Israel demolió o incautó un total de 44 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania durante el mes abril, un incremento de 11 respecto al promedio mensual durante el primer trimestre de 2018 (33 estructuras). Así lo ha indicado la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el territorio palestino ocupado en un informe sobre las demoliciones y el desplazamiento de Cisjordania.
Sin embargo, dado que la mayoría de las estructuras no eran residenciales o no estaban habitadas, el número de personas desplazadas durante abril (13) disminuyó significativamente, mientras que el número de personas afectadas porque sus medios de sustento y servicios de acceso afectados (584) aumentó en comparación con el primer trimestre de 2018.
En el Área C, que está clasificada como tal por los acuerdos de Oslo de 1993 y que se encuentra bajo el completo control militar y administrativo israelí y representa más del 60 por ciento del área de Cisjordania, el número de estructuras demolidas o incautadas aumentó en abril casi 40 por ciento en comparación con el promedio mensual en los primeros tres meses de 2018. Un total de 13 comunidades se han visto afectadas, con 32 de las estructuras afectadas por falta de permiso y tres en el contexto de la construcción de carreteras.
En uno de los incidentes, el 9 de abril, las autoridades israelíes desmantelaron y se incautaron de una escuela compuesta por cuatro aulas en la aldea de Khirbet Zanouta, en la región de Hebrón. El mobiliario escolar, así como dos letrinas móviles y tres tanques, de agua también fueron confiscados. Cuatro tiendas de campaña que se erigieron después del incidente para reemplazar temporalmente las aulas se demolieron el 15 de abril.
La escuela estaba dirigida por la Autoridad Palestina y atendía a 24 niñas y niños desde educación infantil hasta el 6 ° grado. En años anteriores, las autoridades israelíes habían seguido la demolición de toda la aldea citando la necesidad de preservar un sitio arqueológico cercano.
También este mes, en la comunidad beduina palestina de Jabal al Baba, en la región de Jerusalén, los residentes se vieron obligados a desmantelar una caravana tras una advertencia de confiscación por parte de las autoridades israelíes. La caravana se instaló unas semanas antes con fondos de donantes y sirvió como escuela infantil y como un centro para mujeres. Además, una vez a la semana, funcionaba como una clínica.
El día 25 de abril el Tribunal Superior de Israel celebró una audiencia sobre el destino de otra comunidad beduina en la misma zona, Khan al Ahmar Abu al Helu. Durante la sesión, las autoridades reafirmaron su intención de reubicar a toda la comunidad a un sitio cercano, Al Jabal, mientras que el Tribunal sugirió que no se pronunciará en contra de dicha reubicación, a pesar de la objeción de los residentes. Se espera una decisión final en el futuro cercano.
La comunidad incluye una escuela primaria que también atiende a los residentes de cuatro comunidades beduinas cercanas. Hay al menos 45 escuelas en Cisjordania (37 en el Área C y 8 en Jerusalén Este) en riesgo de demolición parcial o total.
Ambas comunidades beduinas, junto con otras 16, están ubicadas dentro o cerca de un área estratégica planificada para la expansión del asentamiento Ma’ale Adumim (el plan E1). Sin el consentimiento de los residentes —que es casi imposible de obtener en el presente entorno coercitivo— su reubicación puede equivaler a un traslado forzoso, una violación grave de la Cuarta Convención de Ginebra.
Contrariamente al Área C, las demoliciones en Jerusalén Este durante abril (3 estructuras) disminuyeron en un 83 por ciento en comparación con el promedio mensual en los primeros tres meses de 2018 (18) y no incluyeron ningún hogar habitado. Esta es la cifra más baja registrada en Jerusalén Este desde junio de 2017. Una de las estructuras seleccionadas fue un patio de recreo financiado por donantes que atendía a 80 niños en Kufr Aqab, una de las áreas municipales separadas por Barrier del resto de la ciudad; tales áreas han sido casi abandonadas por el municipio y adolecen de serias brechas en la provisión de servicios.
Hasta el momento en 2018, 15 estructuras donadas por más de 25.700 euros han sido demolidas o incautadas, lo que constituye alrededor del 20 por ciento de los demolidos/incautados en el período equivalente de 2017.
