El propósito de Emilio Saracho, desde antes de tomar posesión oficial de la presidencia del Popular, era vender barato el Banco o hacer una ampliación a bajo precio «para cobrar su dinero» en el primer semestre de 2017.
Hizo lo que dijo que iba a hacer y el resultado final fue fruto de su temeridad en la gestión de la comunicación con el propósito de malvender el Banco rápidamente. A la vista de su comunicación artera con las autoridades los días 4 y 5 de junio se ve que trató de evitar escenarios alternativos al de una venta por un euro al Santander. La reacción de las autoridades se entiende sólo pensando que obraron presas de la urgencia y del miedo al colapso de una entidad sistémica.
A ello hay que añadir las amenazas de Saracho al ministro Luis De Guindos, exigiéndole liquidez o, en otro caso, estrellaría el Banco, lo que sería un problema para el país, no para él.
Quedan, aun así, muchas dudas. Todas tienen como elemento común al Banco Santander, que un mes antes había aprobado la compra del Popular en un proceso de resolución -del que no había antecedentes-, cuyos abogados de cabecera, Uría y Menéndez, asesoraron a Saracho en todo el proceso, únicos beneficiarios de la compra por un euro, y que les ayudó a mitigar su problema con las divisas en 2017, como se deduce de sus propias cuentas anuales. Además, en privado, De Guindos reconoció que días antes de la resolución había pactado con Ana Botín la venta del Popular.
Es muy posible que Santander hubiese aconsejado a Saracho que Uría -donde trabaja como socio un hijo de Rodrigo Echenique y la mujer de un hermano de Ana Botín– les asesorase. El conflicto de intereses es palmario y fueron contratados cuando todavía Saracho no estaba en el cargo, básicamente para revisar las retribuciones de la alta dirección -varias veces revisadas por otros despachos externos-, cuarta línea de defensa –cómo vamos a salir libres de lo que vamos a hacer– y Proyecto Noya -venta del Popular.
Los pasos fueron claros y respondían al plan de Saracho:
- Tratar de enfangar a sus antecesores, cuestionando sus retribuciones y sus cuentas -aunque sin reformularlas porque no había lugar y porque la revisión está llena de contradicciones y falta de rigor-, consiguiendo parcialmente sus objetivos, porque el auditor dice que la revisión no es significativa y porque las retribuciones habían sido revisadas por los despachos Garrigues y Sagardoy.
- A continuación, se sigue de forma pautada una estrategia de comunicación suicida, bajo una pauta que parece dieron a Saracho: «tú siempre di la verdad». Sin embargo, parece que no contaron con la elocuencia diarreica de Saracho que nunca se sabía cuándo decía la verdad: si en los Consejos cuando afirmaba solvencia y liquidez en mayo, o cuando incorporaba nuevos consejeros (en mayo también) o cuando hacía declaraciones explosivas en la Junta u off the records ante periodistas de El País, ABC, Expansión y Cinco Días.
