El Ministerio de Justicia ha decidido encomendar al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante el tribunal de instancia de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y 4 exconsellers, contra el instructor de la causa del procés.
La demanda se basaba en unas declaraciones que hizo el juez Llarena el 23 de febrero en Oviedo, durante el desarrollo de una conferencia, en la que a preguntas de un periodista negó que los encarcelados fueran presos políticos, palabras que, según los abogados de los demandantes estaban «fuera de su jurisdicción» y que entendían que eran motivo suficiente para iniciar un procedimiento judicial contra el magistrado instructor a título personal.
«Yo no me referiré a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico penal, y que a pesar de eso, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos», afirmó.
A continuación, añadía: «No es el caso de lo que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados».
El Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado acaba de comunicar que: “una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato. El valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros”.
Según el Ministerio de Justicia, “una vez formalizado el contrato, el bufete Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo”.
Este comunicado se une a la polémica desatada por la posible falta de vigencia del Convenio con el que se quiere justificar los gastos por la defensa de Pablo Llarena, pues la Ley de Tasas promocionada por el ex Ministro del Partido Popular Alberto Ruiz-Gallardón supuso en la práctica la pérdida de vigencia del Convenio del 2010 suscrito entre el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y el Consejo General del Poder Judicial.
Y aunque el mismo Partido Popular suprimió años después la necesidad de que los jueces y magistrados pagaran tasas en sus pleitos y causas profesionales sin embargo el Convenio del año 2010 no se reactivó formalmente, y ahora sería necesario la celebración de un nuevo Convenio para restituir a los jueces y magistrados el derecho a ser defendidos por la Abogacía del Estado.
