El acuerdo de presupuestos cerrado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contempla un ambicioso paquete de medidas fiscales que pretenden recaudar más dinero por la vía de impuestos entre aquellos que más tienen, según el principio de igualdad y de redistribución de la riqueza que debe inspirar a todo Estado de Derecho. Desde la instauración de la democracia, ningún Gobierno se había atrevido a llegar tan lejos a la hora de gravar las rentas más altas. Hasta tal punto que podemos decir que estamos ante el borrador de presupuesto más auténticamente socialista de cuantos se han aprobado desde 1978. Así no extraña que las alarmas se hayan encendido en Bruselas, ni que el FMI ya haya advertido a los firmantes del documento de que sean “cuidadosos” con las reformas. Y eso que estamos hablando de España, el país que figura a la cola de los países de la Unión Europea en recaudación fiscal y hasta Italia, Grecia y Portugal, por poner ejemplos de países del entorno mediterráneo, están por delante.
Los expertos estiman que en España existe una bolsa de economía sumergida que ronda los 240.000 millones de euros anuales, es decir el 23 por ciento del Producto Interior Bruto. Se sospecha que el 70% de esa inmensa cantidad de dinero que no se declara proviene de la evasión, fuga de capitales y fraude fiscal. No hace falta caer en la demagogia fácil para comprender que si se llegara a recaudar tal volumen de capital evadido, España sería uno de los países más ricos de Europa y no tendríamos problemas para financiar servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, pilares fundamentales del maltrecho Estado de Bienestar.
Según el pacto de presupuestos firmado por PSOE y Podemos la pasada semana, las fortunas que superen los diez millones de euros tendrán que pagar un 1% en el impuesto de patrimonio. Esta «nueva fiscalidad» que tratan de implantar los socialistas (empujados por sus socios de Gobierno de la formación morada) supone, ni más ni menos, que cumplir un precepto básico recogido en el artículo 31 de la Constitución Española y que hasta ahora se solía pasar por alto: el de justicia tributaria. Según la Carta Magna, “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es decir, aquellos que más tienen más impuestos deben pagar, no solo por un principio de fiscalidad que se cumple en todas las democracias del mundo sino por puro sentido de la lógica.
Otro punto importante que han pactado ambos líderes políticos es la subida del IRPF a aquellos con rentas superiores a los 130.000 euros. Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que ganen más de esa cantidad y cuatro para la parte que exceda de 300.000 euros. Fue en ese punto donde chocaron en un primer momento de la negociación PSOE y Unidos Podemos. La formación de Iglesias quería que el límite mínimo se rebajara a 120.000 euros mientras que los socialistas no estaban dispuestos a exprimir todavía más el bolsillo de los que más tienen. Al final del tira y afloja el listón ha quedado situado en 130.000 euros, lo cual ha levantado ampollas entre la derecha de PP y Ciudadanos y sus terminales mediáticas. Desde los periódicos conservadores y también desde alguna que otra cadena de radio y televisión todavía más a la derecha se ha puesto el grito en el cielo con los pobres ricos. Cómo va a pasar ahora el mes toda esa gente que gana una fortuna, se lamentan. E invocan el argumento demagógico de la libertad individual, el derecho de cada cual a ganar más dinero, cuando el Estado socialdemócrata no pretende acabar con la economía de mercado sino corregir los excesos del capitalismo salvaje para que el 10 por ciento más rico de la población española ‒el que concentra más riqueza que todo el 90 por ciento restante‒, pague más impuestos. Además, un país en el que sus ciudadanos pagan más impuestos es un país mucho más avanzado, moderno y con mejores servicios públicos, algo que suelen olvidar los señores de la bancada popular y los liberales naranjas de nuevo cuño.
Que la permisividad fiscal con los que más tienen y el fraude genera desigualdad y pobreza y que cualquier Gobierno, sea de derechas o de izquierdas, debería luchar contra esa lacra sin descanso –por la propia supervivencia no ya del Estado de Bienestar, sino del Estado mismo– no lo dicen solo políticos “rojos” y economistas o intelectuales más o menos iluminados, sino los expertos en derecho tributario. Así, el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, elaborado por el sindicato de técnicos e inspectores de Hacienda Gestha, asegura: “Podríamos hacer referencia a un estudio del profesor F. Schneider en el que cuantifica que el importe estimado de la economía no declarada representaba entre los 203.550 millones de euros del año 2008 y los 206.143 millones de euros del año 2010 o los 201.310 millones de euros del año 2012. En todo caso, e independientemente del tamaño de la economía sumergida con respecto al PIB, se trata de cantidades de dinero muy considerables, especialmente en una situación de crisis económica como la actual donde los recortes que sufre la economía española son constantes. Estas cantidades ponen de manifiesto, otra vez, la necesidad de luchar de una manera eficaz contra la injusticia que representa para la sociedad la existencia de un persistente y elevado nivel de economía sumergida”. Un mensaje del que deberían tomar nota los líderes de nuestra rancia, inmovilista y carpetovetónica derecha española.
