Para el pueblo palestino, 70 años de Nakba (éxodo palestino forzoso por la ocupación ilegal de Israel) significan siete décadas de sometimiento por parte de Israel, caracterizadas por la ocupación, el apartheid y las políticas y prácticas coloniales. La Nakba atestigua la inacción crónica y el fracaso de la comunidad internacional para cumplir sus obligaciones y responsabilidades bajo el derecho internacional, la falta de rendición de cuentas y protección, y el apoyo continuo de un proceso de paz superficial e imparcial incapaz de lograr la paz o la justicia. Sin embargo, después de 70 años de Nakba, el pueblo palestino sigue resuelto a exigir sus derechos más fundamentales para el retorno y la autodeterminación.
A día de hoy, al menos 8,26 millones de los 12,7 millones de palestinos son desplazados forzosos en todo el mundo como resultado de las políticas israelíes de transferencia de población, anexión y colonización. Israel ha persistido en su negación de reparaciones, prohibe a los palestinos desplazados por la fuerza el derecho al regreso, la restitución, la indemnización y las garantías de no repetición, como se estipula en numerosas resoluciones de la ONU. El tercio restante de los palestinos no desplazados, repartidos en la Palestina Obligatoria, está sujeto a las políticas en curso de desplazamiento forzado por parte de Israel.
En los últimos años ha habido una creciente campaña dirigida por Israel y Estados Unidos para dar por terminada la Agencia de Ayuda y Obras para Refugiados Palestinos (UNRWA), el organismo internacional encargado de proporcionar asistencia humanitaria a los refugiados palestinos. Este no es el primer intento de Israel de deslegitimar al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), ni es la primera vez que una administración de los Estados Unidos ha retenido o amenazado con retener fondos para el OOPS como una forma de chantaje político. Sin embargo, el carácter voluntario de la financiación de este organismo ha hecho que la prestación de sus servicios dependa de la voluntad de los donantes y, por consiguiente, la ha hecho vulnerable a la presión y la injerencia política. De hecho, un análisis histórico de las demandas de Israel y la conducta de los Estados Unidos desde el comienzo del proceso de paz de Oslo revela una estrategia organizada y específica diseñada para erradicar los derechos fundamentales de los palestinos, tanto refugiados en el extranjero como desplazados internos. Esta estrategia está íntimamente relacionada con la desaparición del OOPS, que sirve como un recordatorio de la incapacidad de la comunidad internacional para encontrar una solución viable para la población desplazada más grande y más antigua del mundo. Esta situación ha provocado una severa crisis financiera en el OOPS que ha afectado significativamente la capacidad del Organismo para proporcionar los servicios más básicos a los refugiados palestinos.
El 6 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Jerusalén era la capital de Israel y se convirtió en el primer Estado en el mundo en reconocer la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel.
El consenso internacional durante las últimas siete décadas ha rechazado los reclamos de Israel a los derechos soberanos sobre la ciudad de Jerusalén y ha condenado las medidas israelíes que han intentado alterar el carácter de la ciudad como carente de validez legal, tal y como lo reafirman numerosas resoluciones de la ONU. Trump, rompió con este consenso internacional al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y al ordenar la reubicación de la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. La declaración de Trump no solo viola el derecho internacional, sino que también profundiza la anexión ilegal de Israel de Jerusalén Este y las empresas coloniales y de asentamientos ilegales dentro y alrededor de la ciudad. Además, la declaración significa un cambio en la política con respecto a los problemas de Estado final que afectan directamente el conflicto. Las políticas recientes de los Estados Unidos con respecto a los refugiados palestinos, el OOPS y Jerusalén muestran un claro sesgo a favor de Israel, lo que hace que los Estados Unidos no sean aptos para desempeñar un papel de mediación en los esfuerzos de paz.
Con la falta crónica de soluciones justas y duraderas, los palestinos organizaron marchas que exigían el derecho al retorno en los años noventa. La Marcha del Retorno ha sido organizada anualmente por palestinos en Israel desde 1998 y cada año tiene lugar en una aldea diferente despoblada por la fuerza durante la Nakba. La marcha se ha convertido en el mayor evento del año para los ciudadanos palestinos de Israel, con una creciente participación en todo el espectro político y geográfico, así como de la juventud palestina. Más recientemente, en la Franja de Gaza, la Gran Marcha del Retorno ha presenciado la protesta de miles de palestinos por la realización de sus derechos fundamentales y el final de los once años de cierre de la Franja de Gaza.
Israel ha respondido a estas protestas con una fuerza letal excesiva. Desde que la marcha comenzó el 30 de marzo de 2018, las fuerzas israelíes han matado a 40 palestinos en las protestas, incluidos cinco niños, dos periodistas y dos personas con discapacidad. Aproximadamente 4.000 personas también han resultado heridas, más de 2.000 con munición real. El homicidio intencionado y los daños a manifestantes desarmados representan una violación flagrante del derecho internacional, de los derechos humanos y constituyen una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra. También constituye un crimen según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estas prácticas violentas dan fe de la continua dominación y subyugación del pueblo palestino. Las marchas, el uso excesivo de la fuerza de Israel y los homicidios ilegítimos demuestran la urgente necesidad de garantizar la protección del pueblo palestino y hacer que Israel responda de acuerdo con el derecho internacional.
La falta de soluciones duraderas para los refugiados palestinos también es de gran importancia en el contexto de los conflictos destructivos dentro de los países árabes. Estos conflictos han provocado desplazamientos masivos secundarios de refugiados palestinos. Durante la guerra en Siria, de los 560.000 refugiados palestinos presentes en el país antes del comienzo de la guerra, 400.000 han sido desplazados.
Los derechos inalienables del pueblo palestino, principalmente a la autodeterminación y las reparaciones por desplazamiento forzado, no pueden garantizarse mediante los enfoques humanitarios y políticos actualmente desplegados por la comunidad internacional, que se basan en un inmenso desequilibrio de poder y carecen de fundamento en el ámbito internacional.
Cualquier solución justa y duradera a la Cuestión Palestina debe comenzar con la adopción de un enfoque basado en los derechos. De lo contrario, se mantendrá un statu quo en el que no existe protección internacional, y en el que los palestinos están condenados a un destino de dificultades agudas y desplazamiento adicional. La pasividad de la comunidad internacional no solo afecta a quienes ya han sido desplazados,
El Consejo de Organizaciones en defensa de los derechos humanos palestinos (PHROC) cree que una solución justa y duradera es imposible sin la adopción de una estrategia basada en la justicia, el derecho internacional y resoluciones internacionales relevantes, incluida la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 237 del Consejo de Seguridad de la ONU. Reafirma que la comunidad internacional debe:
- Tomar todas las medidas para garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;
- Procurar genuinamente asegurar la protección internacional, incluidas las soluciones duraderas, para los refugiados palestinos, principalmente sus derechos de retorno y autodeterminación;
- Garantizar la obtención de fondos regulares para el OOPS a fin de garantizar la prestación de asistencia humanitaria y protección a todos los palestinos desplazados por la fuerza.
