El Partido Popular ha propuesto al PSOE como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —máximo órgano de la Justicia española— a Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tiene que juzgar la causa del Procés. También ha propuesto a Gema Espinosa Conde, esposa del magistrado instructor de la causa catalana, Pablo Llarena, como candidata a una de las vocalías del órgano de representación de los jueces.
Sin embargo, el asunto de «la hija de Marchena» colocaría a Pablo Llarena y al propio Manuel Marchena en una posición jurídica muy comprometida si fuera elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial la esposa del primero, Gema Espinosa Conde.
El pasado mes de julio la Comisión de Selección —cuya directora es la mujer de Pablo Llarena— tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a Sofía Marchena, la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno.
Al tomar la decisión ilegal de crear una plaza de fiscales que no estaba prevista en la convocatoria de las oposiciones, la mujer de Pablo Llanera podría haber cometido además un delito de nombramiento ilegal de funcionario público del artículo 405 del Código Penal.
