El informe Poland: On the streets to defend human rights documenta cómo las autoridades polacas están empleando técnicas como la vigilancia, el hostigamiento y el enjuiciamiento para dispersar e impedir protestas masivas. Desde 2016, miles de personas han salido a las calles para protestar pacíficamente contra legislación represiva —que en algunos casos viola los derechos de las mujeres— y proyectos de ley que suponen una amenaza para el Estado de derecho.
La investigadora sobre Polonia de Amnistía Internacional, Barbora Černušáková, fue muy contundente al afirmar que «la resistencia popular sigue en aumento mientras el gobierno de Polonia continúa reforzando su control del poder judicial, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para impedir las protestas. La policía vigila, hostiga e incluso enjuicia a quienes protestan, simplemente por alzar la voz. Tanto la ONU como la Unión Europea reconocieron rápidamente que el veto por parte del presidente a una legislación que habría eliminado la independencia del poder judicial se debió en gran medida a las protestas masivas. Ahora, las personas que participaron en esas protestas necesitan el apoyo de la comunidad internacional para una lucha que continúa».
En julio de 2017, miles de personas se manifestaron en más de 50 ciudades polacas contra las propuestas del gobierno que hacían peligrar la independencia del poder judicial. El gobierno respondió sometiendo a quienes se manifestaban pacíficamente a diversas medidas policiales que obstaculizaban sus actividades y violaban su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
La considerable presencia policial derivó en la colocación de vallas metálicas para mantener a los manifestantes lejos de los edificios parlamentarios. Cientos de policías patrullaban a diario la zona y empleaban diversas técnicas para impedir físicamente las protestas: rodear o contener de otra manera a grupos de personas (una práctica que se conoce como “encapsulamiento”), acordonar calles y amenazar e intimidar verbal y físicamente a quienes protestaban.
En la noche del 18 de julio, una mujer llamada Klementyna tomaba fotografías de los manifestantes en una de las calles de salida y, según su testimonio, la policía la agredió: «Yo estaba ahí, de pie, y un policía me agarró sin previo aviso y me empujó contra un semáforo. Me golpeó en la cara. No me estaba resistiendo… Después de eso, llegaron al lugar más policías, bloquearon totalmente la calle y me mantuvieron cercada ahí». La policía dijo posteriormente a los medios de comunicación que Klementyna no tenía ninguna prueba que respaldara sus acusaciones de abuso policial.
Más allá de las tácticas policiales de mano dura, hay nuevas leyes que imponen aún restricciones indebidas del derecho de reunión pacífica. En diciembre de 2016, el Parlamento polaco adoptó la restrictiva Ley sobre Reuniones, que prioriza las “manifestaciones cíclicas”, es decir, las que organizan las mismas personas en un mismo lugar varias veces al año. A lo largo de 2017, el gobierno ha otorgado esa prioridad a un encuentro progubernamental mensual (que conmemora el accidente de avión de 2010 en Smolensk, en el que perdieron la vida el entonces presidente de Polonia, Lech Kaczyński, y 95 personas más), a costa de otras solicitudes de celebración de reuniones pacíficas y en violación directa del derecho internacional de los derechos humanos.
Pese a la prohibición de protestas alternativas, manifestantes pacíficos han seguido convocando contramanifestaciones mensuales a lo largo de 2017. Decenas de manifestantes han sido objeto de enjuiciamiento por faltas como «interferir con una reunión legal» o por delitos como «interferir maliciosamente con un acto religioso», dado que los encuentros progubernamentales mensuales se han catalogado como procesiones religiosas.
Quienes participan en protestas en Polonia afrontan otros obstáculos importantes para lograr que se vean y escuchen sus objeciones a leyes restrictivas. Además de restringir físicamente protestas pacíficas, las autoridades también han sometido a los manifestantes a una observación y a una vigilancia intensas, que han incluido el seguimiento a esas personas y visitarlas en sus hogares. A muchas de ellas se las ha acusado formalmente y están siendo procesadas.
“El gobierno polaco está tratando de amedrentar a quienes quieren protestar pacíficamente. La perspectiva de que se criminalice a manifestantes pacíficos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica pinta un oscuro retrato de la Polonia actual. Estos cargos malintencionados y vengativos reflejan la reducción del espacio disponible para la sociedad civil y deben retirarse inmediatamente”, afirmó Černušáková.
