El concepto de familia ha abandonado las pautas estructurales clásicas y conservadoras, de hecho, lo correcto sería hablar de diversidad de familias. Y dentro de esa diversidad se encuentran las familias monoparentales, aquellas donde sólo existe una persona responsable de la misma, así sean mujer u hombre, y que se construye por propia decisión o por circunstancias sobrevenidas. Este tipo de familias, según muestran diversas estadísticas oficiales, se han visto más perjudicadas en muchos casos por el austericidio de la Troika y el gobierno conservador de M. Rajoy. Y no son una excepción a la “regla”, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana han pasado en dos años de 1.515 a 6.876 familias según reconocía hace pocas fechas Alberto Ibáñez, secretario autonómico.
En el caso de la Comunidad de Madrid, Podemos ha decidido presentar un proyecto de Ley de familias monoparentales, una situación que sólo existe en la Comunitat Valenciana (Decreto 179/2013 de 22 de noviembre) y en Cataluña (mediante la ley de apoyo). De esta forma, se pretende desde la formación morada establecer un marco jurídico de este tipo de familias que, legislativamente hablando, permanecen en una especie de limbo jurídico. Lo explica con claridad la diputada Clara Serra: “El reconocimiento legal de las familias con hijos o hijas y encabezadas por un padre o una madre y su definición precisa es fundamental para que puedan acogerse a ayudas y programas de ámbito autonómico o local que pueden tener que ver con el acceso prioritario o el descuento para escuelas infantiles, campamentos de verano o, como ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Madrid abonos para polideportivos municipales”.
Serra denuncia la ausencia de una legislación que reconozca legalmente a las familias monoparentales, porque a su juicio perpetua una discriminación en comparación con el apoyo que existe en el caso de las numerosas a pesar de contar con dos progenitores o posibles sustentadores, o en comparación de las de dos hijos encabezadas por un tutor viudo. Estas últimas son equiparadas a las familias numerosas en el acceso a ayudas. En este sentido, como ya publicamos, el Consell del Botánico estaba estudiando ampliar la propia ley valenciana para incluir una cláusula social especial de contratación de las personas responsables de este tipo de familias.
Para Podemos, como se anticipó al comienzo, esta ley no sólo supone un reconocimiento de justicia social, sino que además se trabaja contra una estructura ideológica que penaliza a las mujeres que desean ser madres solas. Y esta penalización no sólo es social, sino que también lo es en el sentido laboral o de relación de la ciudadana (o ciudadano) con la Administración del Estado. Se considera a este tipo de mujeres, porque mayoritariamente son mujeres, como “mercancías” menos aprovechables para la explotación laboral, como “mercancías de segunda mano” con menor valor de mercado. Por ello, la existencia de una legislación regulatoria es necesidad social.
Para llevar a cabo esta propuesta de ley, Podemos se ha basado en las demandas presentadas por las asociaciones de familias monoparentales, y diferencia entre familias monoparentales y aquellas en situación de monoparentalidad. Este último supuesto, afirman en la formación morada, incluye el reconocimiento de derechos para víctimas de violencia machista, para familias en situaciones de pobreza o con uno de los progenitores con alto grado de dependencia, con privatización de libertad o en hospitalización. Una situación que otros gobiernos de izquierdas también están valorando y trabajando a nivel regional e, incluso, municipal.
“Para hacer políticas de natalidad eficaces hay que defender la posibilidad de que quien quiera pueda formar una familia sin que ello implique una carrera de obstáculos que sufren principalmente las madres. Defender la maternidad elegida pasa por revertir la desprotección a la que se enfrentan las familias monoparentales, encabezadas en un 80% de los casos por mujeres y que llegan casi dos millones en España y 273.000 en Madrid, un 11% de los hogares totales”, apunta Clara Serra. El jueves será la votación en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Y, de nuevo, se podrá ver si realmente se apuesta por las personas, o priman los intereses partidistas.
