El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha ratificado “el pleno apoyo del Ayuntamiento” a los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre con el objetivo compartido de mantener sus casas. Para ello, Gil y los vecinos mantuvieron ayer reunión de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente con la presencia de la Directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts.
El Alcalde, acompañado por el Presidente de los vecinos afectados por este asunto, Juan de Dios Martínez, ha afirmado que el objetivo de todas las partes, con el Ayuntamiento a la cabeza, es encontrar una solución real a los vecinos tras la confirmación judicial del deslinde realizado en 2005. “Aquí-según Gil- no se trata de otra cuestión que de ayudar a los vecinos, y el que busque otra cosa se equivoca. Ha de quedar claro que este problema lo generó una sentencia judicial, no una decisión política. De hecho lo que estamos haciendo ahora los políticos es buscar una solución para los vecinos que impida en cualquier caso el derribo de viviendas. Puedo anticipar en este sentido que desde el Ministerio se descarta cualquier tipo de medida al respecto, ya que entre todos hemos sido capaces de trasladarles la especial sensibilidad y singularidad que existe con el poblado de Puntas, algo que han acogido de forma constructiva”.
Fulgencio Gil ha señalado que ha sido la primera vez que se les recibía en el Ministerio, al margen de debates políticos “que no han otorgado fruto”. La solución más factible y positiva que se ha encontrado por parte de los técnicos que han trabajado este asunto es el establecimiento de un sistema de concesiones administrativas, que permita a los vecinos seguir disfrutando de sus viviendas sin ningún tipo de problema. “Estamos hablando de regularizar su situación, ofreciendo seguridad jurídica y certidumbre”.
El Primer Edil ha recalcado que en la reunión quedó claro que no es voluntad de este Gobierno ni de ninguna administración, realizar ningún tipo de actuación en estas viviendas. Esto depende de una decisión judicial, no política.
El Alcalde ha explicado que el principal problema legal que afecta a los vecinos es que el deslinde efectuado años atrás fue ratificado por los tribunales, a pesar de que el Ayuntamiento y los vecinos recurrieron. A día de hoy existe una línea de viviendas que ocupan el dominio público marítimo terrestre, ya que se encuentran sobre la propia playa. Esto constituye el mayor problema para los vecinos. La concesión administrativa permitiría a los vecinos que tienen sus viviendas en la ribera del mar conservar sus viviendas acogiéndose a este sistema, primero por 30 años y posteriormente con prórrogas sucesivas de 60 años. En el caso de las viviendas ubicadas fuera de la ribera del mar, el plazo se amplía con prórrogas de 75 años.
Fulgencio Gil ha anticipado que el Ayuntamiento ya está estudiando aplicar una bonificación del IBI a los vecinos para que el abono del canon no les suponga carga fiscal adicional.
El Alcalde ha asegurado que “no nos daremos por satisfechos” hasta que se materialice una solución definitiva. Los vecinos necesitan soluciones reales “y lo que están sobrando son postureos políticos que faltan a la verdad y no llegan a ningún sitio. Algunos se han acordado ahora de un problema en el que estamos trabajando desde hace años. Hemos de recordar que cuando otro partido comenzó a derribar construcciones en la costa murciana nosotros incoamos la declaración BIC del poblado y evitamos que echaran abajo las casas de Puntas de Calnegre. Esos que ahora predican y pregonan son los mismos que trajeron la pala de derribo a las puertas de Calnegre”.
Fulgencio Gil ha aclarado que “una hipotética inclusión en el anexo no es una solución, ya que no reúne las condiciones exigidas, y los que han propuesto esto lo saben perfectamente, por lo que están tratando de engañar a los vecinos. Solamente las viviendas ubicadas fuera de la ribera del mar podrían hacerlo, pero tendrían que recomprar sus casas. Es evidente que no es una solución. “Hemos de señalar que ninguno de los poblados acogidos al citado anexo presenta viviendas en la ribera del mar (en la playa), algo que sí ocurre en el caso de Puntas”.
Por su parte el PSOE, a través de su portavoz, Diego José Mateos, ha asegurado que la concesión administrativa por 30 años que Costas ha ofrecido a los vecinos de Puntas de Calnegre es una “patada al balón” que no soluciona el problema de fondo, que no es otra que la supervivencia del poblado.
Esta concesión demuestra, por tanto, que el voto del PP en contra del indulto de Puntas de Calnegre “no fue un error” de los diputados del Partido Popular, «sino el ejemplo de cuál es el compromiso que tiene este partido para con la supervivencia del poblado de Puntas».
Mateos advierte que esta concesión “no solo no soluciona la incertidumbre de los propietarios”, sino que “alarga la agonía y la asegura a las futuras generaciones, que dentro de 30 años se encontrarán con la misma espada de Damocles que sus antecesores”.
Mateos lamenta que el Gobierno de Rajoy, «con la complicidad y el visto bueno de Gil Jódar, se cierre en banda y se atasque en no indultar al poblado de Puntas de Calnegre, por no querer incluirlo en el listado de poblados excluidos del dominio marítimo terrestre, como sí hizo con otros 12 núcleos similares, entre ellos, la Ampuria Brava o en el que se encuentra Marina D’Or”.
Desde el PSOE aseguran que no se conforman con esta concesión, y seguirán, «cueste lo que cueste», junto a los vecinos del poblado de Puntas hasta conseguir la solución que estos “esperan y necesitan”.
Mateos insiste en que el fin de esta preocupación vecinal pasa “sí o sí” por conseguir que el poblado sea incluido, definitivamente, en el anexo de núcleos costeros que, a diferencia del de Puntas, sí fueron excluidos.
Para ello, recuerda que volverán a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para volver a solicitar el indulto de Puntas de Calnegre. Del mismo modo, mantienen su exigencia de que se inicie, a instancia del Ayuntamiento o de la CARM, “expediente de exclusión del dominio público marítimo terrestre” y su “desafectación posterior” del poblado de Puntas de Calnegre y que se ponga fin a esta situación.
Asegura que hay fundamentación jurídica suficiente que permitiría este “indulto” por lo que, advierte, “estamos a merced de la voluntad política del PP, que se resiste”.
