Como los marxistas de antaño, en Podemos han entendido que a la teoría (que en esta época se puede asemejar a las propuestas de partido) había que unir la praxis. Por ello, no sólo defienden las pensiones públicas y una mayor subida de las mismas, sino que han decidido inscribir una Proposición de Ley de Revalorización de las Pensiones (ver aquí) para derogar el factor de sostenibilidad como índice de aumento de las cuantías. Esto es, han decidido impulsar una ley que acabe con austericidio que está llevando adelante el Gobierno de M. Rajoy, con la excusa de las imposiciones de la Troika.
Pablo Iglesias y los diputados y diputadas de Podemos, Yolanda Díaz, Alberto Rodríguez, Alberto Montero y Meri Pita fueron la imagen del registro de la propuesta de Ley. Rodríguez, que es portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, ha manifestado que esta Proposición de Ley «responde a dos objetivos centrales: la supresión del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, que impiden en la práctica mantener el poder adquisitivo de nuestras y nuestros más de nueve millones de pensionistas». Dos puntos críticos que se introdujeron con las reformas del sistema de pensiones de PSOE, en 2011, y PP en 2013.
Como han explicado en rueda de prensa, desde Podemos se pretende lograr con esta iniciativa parlamentaria que las pensiones se vuelvan a indexar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que aumente su cuantía en función del coste de la vida. Además, la iniciativa legislativa introduciría la compensación de la pérdida de poder adquisitivo con carácter retroactivo a los pensionistas: “El dinero que se debe, esa pérdida del poder adquisitivo acumulada por nuestras y nuestros mayores, tanto del año de 2016 como de 2017, tendría que devolverse”, explica Rodríguez.
El debate hoy sobre el sistema público de pensiones tiene que ver con elegir entre dos cuestiones: la incertidumbre o la certeza. Entre la pretensión del establishment, a través de sus dos partidos, azul y naranja, de acabar con las pensiones públicas para negocio del poder financiero, o la pretensión de la izquierda de mantener el sistema. “Nosotras venimos con esta Proposición de Ley a generar certezas. Esta iniciativa es el freno a la incertidumbre que están generando los partidos en España desde hace años”, afirma Yolanda Díaz, diputada de En Marea.
Esta proposición, además, ayudará a que PSOE y Ciudadanos desvelen sus propias cartas. No sólo hay que ir por las ciudades de España explicando los pormenores de futuros impuestos a la banca para financiar alguna carencia momentánea, sino que hay que ver si de verdad se apuesta por el sistema público de pensiones. Eso en lo que respecta al PSOE. Pero han sido más irónicos respecto a Ciudadanos: “Los constitucionalistas tienen hoy la obligación de votar a favor de esta Ley, porque lo dice la Constitución Española. Queremos saber cuánto de constitucionalista tiene el señor Rivera, y cuán de progresista tiene el Señor Pedro Sánchez”. Ciudadanos que tanto se llena la boca hablando de la constitución en clave identitaria y para poner pegas a cualquier reforma, ahora deberá desligarse de los mandatos del establishment de acabar con la pensiones públicas y volverlas privadas. No como apoyo, sino como fundamento
