La pobreza energética no es la única que se ceba con cientos de miles de personas en España cada año. La pobreza farmacéutica también mata, ya que más de dos millones de españoles no pueden adquirir las medicinas que necesitan debido a sus problemas económicos. Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias son las autonomías que lideran este penoso ranking, según datos del Barómetro Sanitario.
Según este informe, el 11,3% de los canarios, el 7,2% de los andaluces y el 6,3% de los valencianos dejan de comprar sus medicamentos debido al copago farmacéutico, la medida adoptada por el Gobierno de Rajoy en 2012 y que prevé que el usuario pague un porcentaje del precio de aquellos medicamentos que no están financiados en su integridad por el Estado a través de la Seguridad Social. Una vez más, pensionistas, parados y mujeres divorciadas con hijos a su cargo a los que sus exmaridos no pasan la pensión siguen siendo los colectivos más afectados por esta lacra que empeora la calidad de vida de mucha gente y que podría estar ocasionando cientos de muertes silenciosas cada año.
Sin embargo, y pese a la gravedad del problema, el Ministerio de Sanidad no ha hecho ningún intento por evaluar el impacto global que tiene sobre la salud nacional el hecho de que estas personas no puedan seguir los tratamientos farmacológicos que son prescritos por el médico y que en no pocas ocasiones son prioritarios para sobrevivir.
Los farmacéuticos viven cada día escenas dramáticas, personas que no pueden comprar el medicamento que les ha recetado su médico y que tienen que elegir entre comer a final de mes o seguir el tratamiento. Paradójicamente, pese a que nos encontramos ante una auténtica tragedia nacional que está siendo denunciada por oenegés y sindicatos sanitarios, de momento ningún gobierno ha lanzado un plan nacional contra la pobreza farmacéutica, una medida que se antoja de la máxima urgencia.
El copago de medicamentos en España va desde la subvención total de algunos fármacos para personas mayores que reciben pensiones mínimas y no contributivas hasta el 60% que pagan las rentas mayores de 100.000 euros. Los jubilados con menos de 18.000 euros anuales de pensión tienen un tope mensual de 8,23 euros de copago y los que cobran entre esta cantidad y 100.000 euros, un límite de 18,52 euros al mes. Entre los trabajadores, el copago farmacéutico es del 50% hasta los 100.000 euros de ingresos.
Desde ayer sábado más de 440 farmacias y 250 voluntarios participan en la duodécima Campaña de Medicamentos Solidarios de la ONG Banco Farmacéutico, una iniciativa que pretende recoger fondos para luchar contra la pobreza farmacéutica en España, según informa Televisión Española.
El papel de los trabajadores sociales a la hora de detectar a una persona en situación de pobreza farmacéutica es crucial, ya que miles de familias sufren este problema a diario en España. Mayores de 50 años, personas en situación de desempleo, pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos mentales o de tipo nervioso son los grupos más vulnerables. Pero además está apareciendo otro perfil de víctima de la pobreza farmacéutica que ha encendido todas las alarmas: un 20% de menores de 16 años afectados por los apuros económicos de sus padres tampoco pueden seguir el tratamiento médico. Con todo, parece obvio que nos encontramos ante un problema que precisa estudios más exhaustivos para determinar el alcance real del problema al que nos enfrentamos.
Según el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez, dos son los factores que han influido en el aumento de la pobreza farmacéutica en España: “el copago” y “el elevado precio de los medicamentos que imponen las empresas farmacéuticas”. “Desde que se instaló el copago farmacéutico en 2012, hemos pedido su derogación. Esta medida afecta especialmente a pensionistas y desempleados y puede llevarles a situaciones de pobreza”, señala Marciano Sánchez a TVE.
El decretazo del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 estableció diferentes franjas de copago en función de los ingresos. Las personas que percibieran pensiones no contributivas o mínimas estaban exentas del pago mientras que los pensionistas debían pagar el 10% con un máximo de 8,23 euros al mes en el caso de rentas de menos de 18.000 euros al año; el 10% con un límite de 18,52 euros mensuales para rentas entre los 18.000 y 100.000 euros; y el 60% y hasta los 61,75 euros al mes si ganan más de 100.000 euros al año.
En cuanto a las personas activas, el real decreto estableció que aquellos con renta inferior a 18.000 euros pagarían el 40% del PVP (precio de venta al público) de cada envase, sin límite mensual de gasto; los que tuvieran una renta de 18.000 euros y 100.000 euros pagarían el 50% del PVP; y los que tienen una renta igual o superior a 100.000 pagarán el 60% del PVP de cada envase.
