El bipartidismo nacido de la Transición por el cual había una alternancia en el poder entre el centro derecha y el centro izquierda provocó un alejamiento absoluto entre el poder político y la ciudadanía. Las soluciones que planteaba la socialdemocracia cada vez se acercaban más a cubrir las necesidades de las élites que a las de la ciudadanía.
Mientras la situación económica permitió que los trabajadores tuvieran salarios dignos, ese alejamiento de la socialdemocracia se traducía en un desapego hacia la clase política que se resumía en la frase «son todos iguales». Sin embargo, la crudeza de la última crisis global generó que se despertara un descontento que iba más allá del quejarse en la barra de un bar. El pueblo comenzó a ver cómo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era incapaz de aplicar medidas que paliaran los efectos de la crisis. El paro seguía subiendo, los salarios comenzaron a bajar y lo que se encontró la gente fue una gestión nefasta por parte de la ministra de Economía Elena Salgado y el entreguismo a las exigencias de Europa con la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución que cedía la soberanía económica y priorizaba el pago de la deuda a las políticas sociales.
Por primera vez en siglos, el pueblo llenó las calles y las plazas. Nació el 15M y, tres años después, del espíritu de ese movimiento, irrumpió Podemos en la arena política con la pretensión de llevar el activismo social y las reivindicaciones del 15M a las instituciones. La reacción por parte de ciertos poderes del Estado fue virulenta. Los partidos conservadores comenzaron a llamarles populistas, perroflautas, anarquistas, chavistas, etc. El problema vino cuando esos ataques también procedieron del Partido Socialista que desaprovechó una oportunidad histórica de renovarse y de recuperar las esencias ideológicas que había ido perdiendo con el paso del tiempo. Por otro lado, las élites económicas vieron cómo el apoyo que se estaba ganando Podemos hacía peligrar sus beneficios. Por eso lanzaron una campaña para generar miedo en la ciudadanía a través del cuarto poder inédita en nuestra democracia. Se leyeron y escucharon mensajes del tipo «Podemos hace peligrar las pensiones», «Podemos va a sovietizar los salarios», «Podemos quiere transformar España en la Venezuela de Chávez», y un largo etcétera. Por tanto, buscar políticas que benefician al pueblo son contrarias a los intereses de esas élites y, por lo tanto, había que frenarlas del modo que fuera, aunque fuera a través de la difamación propagandística.
En contraposición con esa reacción virulenta, sorprende cómo los mismos poderes del Estado (político, económico, financiero, empresarial o mediático) están siendo cómplices con el ascenso de la extrema derecha a través del blanqueamiento ideológico de Vox. Se ha llegado a hablar de que el partido de Santiago Abascal es de centro derecha, de que sería un buen aliado para PP o Ciudadanos o de que sus propuestas son regeneracionistas de la democracia. En ningún caso, se han escuchado advertencias por parte del poder financiero, económico o empresarial. Por tanto, se podría decir que son el verdadero apoyo de Vox desde el punto de vista de la opinión pública, en espera de los informes de financiación del Tribunal de Cuentas, porque no es muy lógico el poderío de la campaña electoral que han realizado en Andalucía cuando hace menos de dos años eran un partido ahogado económicamente.
Por otro lado, supone un peligro para nuestra democracia ver cómo una parte importante del poder político, representado por los partidos conservadores (PP y Ciudadanos), da a Vox la categoría de formación democrática cuando, en realidad, lo que pretenden es hacer lo mismo que hizo Hitler en Alemania: tomar el poder a través de la entrada en las instituciones. Hubo un momento en que sorprendía escuchar a Pablo Casado hablar de Vox durante la campaña de las primarias del Partido Popular o la presencia de políticos del PP en las manifestaciones organizadas por la formación ultrafascista, homófoba, racista, machista y xenófoba de Abascal. Lo mismo podemos decir de Ciudadanos y la imposibilidad de Albert Rivera de calificar de extrema derecha a Vox. Ahora ya no sorprende.
Mientras que a Podemos, con unas propuestas iniciales orientadas a dar soluciones a las necesidades del pueblo, se le criminalizó desde distintos poderes del Estado, a Vox se le está recibiendo con los brazos abiertos blanqueando su ideología fascista. Por tanto, ¿a esos poderes les interesa el crecimiento de la extrema derecha? Evidentemente, están demostrando que sí y, por tanto, se están convirtiendo en cómplices de dicho ascenso.
