La Plataforma Pro Soterramiento de Murcia ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviario (ADIF) , Juan Bravo; los miembros del Consejo de Administración de esta misma entidad pública; el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Viviendas, Julio Gómez-Pomar; la empresa Aldesa (adjudicataria de las obras que ADIF está haciendo en Murcia); y la sociedad Murcia Alta Velocidad.
En la denuncia la Plataforma solicita la paralización cautelar de las obras de llegada de la Alta Velocidad a Murcia al considerar que éstas pueden ser constitutivas de delito por la modificación del proyecto que se hizo el pasado año 2017 y con el que se adjudicó a la misma empresa Aldesa los «trabajos complementarios», considerando la Plataforma que éstos debieron redactarse y contratarse como un nuevo proyecto, ya que era una «modificación radical del proyecto de 2015».
Además de pedir la suspensión de las obras que se vienen ejecutando por Aldesa, los vecinos también piden en la nueva denuncia la intervención judicial de las mercantiles Aldesa Construcciones S.A. y Murcia Alta Velocidad S.A.
