Tras el archivo de la pieza separada que investigaba a la antigua cúpula de Cajamadrid respecto a las preferentes por parte del juez Fernando Andreu, la lentitud de la instrucción del Caso Banco Popular y las decisiones adoptadas hasta ahora podrían indicar que se está demorando en exceso presuntamente para justificar el archivo de demandas, querellas, denuncias y recursos en el escenario de tierra quemada que dejará el Santander una vez que elimine la personalidad jurídica del Popular
Cada vez que el Banco de Santander se ha enfrentado a la Justicia de este país por asuntos graves o con posibilidad de condenas penales siempre ha salido victorioso, casi nunca se le ha condenado. Cuando los jueces se vieron obligados a dictar sentencia contraria a los intereses de la entidad cántabra porque las pruebas de los delitos cometidos hacían insostenible la absolución o el archivo, ya había gobiernos que se encargaban de dictar indultos o magistrados que creaban doctrinas jurídicas a la carta.
La cada vez menos presunta impunidad con la que actúa el Santander en España es la única razón por la que pudo atreverse a iniciar la operación del Caso Banco Popular o a actuar como lo hace en empresas como Abengoa o Duro Felguera. El Santander sabía perfectamente que la Justicia española no se iba a atrever a investigar en profundidad las presuntas vulneraciones de la ley que se produjeron y que tuvieron como consecuencia la ruina de más de 305.000 familias. Por esta razón el banco presidido por Ana Patricia Botín está muy preocupado por las demandas interpuestas en los tribunales estadounidenses dado que en tierras norteamericanas no tienen la patente de corso de la que dispone en España.
El instructor de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ya solicitaron la ampliación del periodo de la instrucción por tratarse de una causa compleja porque ante la lluvia de demandas, querellas, denuncias y recursos interpuestos por los afectados hubiera sido un escándalo su archivo. Sin embargo, Fernando Andreu ya había desestimado los recursos contencioso-administrativos en espera de que la Justicia europea se pronunciara.
En la manifestación de los afectados del Popular que se celebró el pasado viernes ante el Banco de España muchos de ellos preguntaban a los compañeros de Diario16 —único medio que estuvo presente— sobre la actuación de la Justicia y su lentitud. Las víctimas del presunto enriquecimiento ilícito del Santander estaban sorprendidas por cómo se actuaba tan rápidamente en otros asuntos de actualidad y aún no se hubiera siquiera llamado a declarar a alguno de los presuntos culpables de la operación que les arruinó. «Con todos los documentos que habéis publicado, ¿por qué este juez aún no ha hecho nada?», decían los afectados a los profesionales de Diario16.
Tienen razón en su incredulidad. El principal objetivo de la Justicia en un Estado democrático es la defensa del pueblo ante los abusos de los distintos poderes. Sin embargo, la lentitud de la instrucción de Andreu y la toma de decisiones que siempre ha ido en favor de los intereses del Santander o de los que participaron en la operación. ¿Por qué Andreu aún no ha autorizado la prueba pericial sobre la firma de Emilio Saracho que en Diario16 le hemos dicho, no sólo que no se correspondía la original sino, incluso, quién fue la persona que signó la carta con la que se inició el proceso de intervención el día 6 de junio? ¿Por qué el juez aún no ha aplicado ninguna medida cautelar o ha impuesto una fianza al Santander, tal y como le han solicitado distintos despachos de abogados? ¿Por qué el señor Andreu aún no ha paralizado la operación cuando las evidencias de que se han cometido presuntos delitos son tan clara; cuando los propios documentos del FROB o del Banco de España demuestran que la intervención se hizo fuera de plazo; cuando las distintas comunicaciones recibidas en el Popular en los días previos hubiesen permitido evitar la crisis de liquidez; cuando sabe perfectamente, porque los papeles así lo demuestran, que el proceso de intervención se inició el día 3 de junio?
La pasividad del juez está provocando, precisamente, lo que buscaba el Santander: generar una situación de hechos consumados que evitaran que la Justicia pudiera actuar con libertad e independencia. Los últimos movimientos del banco presidido por Ana Patricia Botín demuestran que Andreu se equivocó al no imponer medidas cautelares cuando se interpusieron los primeros recursos con el argumento de que no existía urgencia porque, mientras la instrucción va al ritmo que va, el Santander ya se ha aprovechado del Popular para ajustar sus cuentas y tapar los agujeros de decenas de miles de millones de euros que las propias cuentas del banco cántabro demuestran.
Señor Andreu, si necesita que se le explique la situación o cómo se diseñó e implementó la operación que ha arruinado a más de 305.000 familias, no tiene más que llamar a declarar a los profesionales de Diario16 que llevamos más de un año investigando, del mismo modo que sus compañeros han tardado menos de un mes en llamar a los del medio que publicó el Caso Máster de Cristina Cifuentes.
Una presunta estafa a más de 305.000 seres humanos no puede quedar impune como el archivo de la causa contra los principales responsables de Cajamadrid en referencia a las preferentes. Tiene que actuar ya porque nadie se merece el sufrimiento que el rescate del Santander está provocando. No hacerlo sería el tiro de gracia para la Justicia española.
