Ha sido en las jornadas celebradas en el Parador de Mojácar sobre “La necesidad y las perspectivas de reforma del urbanismo irregular en Andalucía”, donde Podemos Andalucía estuvo presente para defender la necesidad de mayores controles sobre las construcciones ilegales, proteger el medio ambiente de los masivos ataques del urbanismo ilegal o anteponer el bien común de la ciudadanía que sí cumple la legislación urbanística frente a los especuladores, la ciudadanía insolidaria o los ayuntamientos corruptos.
Dichas Jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Mojácar, el colegio de arquitectos y el colegio de abogados, contaron también con la participación de representantes de los afectados (Asociación AUAN) y del resto de fuerzas políticas. PP y PSOE se centraron en defender la regularización de viviendas a toda costa sin apenas mencionar la protección del medio ambiente ni las responsabilidades que sus propios partidos han tenido en la permisividad de la especulación feroz que ha llevado a estas familias a su situación actual: riesgo de demolición por comprar casas de buena fe pero que eran irregulares.
El representante del área de Medio ambiente de Podemos Andalucía que participó en las mismas, Gabriel Fernández, hizo hincapié en la injusticia que supone “que haya ciudadanos de a pié a los que se les estén derribando sus casas compradas a especuladores que se aprovecharon de una desregularización interesada y de la dejación de funciones de las administraciones públicas mientras se permite que la especulación continúe con ejemplos tan graves como la reciente amenaza al Arraijan (Málaga) donde se pretende permitir a un jeque destruir este paisaje virgen y con valores arqueológicos.”
Podemos Andalucía defiende que la regularización de éstas viviendas debe realizarse con garantías de que “no suponga una llamada al delito urbanístico y que es necesario retirar las competencias a aquellos municipios que fomentan la edificación indiscriminada. Desde las administraciones competentes no se están tomando las medidas adecuadas desde hace muchos años, tanto la autonómica como las locales, donde los sucesivos gobiernos han primado el negocio del ladrillo a costa de destruir nuestro medio ambiente y permitir la especulación urbanística que hace imposible para muchísimas familias andaluzas el acceso a una vivienda digna.”
