciones no se han puesto en práctica todavía ni se han incluido en nuestro ordenamiento jurídico como cordón sanitario ante las actividades especulativas de estas peligrosas organizaciones.
De entrada, los expertos de Naciones Unidas advierten de que los fondos buitre son “intrínsecamente explotadores”, puesto que tratan de obtener ganancias “desproporcionadas y exorbitantes” en detrimento del pleno ejercicio efectivo de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.
El Comité Asesor de la ONU recomienda a los Estados miembros que aprueben cuanto antes una legislación destinada a restringir las actividades “predatorias” de los fondos buitre dentro de su jurisdicción. Las leyes nacionales no deberían limitarse a los países miembros sino abarcar a un grupo más amplio de países y aplicarse a los acreedores comerciales que se nieguen a negociar toda reestructuración de la deuda. Las demandas interpuestas por los fondos buitre que sean “manifiestamente desproporcionadas” al monto inicialmente pagado para comprar la deuda soberana “no deberían tenerse en cuenta”, advierte la ONU. En ese sentido, las leyes de Bélgica y el Reino Unido proporcionan “valiosos ejemplos” a los otros Estados para la elaboración de leyes nacionales destinadas a limitar las prácticas de los fondos buitre.
La ONU es clara y rotunda en este aspecto, ya que aconseja a los países que adopten medidas para limitar los “litigios desestabilizadores” iniciados por los fondos buitre en su jurisdicción. Los tribunales o los jueces nacionales “no deberían hacer efectivos los fallos extranjeros” ni poner en práctica procedimientos de aplicación en favor de los fondos buitre que traten de obtener “beneficios desproporcionados”. “Es una buena práctica la de limitar el monto de las demandas de los fondos buitre al precio reducido pagado originalmente por los bonos”, avisa Naciones Unidas.
Además, se insta a los estados de la ONU a que “aumenten y promuevan la transparencia”, velando por que “se divulgue la identidad de los propietarios y los accionistas de los fondos buitre” y que estos sean sometidos a una “tributación apropiada”. Por otro lado, se debería garantizar “particularmente la transparencia en materia de deuda soberana en el mercado secundario”. Además, los tribunales y las autoridades nacionales competentes “deben tener acceso a todos los documentos pertinentes y a la información sobre los montos y la identidad de los acreedores que compran la deuda soberana de un país”.
Finalmente, los Estados como España −donde los fondos buitre ya han entrado con fuerza, poniendo en grave riesgo la independencia económica de nuestro país−, deberían “velar por que los órganos jurisdiccionales integren en sus prácticas el deber de evaluar en una etapa preliminar la buena fe de las demandas de los fondos buitre”, así como la condición del demandante, “exigiendo la divulgación de los detalles de la deuda”.
Por último, España debería vigilar que el principio de buena fe quede “adecuadamente reflejado en la legislación nacional y sea aplicado por los tribunales nacionales en relación con los litigios relativos a los procesos de reestructuración de la deuda soberana, disponiendo que los acreedores abusadores no disfruten de un trato mejor que los acreedores cooperativos que actúen de buena fe”.
La ONU recuerda que las actividades especulativas de los fondos buitre, como tratar de obtener el reembolso de la totalidad de la deuda soberana de un Estado que ha suspendido sus pagos o está por hacerlo –tal como suelen hacer estas poderosísimas entidades multinacionales– suponen un “objetivo ilegítimo”. Lamentablemente, ningún gobierno se ha atrevido a legislar todavía en España para protegernos contra estas corporaciones capaces de comprar países enteros.
