Podemos apuesta por la revalorización de las pensiones en relación a la subida del IPC, aumentar las cuantías en las pensiones no contributivas y suprimir el conocido factor de sostenibilidad “que empobrece más que sostiene”.
El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha subrayado que la Región de Murcia cuenta con la pensión más baja del país, con una la media de 939,31 euros, quince puntos por debajo de la media española, y la de viudedad es de 594,68 euros.
Pedreño ha indicado que “el gran problema, son los bajos salarios unidos a la precariedad y a la pérdida de derechos”. Así ha indicado que “con los salarios más bajos de España y una tasa de temporalidad y precariedad del empleo instalada por encima del 35%, la Región condena a sus pensionistas a la pobreza porque sin salarios dignos no habrá pensiones dignas”.
En este sentido, el diputado regional de Podemos, ha manifestado que “con los 2.000 millones dedicados a las bonificaciones para fondos privados de pensiones o con los 2.000 millones dedicados al rescate de autopistas ruinosas se financiaba una subida de las pensiones en función del IPC” y ha recordado que el problema es el de siempre: “la ausencia de voluntad para velar por igualdad social, y sí la búsqueda de beneficiar a los más poderosos”.
Por su parte, desde la Secretaría de Derechos Sociales y de la Ciudadanía, María Marín, ha indicado que según el reciente informe hecho público hoy por Gestha, en la Región “más de 100.000 pensionistas de Murcia cobra por debajo del umbral de la pobreza” este informe, ha señalado, nos dice que “el 38,8% del total de nuestros mayores en la Región cobran por todas sus pensiones menos de los 8.200 euros anuales” a lo que ha añadido la pregunta de: “¿Cómo puede el Partido Popular en mirar a otro lado, y hablarnos de crecimiento, cuando tenemos a los mayores rozando el umbral de la pobreza, los cuales en muchas ocasiones sustentan a sus familias?”.
Así, María Marín ha manifestado que “la revalorización de las pensiones no es un privilegio, es el cumplimiento de un mandato constitucional que debe cumplirse por dignidad y por derecho”.
