La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Fernández Sánchez ha reclamado al Gobierno de López Miras que de forma inmediata proceda a la caducidad de la concesión administrativa para las obras de construcción de un puerto deportivo en El Estacio, de la Manga del Mar Menor, otorgada a la empresa Puerto Mayor, S.A. Esta petición la realiza al conocerse el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia tras la sesión de este órgano del pasado 27 de junio.
Fernández Sánchez recordó que en el año 2004, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ya instó al Gobierno regional del PP a que procediera a la nulidad de dicha concesión, así como de las resoluciones aprobadas por la Dirección General de Calidad Ambiental, por considerar que se decretaron de forma anómala e irregular, pero hicieron caso omiso. En el dictamen del Consejo Jurídico se asegura que en sus inicios se carecía del proyecto, de la evaluación ambiental y, posteriormente, de tener la declaración ambiental desfavorable.
La parlamentaria socialista destacó que “han pasado 8 años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia emitiera la sentencia en la que se anulaban dos resoluciones: la del año 1988, en la que se ampliaba el plazo para la ejecución de las obras; y la de 2003, aún pendiente de anulación, que daba luz verde a la continuación de las obras.
Yolanda Fernández indicó que una vez que se cumpla esta resolución, “el Partido Popular no tendrá más excusas para no proceder inmediatamente a la anulación de la concesión a la empresa Puerto Mayor, S.A., para que por fin, las obras realizadas puedan ser eliminadas y el espacio marítimo liberado”.
La diputada socialista añadió que son distintas las denuncias e iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista durante varias legislaturas, interesándose y exigiendo el cumplimiento de cuantas sentencias y resoluciones afectan a Puerto Mayor. La última fue una interpelación al consejero de Fomento, presentada el pasado mes de junio, para pedirle explicaciones sobre el incumplimiento de una moción presentada por el PSOE y aprobada en febrero de 2016, en la que se exigía la declaración de caducidad de la concesión a Puerto Mayor, S.A., así como la reposición de la zona a la situación inicial de diciembre de 1988.
