“Me besó en la mejilla y luego en los labios; quedé paralizado”. La vida de Miguel Ángel Hurtado, un psiquiatra español que vive en Londres, nunca fue lo mismo después de cumplir los 16 años, cuando un sacerdote sexagenario se acercó a él con intenciones espurias que nada tenían que ver con enseñarle las bondades del catolicismo. “Teníamos conversaciones sobre muchos temas, sobre la familia, sobre los amigos, hasta que empezó a introducir el tema sexual. Todo fue muy sutil. Primero me besó en la mejilla. Yo pensé que fue un beso de cariño, pero acabó besándome en la boca. No entendía nada de lo que estaba pasando”, asegura Hurtado en una entrevista para Diario16.
El papa Francisco ha advertido de que todo aquel religioso, hombre o mujer, que se vea implicado en un caso de abuso infantil, deberá dimitir de su ministerio con independencia de cuál sea su escalafón en la jerarquía eclesiástica, imponiendo por fin la doctrina de la tolerancia cero con este tipo de prácticas abominables. El sumo pontífice amplió su advertencia a cualquier superior que encubra o no actúe con la debida contundencia ante un caso de pedofilia llevado a cabo por un subordinado. Es evidente que el papa ha declarado la guerra a los acosadores sexuales que ocultan sus vicios tras el hábito, aunque aún queda mucho camino por recorrer y un sector de la jerarquía eclesiástica se resiste a abrir los archivos secretos del Vaticano, donde se almacenan miles de expedientes de abusos a menores.
No hay más que echar un vistazo a los periódicos para darse cuenta de que el problema para la Iglesia adquiere tintes de auténtica epidemia. Pese a la actitud decidida del Papa Francisco I de actuar contra los pederastas de sotana, la Conferencia Episcopal Española asegura que no dispone de datos sobre cuántos religiosos se han visto involucrados en este tipo de escándalos en los últimos diez o quince años en nuestro país. “Los datos están en cada diócesis y las diócesis dependen de Roma, no de la Conferencia Episcopal Española, que no es un organismo superior jerárquico. La Conferencia no es más que una oficina que está para servir en las necesidades de la Iglesia, está por debajo de las diócesis, no por encima”, asegura a Diario 16 José Gabriel Vera, portavoz de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal.
Pero recabar de cada diócesis cifras concretas no es tarea fácil y ningún medio de comunicación ha conseguido acceder, de momento, a ese material sensible. De manera que una vez más la burocracia y la complicidad de los demás poderes del Estado, que prefieren no toparse con la Iglesia, sirven a la jerarquía católica para ocultar una realidad que puede llegar a ser aterradora. Ni el Gobierno, ni las fuerzas de seguridad, ni el poder judicial suelen ser transparentes a la hora de aportar toda la información de que se dispone sobre casos de pederastia en el seno de la Iglesia española, como si los diferentes resortes del Estado trataran de proteger la imagen sagrada del catolicismo. De momento, el número de religiosos condenados judicialmente asciende a poco más de una docena, una cifra insignificante si se compara con los historiales que pueden estar ocultos en los despachos y archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano competente para investigar este tipo de sucesos. Pepe Rodríguez, periodista, escritor y autor de La vida sexual del clero (Ediciones B, 2005) asegura que la Iglesia española ha encubierto sistemáticamente, durante décadas, los numerosos escándalos de pedofilia. “Llevo desde el año 1993 documentando casos y ya he registrado más de cuatrocientos. He visto casos de curas que han dejado embarazadas a niñas y les han tapado la boca con una pensión, niños bolivianos abusados, he visto de todo. La Iglesia de este país es particularmente hipócrita y sinvergüenza”, asegura. La curia católica suele ampararse en el secreto de sumario que el Derecho Canónico impone a este tipo de procedimientos para no facilitar información. “Vale que no den los nombres y apellidos de los curas implicados en cada pueblo, pero una estadística al menos sí deberían ofrecer”, insiste Rodríguez. Otros estudios, como el llevado a cabo por la Universidad de Salamanca, sugieren que entre un 4 y un 9 por ciento de los casos de abusos a menores registrados en España son cometidos por religiosos, en su mayoría por curas contra niños varones.
Datos preocupantes que contrastan con la opinión de aquellos prelados de la curia española que suelen minusvalorar la importancia de estos escándalos, asegurando que la corrupción infantil ejercida por miembros del clero es mínima o residual. La actitud rotunda y decidida del papa Bergoglio de acabar con esta lacra de una vez por todas no parece que despierte gran entusiasmo en algunas altas esferas de la Iglesia católica. En la Conferencia Episcopal Española, sin ir más lejos, algunos mantienen una interpretación algo distinta a la postulada por el sumo pontífice. Mientras unos obispos reclaman más contundencia en la lucha contra la corrupción de menores, como monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, quien ha mostrado su «absoluta condena ante estos gravísimos crímenes», otros matizan y prefieren lavar los trapos sucios en casa, como Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, quien en algún momento ha llegado a afirmar que esta problemática no le preocupa «excesivamente», alegando que las denuncias forman parte de una campaña de ataques contra la Iglesia «para que no se hable de Dios». Por declaraciones como estas y otras contra los homosexuales y la igualdad entre hombres y mujeres el papa Francisco ha llamado a capítulo a Cañizares. “Francisco no ha endurecido la normativa contra estos actos, se ha limitado a aplicar las normas del Vaticano que ya existían con Benedicto XVI, que incluso mantenía reuniones con las víctimas. Eso sí, este papa ha dado más visibilidad al problema”, explica un portavoz autorizado de la Conferencia Episcopal.
En palabras de Francisco I, los instructores “no dan abasto” ante el elevado número de expedientes que llegan a diario a la oficina vaticana. Y es que limpiar la Iglesia católica de pederastas es un trabajo que podría llevar más de cincuenta años. A estas alturas resulta más que obvio que la pederastia en la Iglesia de Roma amenaza con socavar los mismos cimientos de esta institución dos veces milenaria. Los primeros casos se destaparon en la década de los años 90 del siglo pasado, en concreto en las Iglesias de Estados Unidos e Irlanda, sobre todo en seminarios, colegios e internados dirigidos por religiosos. Más tarde, desde que en el año 2001 periodistas del diario Boston Globe empezaron a investigar los abusos a menores en el estado norteamericano de Massachussets –un suceso que ha dado lugar a Spotlight, la excelente película premiada en la pasada ceremonia de los Oscar– el goteo de escándalos ha sido constante en todo el orbe católico. Y el terremoto, como no podía ser de otra manera, también ha alcanzado a la Iglesia española.
Solo en la última década, el Vaticano ha recibido más de 6.000 denuncias por casos de pederastia, una media de 600 por año. Más de 3.400 expedientes han sido instruidos e investigados por la Congregación para la Doctrina de la Fe entre 2004 y 2013 y al menos 800 religiosos han sido expulsados de la Iglesia. Pero, ¿cuál es la magnitud real del problema? ¿Cuántos asuntos no salen a la luz pública? Y sobre todo, ¿cuántos terminan no con un castigo ejemplar sino con una simple advertencia al sacerdote para que enmiende su conducta y vuelva al camino recto trazado por el Señor? En España, los últimos años han sido los peores y numerosos curas han tenido que enfrentarse a las acusaciones de pederastia. “Me desperté porque noté que me estaban tocando. Me hice la bolita hasta que se cansó, no sé cuánto duró. Pero al final se fue. Aquellos profesores tenían más de cien niños a su cargo, que sus padres enviaban sin darse cuenta a la boca del lobo”, relata otra víctima de abusos.
