El PSOE ha pedido cuentas al Gobierno después de que la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), dependiente del Ministerio de Fomento, haya otorgado un contrato a una empresa de cuyo consejo es secretario el exdiputado del PP por Murcia Andrés Ayala, actualmente consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y responsable de la oficina anticorrupción del PP.
En concreto, según informó eldiario.es, la adjudicataria es Mercado del Puerto de Cartagena S.L., de la que Ayala es secretario del consejo de administración, según el Registro Mercantil. También está asociada con la forma de una ‘joint venture’ a la empresa RyA Residencias, relacionada desde hace años con el consejero de Adif.
El diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia ha registrado una batería de preguntas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, interrogando al Gobierno por los motivos por los que el departamento que dirige Íñigo de la Serna ha dado una concesión a una empresa ligada a Ayala y por las condiciones de ese contrato. Además, quiere saber cuál es el canon anual que deberá pagar esa empresa. “¿Considera el Gobierno ético que una empresa de cuyo consejo es secretario Andrés Ayala, presidente de la oficina anticorrupción del PP, se adjudique una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Cartagena hasta 2030?”, reza otra de las preguntas de Heredia.
Otros casos polémicos
Ayala, que fue portavoz de Fomento del PP durante 13 años y hasta mayo de 2016, compagina la presidencia de la oficina anticorrupción del PP con su sillón como consejero de Adif, cargo que ocupa desde febrero de 2017, pese a que el ente no hizo público ese nombramiento hasta el pasado mes de diciembre.
Precisamente por este asunto se interesaron entonces tanto el PSOE como Ciudadanos, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy admitiera que Adif vulneró la Ley de Transparencia al ocultar durante casi un año esa designación, una omisión que fue subsanada tras trascender el nombramiento de Ayala pero que no se libró de las críticas de la oposición. Así, los socialistas se preguntaron cómo casan este tipo de actitudes con los compromisos de transparencia que deben cumplir los poderes públicos.
